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Varios
Relatores
Especiales
del
Consejo
de
Derechos
Humanos
de
las
Naciones
Unidas,
en
consonancia
con
lo
que
les
ha
venido
alertando
la
ONG
Rights
International
Spain
(RIS)
y
otras
entidades
se
han
dirigido
al
Estado
español
mostrando
su
frontal
rechazo
al
Proyecto
de
Ley
de
Protección
de
la
Seguridad
Ciudadana
(conocida
como
“Ley
Mordaza”),
y a
las
reformas
del
Código
Penal
en
lo
relativo
a
las
limitaciones
a
las
libertades
de
expresión
y de
reunión,
así
como
en
materia
de
delitos
antiterroristas,
iniciativas
todas
ellas
en
tramitación
en
el
Senado
actualmente.
Los
Relatores
que
han
dirigido
sus
preocupaciones
al
Estado
español
son
Maina
Kiai,
Relator
Especial
sobre
los
derechos
a la
libertad
de
reunión
pacífica
y
asociación,
David
Kaye,
Relator
Especial
sobre
la
promoción
y
protección
del
derecho
a la
libertad
de
opinión
y de
expresión,
Ben
Emmerson,
Relator
Especial
sobre
la
promoción
y la
protección
de
los
derechos
humanos
y
las
libertades
fundamentales
en
la
lucha
contra
el
terrorismo;
y
Michel
Forst,
Relator
Especial
sobre
la
situación
de
las
y
los
defensores
de
los
derechos
humanos.
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Los expertos de la ONU dejan claro que las reformas legislativas señaladas “amenazan con violar derechos y libertades fundamentales de los individuos”. Esperan que España tome medidas para proteger esos derechos |
En
sus
comunicaciones,
tal
y
como
reseña
la
nota
de
prensa
difundida
esta
tarde,
los
expertos
de
la
ONU
dejan
claro
que
las
reformas
legislativas
señaladas
“amenazan
con
violar
derechos
y
libertades
fundamentales
de
los
individuos”,
añadiendo
que
confían
“en
que
España
adopte
todas
las
medidas
necesarias
para
garantizar,
en
la
legislación
nacional,
el
ejercicio
de
los
derechos
fundamentales
y
las
libertades
públicas
de
conformidad
con
los
estándares
internacionales”.
“Los
derechos
a
manifestar
pacíficamente
y
expresar
colectivamente
una
opinión
son
fundamentales
para
la
existencia
de
una
sociedad
libre
y
democrática”,
han
indicado
los
Relatores
Especiales.
“Nos
preocupa
que
las
propuestas
de
reforma
puedan
ser
una
respuesta
del
Gobierno
y
del
poder
legislativo
a
las
numerosas
manifestaciones
que
en
los
últimos
años
se
han
llevado
a
cabo
en
España”.
Sobre
la
reforma
del
Código
Penal
Los
expertos
independientes
afirmaron
que
“el
texto
del
proyecto
de
ley
incluye
definiciones
amplias
o
ambiguas
que
abren
el
campo
a
una
aplicación
desproporcionada
o
discrecional
de
la
ley
por
parte
de
las
autoridades”.
Se
critica,
en
primer
lugar,
que
se
trate
como
“circunstancia
agravante”
el
hecho
que
una
serie
de
delitos
sean
cometidos
en
el
contexto
de
una
“reunión
numerosa”.
“Se
busca
dar
una
base
legal
a
este
nuevo
tipo
de
‘circunstancias
agravantes’
para
aumentar
la
pena
automáticamente
en
casos
de
manifestaciones.
Esto
es
contrario
al
derecho
internacional
ya
que
podría
tener
un
efecto
disuasivo
sobre
el
ejercicio
de
la
libertad
de
manifestación
pacífica”,
recalcó
el
Relator
Especial
de
la
ONU
sobre
los
derechos
de
reunión
pacífica
y de
asociación,
Maina
Kiai.
