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Han pasado 8 años, 3 meses y 3 días, o lo que es lo mismo, 3020 días desde la
publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Ley de Acceso a las
profesiones de Abogado y Procurador, una norma que respondía a los constantes
requerimientos realizados por la Unión Europea a España para dotar de severidad
un sistema de acceso a la profesión de abogado bastante flexible, el más
flexible de Europa, y que en consecuencia, se prestaba por otros ciudadanos de
distintos países de la Unión Europea como “fórum shopping” para evadir la
rigurosa normativa de acceso a la abogacía de sus respectivos países.
El 28 de junio de 2014, la primer generación del nuevo sistema de acceso a la
abogacía (antes, los egresados de la licenciatura en Derecho y tras la
preceptiva colegiación, accedían directamente al ejercicio de la abogacía, sin
embargo, con la nueva normativa, esta generación del 2014, tuvo que realizar el
Grado en Derecho, el Máster de Acceso al Ejercicio de la Abogacía, prácticas en
despachos de abogados y un examen estatal) acudió a las aulas de la Universidad
Complutense de Madrid a realizar la primera evaluación estatal de acceso al
ejercicio de la abogacía.
Tras la realización de esta prueba, en octubre, llegaban a nuestras casas los
primeros títulos de abogados que se expiden en España.
La historia de la primera generación del nuevo sistema de acceso a la abogacía
no fue tan armoniosa, pues hasta el mes de marzo de 2014 no se convocó el
mencionado examen, dejando sin la posibilidad de ejercer la abogacía a cientos
de personas que habían finalizado el Máster de Acceso y las prácticas, pero que
no habían efectuado la evaluación preceptiva, situación que oficialmente
finalizó en el mes de octubre de 2014, amén de las dificultades que significaba
ser la primera generación (un programa de estudios irreal, contradictorio y
extenso, que con 3 meses era imposible estudiar, un Máster de Acceso cuyo
programa preparaba para la realización del examen y que fue aprobado por el
Ministerio de Educación 2 años antes de la aprobación del programa del examen de
acceso, etc.).
Han pasado muchos meses desde aquellos días, y desafortunadamente las cosas no
han cambiado, pues la generación 2015, prácticamente, ha finalizado desde el mes
de enero el Máster de Acceso y las prácticas en despachos de abogados, esperando
con desesperación, preocupación, incertidumbre e inseguridad jurídica, un examen
que dicen los rumores, se convocará en los próximos días y que se efectuará en
el mes de mayo.
Es patente el abandono y olvido en el que nos posiciona la Administración
Pública, específicamente, el Ministerio de Justicia, pues la profesión que se
dedica a la defensa de los derechos de los ciudadanos sufre una situación de
desamparo y orfandad, mientras, el poder público agota el plazo al que le obliga
el artículo 18.1 del Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, sobre el acceso a las
profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, para convocar el tan
problemático examen de acceso.
La actual generación se enfrenta a las mismas dificultades que la del 2014, pues
según los rumores
el ausente examen mantendrá la misma estructura y contenido que el realizado en
el 2014.
223 días han transcurrido desde el primer examen, y el Ministerio de Justicia no
se ha molestado en subsanar la gran cantidad de errores, oscuridades y
discrepancias que se padecieron en la primera evaluación, huelga decir que se
repite el principal problema de esta prueba, que no es más que el hecho de
evaluar conocimientos prácticos por medio de un examen tipo test.
Lo que sucede hoy en día es alarmante, vivimos en un mundo en el que la
Administración Pública se ha acostumbrado a cumplir sus obligaciones solo por
medio de la presión social, de lo contrario, los ciudadanos caemos en una suerte
de desvalimiento e indefensión, y ante esta situación de falta de empatía, la
ciudadanía, y principalmente los alumnos obligados a realizar el examen de
acceso a la abogacía, debemos de dar un golpe en la mesa, y exigir se respete
nuestra seguridad jurídica, entendida como “la expectativa razonablemente
fundada del ciudadano en la cual ha de ser de aplicación el Derecho, o como la
claridad del legislador y no la confusión normativa, pues sin seguridad jurídica
no hay Estado de Derecho digno de ese nombre.”
No hace falta un gobierno perfecto;
se necesita uno que sea práctico.
Aristoteles.
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