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Javier
Puyol,
socio
de
la
firma
española
Ecix
Group
y
exdirector
de
la
asesoría
jurídica
del
BBVA
durante
16
años,
ha
sido
elegido
por
la
Comisión
Europea
y el
gobierno
hondureño
para
liderar
un
grupo
de
expertos
internacionales
que
desarrollen
la
Ley
de
Protección
de
Datos
de
Honduras,
que
se
prevé
que
vea
la
luz
a
finales
de
enero.
El
gran
movimiento
de
los
despachos
de
abogados
españoles
hacía
Latinoamérica
empezó
con
la
decisión
de
Garrigues
de
abandonar
la
alianza
Affinitas
y
abrir
oficinas
propias
en
Colombia,
Perú
y
México.
Por
otra
parte,
firmas
jurídicas
españolas
como
Cuatrecasas
o
Uría
Menéndez
han
centrado
su
presencia
en
esta
región
a
través
de
alianzas
y
oficinas
asociadas
con
bufetes
locales.
Desde
Ecix
Group,
Puyol
se
ha
propuesto
como
objetivo
crear
una
ley
en
Honduras
que
no
instaure
un
regulador
represivo,
sino
que
impulse
el
empleo
y el
desarrollo,
incluido
el
tecnológico.
Así,
la
nueva
normativa
de
protección
de
datos
será
la
más
avanzada
del
mundo,
bebiendo
de
las
legislaciones
europeas,
norteamericanas
e
iberoamericanas
y
contará
con
elementos
muy
innovadores
con
respecto,
por
ejemplo,
a la
regulación
española.
“La
normativa
española
en
materia
de
protección
de
datos
es
una
ley
de
garantías
que
busca
esencialmente
garantizar
un
derecho
fundamental”,
señala
Javier
Puyol.
“Sin
embargo,
el
proceso
legislativo
que
estamos
dirigiendo
en
Honduras
supone
un
auténtico
cambio
de
mentalidad”.
La
Ley
de
Protección
de
Datos
Personas
y
Acción
de
Habeas
Data
de
Honduras,
a
diferencia
de
la
normativa
española,
introducirá
la
creación
de
una
agencia
de
protección
de
datos
con
una
finalidad
primordialmente
consultiva
antes
que
sancionadora.
Otra
de
las
de
las
novedades
de
la
normativa
hondureña
será
el
reconocimiento
de
los
principios
enunciados
en
la
ley
como
guía
interpretativa
en
caso
de
supuestos
no
recogidos
en
la
misma.
Por
último,
como
claro
reflejo
del
cambio
de
mentalidad
y en
contraste
con
las
leyes
que
tratan
de
controlar
Internet,
en
la
regulación
hondureña
se
describe
Internet
como
una
fuente
de
libre
acceso.
“La
normativa
recoge
de
forma
actualizada
las
experiencias
más
novedosas
generadas
en
el
ámbito
de
la
Unión
Europea,
Iberoamérica
y
Estados
Unidos,
aplicándolas
de
manera
muy
práctica,
de
forma
que
se
protejan
los
derechos
de
los
ciudadanos,
y al
mismo
tiempo,
se
permita
el
desarrollo
empresarial”,
indica
Javier
Puyol.
“Se
propugna
un
nuevo
modelo,
más
en
contacto
con
la
sociedad,
donde
se
primen
otros
aspectos
que
no
sean
los
meramente
sancionadores
o
represivos,
pretendiéndose
con
ello
un
amplio
desarrollo
de
la
industria
tecnológica
en
Honduras”,
concluye
Puyol.
Este
proceso
legislativo
se
enmarca
dentro
de
los
planes
de
ayuda
al
desarrollo
de
la
Unión
Europea
y
busca
dar
un
impulso
al
desarrollo
tecnológico
del
país
centroamericano.
La
normativa,
que
nace
con
vocación
de
permanencia
en
el
tiempo
pese
a
tratarse
de
una
regulación
tecnológica,
pasará
el
preceptivo
trámite
parlamentario
a
finales
de
enero
y ha
sido
desarrollada
por
expertos
de
España,
Chile,
Ecuador,
México
y
Uruguay.
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