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Muchos
expertos
la
consideran
como
la
reforma
pendiente
de
la
Justicia.
De
hecho
supimos
recientemente
que
existe
un
Plan
de
Transparencia
Judicial
del
2005
que
no
puso
en
marcha
el
Ministerio
de
Justicia
aún
y
donde
se
habla
de
la
mejora
y
claridad
del
lenguaje
jurídico.
De
hecho
hay
datos
del
CGPJ
que
señalan
que
cerca
del
82
por
cien
de
los
ciudadanos
no
entiende
bien
lo
que
está
leyendo.
ICADE
Comillas
organizó
una
nueva
jornada
impulsada
por
su
Grupo
de
investigación
de
Lenguaje
y
Derecho
para
analizar
el
momento
actual
de
esta
situación.
Junto
a
Cristina
Carretero,
directora
de
este
Grupo
y
del
Centro
de
Innovación
del
Derecho
(CID-ICADE)
participaron
definió
Alberto
Alonso,
Subdirector
General
Adjunto
de
Legislación
y
Ordenación
Normativa
del
Ministerio
de
Agricultura,
Alimentación
y
Medio
Ambiente
y
Eduardo
Asensio,
Jefe
de
la
Unidad
de
Apoyo
en
la
Dirección
General
de
los
Registros
y
del
Notariado
del
Ministerio
de
Justicia
quienes
desvelaron
el
trabajo
que
hacen
en
mejora
de
la
práctica
legislativa.
La
comprensión
del
lenguaje
jurídico
sigue
siendo
uno
de
los
elementos
pendientes
de
nuestras
reformas
de
la
justicia.
En
un
contexto
en
el
que
los
cambios
normativos
proliferan,
parece
evidente
que
el
legislador
no
cuida
en
exceso
la
claridad
e
inteligibilidad
de
las
normas
que
se
van
a
poner
en
marcha.
Curiosamente
algún
estudio
europeo
relaciona
el
cumplimiento
de
las
leyes
a un
mejor
conocimiento
de
las
mismas.
Nuestra
publicación
se
ha
mostrado
siempre
partidaria
de
apoyar
esta
práctica
que
considera
imprescindible
como
otras
cuestiones
para
el
buen
funcionamiento
de
nuestra
democracia.
En
su
exposición
Cristina
Carretero,
Directora
del
Centro
de
Innovación
del
Derecho
(CID-ICADE)
y
profesora
de
Derecho
Procesal
y
Oratoria
y
Redacción
Jurídicas,
abogó
por
hacer
un
esfuerzo
a la
hora
de
redactar
las
leyes
de
forma
más
sencilla,
una
batalla
en
la
que
está
inmerso
el
Grupo
de
Investigación
Derecho
y
Lenguaje
de
Comillas.
Y
recordó
que
esta
cuestión
era
una
preocupación
en
muchos
países
del
mundo
donde
“”.
“En
Francia
hay
leyes
de
simplificación
y
aligeramiento
del
derecho,
y en
Alemania
hay
equipos
de
filólogos
que
trabajan
para
hacer
las
leyes
más
claras”,
afirmó
Carretero.
En
España,
como
tantas
otras
cosas,
el
interés
por
este
tipo
de
cuestiones
es
irregular.
Uno
de
los
últimos
intentos
fue
la
Comisión
para
la
Modernización
del
Lenguaje
Jurídico
de
2009,
que
reunía
filólogos,
periodistas,
juristas
y
académicos
cuyos
trabajos
se
dieron
a
conocer
hace
tres
años
pero
que
detuvo
su
funcionamiento.
Ahora,
la
Comisión
para
la
Claridad
del
Lenguaje
que
acaba
de
celebrar
su
tercera
reunión,
parece
que
está
dispuesta
a
seguir
los
trabajos
y a
marcar
unas
pautas
necesarias
en
este
sentido.
Carretero
definió
el
lenguaje
legal
como
“indescifrable,
críptico
y
oscuro”
y
“heredado
de
tradiciones
de
siglos”.
De
hecho,
según
un
reciente
barómetro
del
Consejo
General
del
Poder
Judicial,
el
82%
de
la
población
que
se
acerca
a la
justicia
no
entiende
bien
lo
que
está
leyendo
en
las
leyes,
decretos,
proyectos
de
ley
o
cualquier
otro
formato
relacionado
con
la
justicia.
“Es
un
problema
serio
en
España”,
avisó
Carretero,
quien,
desde
la
universidad,
hizo
un
estudio
para
el
Ministerio
de
Justicia,
cuyas
conclusiones
fueron
desoladoras,
ya
que
“faltan
políticas
públicas
coordinadas
que
aborden
la
mejora
de
las
leyes”,
según
la
profesora.
“Qué
infinidad
de
leyes,
qué
oscuridad”
“Inexactitud,
falta
de
ideas
previas
y
forma
de
legislar
atropellada”.
Así
definió
Alberto
Alonso,
Subdirector
General
Adjunto
de
Legislación
y
Ordenación
Normativa
del
Ministerio
de
Agricultura,
Alimentación
y
Medio
Ambiente,
la
forma
de
hacer
leyes.
Citó
a
Jovellanos
(“qué
infinidad
de
leyes,
qué
oscuridad”),
una
cita
que
“podría
aplicarse
en
la
actualidad”,
y
subrayó
el
problema
de
la
traducción
de
las
leyes
europeas
que
se
trasponen
al
sistema
legislativo
español.
Por
su
parte,
Eduardo
Asensio,
Jefe
de
la
Unidad
de
Apoyo
en
la
Dirección
General
de
los
Registros
y
del
Notariado
del
Ministerio
de
Justicia,
dijo
que
“vivimos
rodeados
de
normas;
es
una
época
de
hipertrofia
normativa
en
todos
los
ámbitos
del
Estado”.
Criticó
la
forma
en
la
que
se
hacen
las
leyes
y se
refirió
a
las
Directrices
de
Técnicas
Normativas,
unas
reglas
aprobadas
en
2005
para
conseguir
mejorar
la
calidad
técnica
y
jurídica
de
las
normas”.
El
problema
de
esas
directrices
es
que
no
son
vinculantes
por
lo
que
mucha
obligación
no
genera
en
los
diferentes
legisladores
existentes,
nacionales,
autonómicos
y
municipales.
Aun
así,
los
ponentes
coincidieron
en
que
queda
mucho
camino
que
recorrer
y se
mostraron
convencidos
de
que,
cuanto
más
se
comprendan
las
leyes,
más
dispuestos
estarán
los
ciudadanos
a
cumplirlas. |
