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La maraña de contratos firmados por el club
blaugrana para hacerse con los servicios de Neymar, presuntamente por 94,8
millones de euros, un coste muy superior al declarado por el FCB (57,1
millones), ha arrastrado también al actual presidente del Club, J.M. Bartomeu,
por un supuesto delito contra la Hacienda Pública por impago de retenciones
derivadas de los pagos de tres contratos del jugador, correspondientes al
período de 2014, por el que también ha sido imputado el FC Barcelona como
persona jurídica. Recordemos que en este procedimiento ya estaban imputados el
expresidente Rosell y el FCB, por delitos fiscales derivados de los 13 contratos
firmados para el fichaje del delantero brasileño, así como, en el caso de
Rosell, además un delito societario por administración desleal de los bienes del
club.
Pues bien, aunque en principio todas las miras se han puesto más en la
imputación de presidente y expresidente, y en si ha sido precipitada o no la
imputación a Bartomeu, lo cierto es que, en nuestra opinión, la noticia
relevante es la imputación del FCB como persona jurídica. Y es que hasta ahora
no era habitual este tipo de noticias en los medios de comunicación al ser
excepcional la imputación de personas jurídicas.
Muchas son las preguntas que surgen de esta figura tan atípica: ¿puede una
persona jurídica cometer delitos? ¿en qué consiste esto de la imputación de
personas jurídicas? ¿qué consecuencias se pueden derivar para aquélla?
Recordemos que la responsabilidad penal de las personas jurídicas fue regulada
por primera vez en la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, de modificación del
Código Penal, que supuso la derogación del principio societas delinquere non
postest.
De este modo, quedaba establecido en el artículo 31 bis del Código Penal la
responsabilidad penal de las personas jurídicas por los delitos cometidos por
sus representantes legales y administradores, o por las personas sometidas a la
autoridad de éstos, cuando no se ha ejercido sobre ellas el debido control,
siempre y cuando el delito se cometiera en nombre de la persona jurídica y en
provecho de ésta. Eso sí, esta responsabilidad penal de las empresas solo se
prevé respecto de algunos delitos, entre los que se encuentra el delito de
fraude contra la Hacienda Pública por el que se imputa al FCB.
Pero ¿qué se le puede imputar a una persona jurídica? Porque haber realizado el
hecho delictivo, evidentemente, no. Pues bien, el reproche penal que puede
hacérsele es que haya un defecto grave en su organización del que debe
responder, bien por no haber elegido adecuadamente a sus directivos (culpa in
eligendo), bien por no disponer de mecanismos de control que eviten que el
personal pueda cometer delitos (culpa in vigilando), y siempre que los delitos
se cometan en nombre, por cuenta y en provecho de la empresa.
De esta manera, haciendo responsable a la persona jurídica de los hechos
realizados por sus dirigentes y/o empleados, se aumenta la eficacia del Derecho
Penal ya que la organización procurará adoptar las medidas que impidan la
comisión de hechos delictivos por parte de aquéllos y entenderá que preocuparse
por la prevención de hechos delictivos también forma parte de la gestión de la
entidad.
Dicho esto, ¿qué consecuencias jurídicas pueden derivarse de la imputación para
la persona jurídica, trasladando lo expuesto al caso concreto del FCB? Pues
bien, en el caso de resultar condenado el club, podrán imponérsele las sanciones
previstas en el artículo 310 bis del Código Penal que establece diferentes
multas dependiendo de la pena prevista para el delito cometido por la persona
física (los Presidentes), así como la pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones o ayudas públicas y beneficios o incentivos fiscales o de Seguridad
Social durante un período de tres a seis años, o la prohibición para contratar
con las Administraciones Públicas. De este modo, con la aplicación de estas
sanciones, también se compensaría la ventaja anticompetitiva que el Club hubiera
obtenido mediante la comisión de la infracción (la cantidad de impuestos
evadida).
Llegados a este punto, la siguiente cuestión es cómo puede eximirse a una
persona jurídica de los delitos cometidos por sus dirigentes y/o empleados. Pues
bien, la exención de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que
actualmente no se contempla legalmente, pasará, a la luz de la próxima reforma
del Código Penal, porque las mismas establezcan programas de cumplimiento (Compliance
Guides o Compliance Programs), con carácter previo al delito, destinados a
la prevención de la comisión de delitos, y por la efectiva aplicación de los
mismos.
Por tanto, el eje clave sobre el que valorar la diligencia de las empresas en la
aplicación de las normas penales es el concepto de “debido control” del artículo
31 bis del CP, es decir, que las medidas de prevención y detección de delitos no
se queden únicamente en el detalle de manuales escritos, sino que habrá de
probarse el debido control sobre la aplicación de los mismos, y que las personas
físicas que hayan cometido el delito lo han hecho eludiendo fraudulentamente los
modelos de organización y prevención previstos en los referidos programas de
Compliance.
No obstante, y volviendo al FCB, dado que los hechos presuntamente delictivos se
cometieron en los años 2013 y 2014, es decir, bajo la actual redacción del
artículo 31 bis del Código Penal, éste no prevé, como ya hemos referido,
eximente alguna de responsabilidad para la persona jurídica, tan solo un sistema
de atenuantes, entre las cuales destaca la adopción de Compliance
Programs post delictuales por parte de la persona jurídica.
Ante tal tesitura, una eventual estrategia de defensa del FCB pudiera
encaminarse hacia el establecimiento post delito de un Compliance Program,
pues parece que no existía el mismo en el seno de la entidad cuando se
cometieron los hechos presuntamente delictivos. Unido a ello, juega también un
papel importante, en este caso, la atenuante de reparación del daño, que ya ha
realizado el FCB con el ingreso de la cuota presuntamente defraudada y,
probablemente, también pueda conjugarse con las anteriores la atenuante de
colaboración, si la entidad hubiera presentado pruebas que pudieran ser
decisivas para la investigación de los hechos, como puede ser la entrega de
documentación que provocó la imputación de Rosell.
De esta forma, con el juego conjunto de dichas atenuantes, bien articuladas y
defendidas procesalmente, pudiera entrar en juego una reducción importante de la
pena a imponer al FCB, dada la importancia que el actual Código Penal confiere
al sistema de atenuantes, máxime al existir una gran laguna penal en esta
materia al no contemplarse, por ahora, eximente alguna configurada legalmente,
esperando que llegue la reforma del Código Penal en este sentido a través del
establecimiento expreso de la eximente de responsabilidad derivada de la
existencia previa al delito de dichos Compliance Guides, pues,
incomprensiblemente, a la luz de la regulación actual, el hecho de tener dichos
Compliance Guides con anterioridad a la comisión de la actividad delictiva
conlleva la misma atenuante que si se hubieran implantado en el club con
posterioridad al delito.
En definitiva, el caso Neymar abre los ojos a los clubes de fútbol con respecto
a la importancia de tener previstos estos instrumentos preventivos, de intensa
relevancia en el ámbito penal, tendentes a evitar determinados riesgos en la
gestión interna de los mismos, que pudieran derivar en cuantiosas multas así
como, y no menos importante, a prevenir el daño que ese castigo penal pudiera
conllevar sobre la imagen y el nombre del propio club. |