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La Asociación de letrados por un turno de oficio dign, ALTODO
ha
anunciado
en
un
comunicado
de
prensa
que
“creará una comisión legal destinada a analizar si la
desviación
de
fondos
públicos
a
fines
distintos
de
los
legalmente
establecidos
pudiera
ser
constitutiva
de
ilícito civil o penal,
ejercitando,
en
su
caso,
las
acciones
legales
que
procedan
y
contra
quien
proceda.”
Comunicado de ALTODO:
En
relación
con
la
noticia
publicada
en
diversos
medios
de
comunicación,
según
la
cual el Ministerio de Justicia desconoce el destino de los 500
millones
de
euros
recaudados
desde
que
en
noviembre
de
2012
entrara
en
vigor
la
llamada
Ley de Tasas,
ponemos en conocimiento de la ciudadanía
que
ésta
Asociación
creará
una
comisión
legal
destinada
a
analizar
si
la desviación de
fondos
públicos
a fines distintos de los legalmente establecidos
pudiera
ser
constitutiva
de
ilícito
civil
o
penal,
ejercitando,
en
su
caso,
las
acciones
legales
que
procedan
y
contra
quien
proceda.
La
Ley
de
Tasas
establece
en
su
Exposición
de
Motivos
como
una
de
sus
principales
finalidades
la
de
mejorar
la
financiación
de
la
asistencia
jurídica
gratuita,
y a
tal
efecto, vincula en su Art. 11 la tasa judicial al sistema de justicia
gratuita “en los términos establecidos en la Ley de
Presupuestos
Generales
del
Estado
de
cada
ejercicio”.
Bajo
esa
excusa
fue
promulgada
la
Ley
de
Tasas,
que
ha
supuesto
un
ataque
frontal
al
derecho
de
acceso
a la
justicia
de
los
ciudadanos,
y
que
sin
embargo,
no
ha
servido
para
mejorar
la
financiación
del
sistema
de
justicia
gratuita,
puesto
que,
dos
años
después
de
la
entrada
en
vigor
de
la
norma,
ni
un
solo
euro
se
ha
destinado
a
incrementar
la
miserable
retribución
de
los
abogados
de
oficio,
o la
insuficiente
aportación
a
los
colegios
profesionales
encargados
de
la
organización
y
prestación
de
éste
servicio público,
viéndose
obligados
los
profesionales
y
sus
colegios
a prestarlo en precarias condiciones, y a
menudo,
recurriendo
a
sus
propios
fondos.
En
tales
circunstancias,
el
presunto
desvío
de
fondos
públicos
a
finalidades
distintas
de
aquéllas
para
las
que
fueron
recaudados
merced
al
sacrificio
de
muchos
ciudadanos,
de
ser
cierto,
tendría
especial
gravedad,
motivo
por
el
cual,
instamos
a
los
partidos
políticos
a
que
adopten
las
medidas
que
procedan,
y a
que
exijan
al
Gobierno
de
la
Nación
la
correspondiente
rendición
de
cuentas
del
destino
dado
a
las
ingentes
sumas
recaudadas. |
