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En
una
carta
remitida
al
ministro
del
Interior,
el
Colegio
de
Abogados
de
Madrid
ha
solicitado
que
“agilice
la
implantación
del
decálogo
de
las
buenas
prácticas
para
evitar
situaciones
de
conflicto
entre
las
Fuerzas
de
Seguridad
del
Estado
y
los
profesionales
del
derecho
a la
hora
de
velar
por
los
derechos
de
los
detenidos”.
El
pasado
mes
de
octubre,
la
Junta
de
Gobierno
del
Colegio
de
Abogados
aprobó
el
Decálogo
de
Buenas
Prácticas
ante
la
asistencia
a
detenidos,
de
conformidad
a lo
establecido
en
las
Directivas
del
Programas
de
Estocolmo
del
Parlamento
y
Consejo
Europeo
de
octubre
de
2012
y
2013:
Estas
Directivas
se
refieren
al
derecho
a
interpretación
y a
traducción
y a
la
información
sobre
el
derecho
a la
asistencia
de
letrado
en
los
procesos
penales,
y en
los
procedimientos
relativos
a la
orden
de
detención
europea,
además
del
derecho
a
que
se
informe
a un
tercero
en
el
momento
de
la
privación
de
libertad
y a
comunicarse
con
terceros
y
con
autoridades
consulares
durante
la
privación
de
la
libertad.
En
este
sentido,
el
Colegio
ha
pedido
que
“se
hagan
todos
los
esfuerzos
posibles
en
orden
a
proceder
a
una
pronta
y
efectiva
implantación
de
las
buenas
prácticas,
así
como
la
adopción
de
cuantas
medidas
permitan
su
pleno
cumplimiento”.
Además,
se
insiste
que
“con
independencia
de
lo
acertado
o no
de
realizar
la
trasposición
de
las
Directivas
de
manera
separada
y
del
indubitado
avance
que
supondrá
su
aprobación,
la
realidad
es
que
en
tanto
se
realiza
toda
su
tramitación
parlamentaria
los
conflictos
sobre
su
aplicabilidad
persistirán
con
las
Fuerzas
de
Seguridad
del
Estado
en
detrimento
de
los
derechos
del
detenido”.
En
la
misiva,
también
se
recuerda
al
titular
de
Interior,
Jorge
Fernández,
que
“las
Directivas
Europeas
vienen
a
ampliar
los
derechos
contenidos
en
nuestra
Ley
de
Enjuiciamiento
Criminal
respecto
a
los
detenidos
e
imputados
con
el
fin
de
poder
llevar
a
cabo
una
defensa
“
real
y
efectiva”
regulando,
entre
otros
derechos,
el
acceso
al
atestado,
así
como
las
pruebas
que
obren
en
el
mismo
y la
entrevista
previa
a su
declaración
en
sede
policial,
dado
que
la
actual
limitación
repercute
en
el
derecho
a un
proceso
justo,
al
desconocerse
el
alcance
real
de
la
presunta
infracción
penal”.
Además,
el
Colegio
expresa
su
firme
voluntad
de
potenciar
que
“las
asistencias
letradas,
especialmente
en
asuntos
encomendados
por
Turno
de
Oficio,
se
desarrollen
de
acuerdo
al
Decálogo
aprobado”. |
