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06 de FEBRERO de 2015

CSD, RFEF y LNFP, alejados del fair play

LAWYERPRESS

Por Eva CañizaresJosé Luis Pérez Triviño. Abogados. Expertos en Derecho Deportivo

 

Eva Cañizares y  José Luis Pérez Triviño. Abogados. Expertos en Derecho DeportivoEl fútbol español amaneció esta semana abochornado después del cruce de iniciativas entre los Presidentes de la Federación Española y la Liga, volviéndose a faltar al respeto en público, mostrando diferencias irreconciliables que desvelan la ruptura de lazos entre las partes,  salpicando, de paso, la gestión del CSD y su presidente, Miguel Cardenal, al denunciar Villar ante la FIFA y la UEFA el "desmesurado intervencionismo" de dicho organismo público.

El vergonzoso espectáculo al que – última y tristemente – nos tienen acostumbrados los dos máximos dirigentes, Tebas y Villar, esta semana ha rebosado de rencor y animadversión, permitiéndose incluso Villar el lujo de lanzar un órdago al amenazar con paralizar el fútbol si no se pliegan a sus exigencias, avalado por la Junta Directiva de la RFEF, y amparándose en su cargo de vicepresidente de UEFA y FIFA.

            Estos episodios sirven para mostrar dos graves problemas del deporte español. El primero afecta a cómo algunos de estos dirigentes desempeñan sus tareas y cometidos. El segundo tiene que ver con el diseño estructural de algunas instituciones que componen aquél, en especial las Federaciones (en este caso, la Federación Española de Fútbol) y la Liga de Fútbol Profesional.

            Empecemos por el primer problema. Los acontecimientos de estos últimos días ha permitido observar a los principales mandatarios de dichos organismos más empeñados en proteger y mantener su propia parcela de poder que en trabajar por mejorar la situación del fútbol en sus diversas manifestaciones.

 Aunque el enfrentamiento entre CSD y RFEF parece radicar en el reproche de la primera a que la segunda no justifica las subvenciones e impide auditar las cuentas, lo cierto es que el enfrentamiento entre estos dos organismos ha aumentado en paralelo al acercamiento entre el CSD y la LFP, dada la manifiesta enemistad Villar-Tebas desde que éste denunciara a aquél por los presuntos delitos de apropiación indebida, administración desleal y falsedad documental en la RFEF.

            Villar hace y deshace a su antojo, menosprecia a los medios de comunicación y desoye a los más altos representantes deportivos, conocedor de su enorme poder, que proviene directamente de los representantes de todos los estamentos del fútbol español.

Solo así se comprende la sensación de intocable con la que actúa y esa posición de total impunidad a la hora de incumplir sentencias (recordemos el caso de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas), cargar al presupuesto de la Federación facturas de supuestos gastos de viaje por todo el mundo de sus dirigentes y familiares, o negarse a recibir subvenciones y a cobrar el porcentaje de la recaudación de las quinielas que anualmente le corresponde a la federación que preside, que no puede más que traducirse en un intento de eludir que a ésta – y a él como máximo responsable de la misma – se le aplique la Ley de Transparencia, creada en 2013 para luchar contra la corrupción, ya que, en el caso de que percibiese alguna ayuda pública por importe superior a 100.000€, estaría obligada a rendir cuentas y a publicar en la página web de la RFEF toda la información económica de la misma, desde el sueldo del Presidente y el de sus directivos hasta el último dato de los contratos que suscriba dicha Federación.

Y es que, según informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas, la RFEF ha cometido graves irregularidades en la justificación dada al destino de subvenciones oficiales recibidas durante varios años que, así como coincide que son los de mayor gloria económica de la Federación, también están salpicados de investigaciones e imputaciones por la presumible falta de ética de su Presidente.

Según dicho Tribunal, la documentación presentada para justificar los gastos relativos a subvenciones a clubes consistiría únicamente en la remisión de talones bancarios a las federaciones territoriales, lo cual no acreditaría ni la entrega de la subvención efectiva ni la correcta aplicación de los fondos al no constar ni el correspondiente recibí de los clubes, ni en las Actas de las Asambleas de esos años se hace referencia a subvención alguna.

            Estas son las consecuencias de la falta de transparencia de las cuentas de los clubes y es que, a la hora de solicitar datos a organismos deportivos y clubes de fútbol la Administración se encuentra con esa falta de transparencia en las cuentas y muy poca disponibilidad de aquéllos para facilitar dicha información económica y publicar sus números, así como aclarar la deuda pública que mantienen con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social y las subvenciones o contratos que firman con la Administración.

No obstante, el problema se agrava cuando, por parte de la Administración, también se contribuye a esa falta de transparencia al publicar la deuda del fútbol, pues el Consejo Superior de Deportes solo aporta la cantidad total de deuda pública, sin desglosar la deuda de cada equipo, y tanto la Agencia Tributaria como la Tesorería General de la Seguridad Social ofrecen siempre también una respuesta negativa amparándose en que dichos datos no son de acceso público debido a leyes de protección de datos.

En pocas palabras, las cuentas de la deuda y del dinero público del fútbol siguen sin estar claras por la falta de transparencia tanto por parte de los clubes como de la propia Administración.

            El segundo de los problemas a los que aludíamos al principio radica en la estructura híbrida de algunos organismos que componen el deporte español. Y ello en el sentido de que: 1) Por un lado, tanto RFEF como LFP son asociaciones de carácter privado, persiguen intereses privados por más que su objeto no sea de carácter mercantil, sino deportivo.

Pero, aunque son entidades sin ánimo de lucro, de facto actúan con una amplia vocación mercantil, de forma que obtienen ingentes recursos económicos de la venta de derechos de imagen, de televisión, de publicidad, etc. Es decir, además de estar subvencionados con dinero público, reciben ingresos adicionales de su gestión marcadamente privada, ingresos cuyos beneficios no pueden repartirse como dividendos entre los asociados sino que deben destinarse siempre a satisfacer intereses de la propia federación.

Por esta razón, no es de extrañar que sus dirigentes quieran mantener a toda costa la cuota de poder (social, político, pero también económico) que otorga presidir tales instituciones. Y 2) Por otro lado, aunque son entes privados, también realizan funciones públicas por delegación de la Administración, hecho éste que, unido a las subvenciones que perciben del Estado, conlleva a que tanto su gestión de intereses públicos como sus presupuestos y estructuras orgánicas y funcionales sean fiscalizados por el CSD como máximo ente competente en materia de deporte.

            Y éste es el intervencionismo del que se queja Villar. Sin embargo, estas funciones del CSD en absoluto parecen cuestionables dado que, como hemos dicho, las federaciones se nutren de aportaciones de dinero de todos. Es más, nos podríamos preguntar si el grado de intervencionismo no debería ser incluso mayor dado el nivel de poder cuasi omnímodo que han adquirido algunos de esos dirigentes, como el presidente de la RFEF, que recordemos lleva más de 25 años en el cargo.

            En definitiva, todo ello evidencia que la de esta semana no es más que otra batalla de la guerra abierta entre estos ultras de guante blanco en una muestra de vanidad por ver quién acapara mayor cuota de poder. Lo triste es que toda esta reprochable dialéctica entre ambos dirigentes no parece perseguir la mejora de la competición, sino imponer cada uno su propia ley, la ley de sus respectivos cortijos.

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

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