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Nada
nuevo
aportó
que
no
supiéramos
por
sus
últimas
comparecencias
la
visita
de
Rafael
Catalá
al
Pleno
del
CGAE
este
pasado
viernes.
Tras
anunciar
en
Moncloa
que
iba
a
incrementar
la
plantilla
fiscal
en
66
nuevas
plazas
y
anunciar
que
el
Gobierno
trabaja
en
una
Ley
de
Segunda
Oportunidad,
Catalá
acudió
al
CGAE
para
hacer
un
resumen
de
su
trabajo
en
estos
últimos
meses
y
hablar
de
las
tasas
judiciales.
El
Ministro
que
reconoció
la
dificultad
de
tener
información
de
calidad,
especialmente
de
Hacienda,
se
comprometió
a
presentar
una
propuesta
razonable
de
revisión
de
tasas
en
las
próximas
tres
semanas.
Sí
confirmo
que
la
principal
amenaza
para
los
Colegios,
la
futura
Ley
de
Servicios
y
Colegios
Profesionales
está
definitivamente
aparcada
para
esta
legislatura,
con
lo
que
muchos
de
los
asistentes
a
esa
reunión
del
CGAE,
privada,
pero
que
pudimos
gracias
a
los
tuits
de
diferentes
consejeros,
respiraron
hondo.
También
aseguró
que
la
futura
reforma
de
la
Justicia
Gratuita
estará
consensuada
con
la
abogacía.
Los
Tuits
y
fotografías
de
los
consejeros,
algunas
de
ellas
con
el
Ministro,
generaron
mucho
malestar
en
la
abogacía
de a
pie
que
no
entendieron
este
actuar
tras
concluir
dicha
reunión.
Es
posible
que
este
Pleno
del
CGAE
haya
sido
el
más
seguido
en
mucho
tiempo.
La
inesperada
presencia
del
Ministro
Catalá
al
filo
del
mediodía
hizo
que
los
móviles
de
muchos
de
los
consejeros
asistentes
a
este
cónclave
legal
se
disparasen
para
encontrar
la
instantánea
o el
comentario
más
oportuno.
Gracias
a
estos
inesperados
reporteros
pudimos
seguir
la
comparecencia
de
Catalá,
siempre
en
tono
cordial,
por
supuesto,
que
fue
desgranando
algunas
informaciones
ya
conocidas
por
todos.
En
un
momento
de
esa
comparecencia
reconoció
la
dificultad
de
tener
información
objetiva
por
parte
sobre
todo
de
la
AEAT
del
impacto
de
la
tasa
lo
que
habría
hecho
complicado
presentar
en
enero
su
propuesta
de
modificación
de
las
mismas.
Catalá
apeló
a la
responsabilidad
de
la
Administración
para
realizar
esta
modificación
con
cierto
sentido
“no
podemos
hacer
nada
con
trazo
grueso”
y se
comprometió
en
unas
tres
semanas
en
presentar
dicha
propuesta
que,
parece
ser,
nunca
sería
la
derogación
de
las
mismas,
como
se
ha
ido
pidiendo
por
la
abogacía
desde
diferentes
estamentos
en
estos
dos
últimos
años.
En
estos
últimos
meses
las
relaciones
entre
CGAE
y
Justicia
se
han
centrado
a
encuentros
entre
el
propio
Ministro
y
Carlos
Carnicer,
lo
que
ha
hecho
que
la
Comisión
Mixta
que
iba
a
ponerse
en
marcha
prácticamente
no
haya
actuado.
Es
evidente
que
hay
otro
feeling
diferente
al
del
Ministro
saliente
Gallardón
y
que
eso
ha
ayudado
a
que
la
abogacía
haya
podido
aportar
alguna
propuesta
a
las
reformas
en
marcha.
A
este
respecto
el
Ministro
ha
introducido
en
la
futura
LeCrim
reformas
pedidas
desde
la
FGE
y el
CGAE
para
que
dicha
reforma
no
fuera
anticonstitucional;
es
factible
que
la
escucha
de
las
comunicaciones
se
reduzca
al
mínimo
siempre
por
orden
del
juez
y
que
la
presencia
de
abogado
en
la
toma
de
pruebas
de
ADN
sea
obligatoria.
Respecto
al
Código
Penal,
rechazado
por
toda
la
oposición
y
muchos
operadores
jurídicos,
al
tener
figuras
como
la
prisión
permanente
revisable,
Catalá
aseguró
a
los
consejeros
del
CGAE
que
se
han
mejorado
los
tipos
delictivos
aunque
tampoco
entró
en
profundidad
en
el
tema.
Otra
reforma
que
también
no
ha
gustado
a
nadie,
como
es
la
futura
Ley
de
Jurisdicción
Voluntaria,
parece
que
irá
en
breve
al
Parlamento.
La
idea
que
tiene
Catalá
es
la
de
potenciar
la
llamada
alternatividad,
de
cara
a
que
el
ciudadano
pueda
elegir
el
cuerpo
profesional
que
le
puede
atender:
notario,
secretario
judicial
o
registrador,
mayormente.
De
la
otra
gran
reforma
que
preocupa
a la
abogacía,
la
Justicia
Gratuita,
poco
concretó
Catalá
realmente.
Si
habló
de
un
cambio
radical
al
primer
planteamiento
que
puso
al
CGAE
y a
sus
83
colegios
en
pie
de
guerra
porque
avanzó
que
la
Comisión
de
Justicia
del
Congreso
de
los
Diputados
buscará
una
formula
razonable
y
equilibrada.
En
este
asunto
los
problemas
claves
son
el
pago
tan
tardío
a
los
abogados
que
hacen
este
servicio;
mantener
la
territorialidad,
es
decir
que
sea
el
abogado
de
la
propia
demarcación
quien
dé
ese
servicio
al
justiciable
que
lo
necesita
y la
burocracia
instalada
en
este
servicio
que
penaliza
al
que
reclame
este
servicio
más
de
tres
veces. |