El
proyecto
de
reforma
también
propone
castigar
con
pena
de
prisión
o
multa
a
quienes
difundan
públicamente
mensajes
o
consignas
que
inciten
a la
comisión
de
delitos
de
alteración
del
orden
público
o
que
sirvan
para
reforzar
la
decisión
de
llevarlos
a
cabo.
En
este
sentido,
el
Relator
Especial
de
la
ONU
sobre
el
derecho
a la
libertad
de
expresión,
David
Kaye,
señaló
que
“la
redacción
de
la
ley
conlleva
serios
problemas
y,
tal
como
están
definidos
los
delitos,
podría
criminalizar
a
quienes
convoquen
a
manifestaciones
pacíficas”.
Por
otra
parte,
los
expertos
de
la
ONU
señalaron
que
la
definición
de
los
delitos
de
terrorismo
y
las
disposiciones
relativas
a la
criminalización
de
los
actos
de
“incitación
y
enaltecimiento”
o
“justificación’
del
terrorismo”
son
excesivamente
amplias
e
imprecisas.
“Tal
y
como
está
redactada,
la
ley
anti-terrorista
podría
criminalizar
conductas
que
no
constituirían
terrorismo
y
podría
resultar
entre
otros
en
restricciones
desproporcionadas
al
ejercicio
de
la
libertad
de
expresión”.
“El
proyecto
de
ley
podría
además
permitir
abusos
en
los
controles
y
retiro
de
información
disponible
en
internet”,
recalcó
el
Relator
Kaye.
Inquietante
Ley
Mordaza
“La
llamada
‘ley
mordaza’
vulnera
la
propia
esencia
del
derecho
de
manifestación
pacífica
pues
penaliza
una
amplia
gama
de
actos
y
conductas
esenciales
para
el
ejercicio
de
este
derecho
fundamental,
limitando
marcadamente
el
ejercicio
del
mismo”,
indicó
el
Relator
Kiai.
“Dicho
proyecto
de
ley
restringe
de
manera
innecesaria
y
desproporcionada
libertades
básicas
como
es
el
ejercicio
colectivo
del
derecho
a la
libertad
de
opinión
y
expresión
en
España”,
añadió
por
su
parte
el
Relator
Kaye.
Por
otro
lado,
las
disposiciones
de
dicho
proyecto
de
ley
relativas
al
régimen
especial
de
Ceuta
y
Melilla,
“podrían
permitir
devoluciones
en
caliente
a su
país
de
origen
de
personas
en
peligro
de
ser
sometidas
a
tortura
y
otras
formas
de
malos
tratos,
en
contradicción
con
las
disposiciones
del
derecho
internacional
de
los
derechos
humanos”,
señalaron
los
expertos.
“Considerando
el
impacto
que
podrían
tener
este
tipo
de
leyes
sobre
los
derechos
y
libertades
fundamentales,
deben
ser
redactadas
con
cuidado
y no
pueden
ser
adoptados
de
forma
precipitada”
concluyeron
los
expertos.
RIS,
Rights
International
Spain,
ong
dedicada
a la
defensa
de
los
derechos
fundamentales,
ha
trabajado
intensamente
para
evitar
que
estas
normas
sean
aprobadas,
debido
a la
restricción
ilegítima
a
los
derechos
y
libertades
civiles
que
conllevan.
Al
igual
que
muchas
otras
organizaciones
y
colectivos,
la
organización
se
ha
dirigido
a
varias
autoridades
(tanto
representantes
del
Gobierno
como
Diputados
y
Senadores)
para
que
las
reformar
respeten
los
principios
del
Derecho
internacional
de
los
derechos
humanos
pero,
ante
la
falta
de
respuesta,
se
ha
visto
obligada
a
poner
en
conocimiento
de
varios
expertos
de
Naciones
Unidas
–muchos
de
los
que
hoy
se
han
dirigido
a
España-
el
alcance
de
las
reformas.
Lydia
Vicente,
Directora
Ejecutiva
de
RIS,
manifestaba
su
satisfacción
por
que
“desde
la
ONU
se
respalden
muchos
de
los
reclamos
de
RIS
y de
tantos
otros
colectivos
defensores
de
los
derechos
humanos
en
España
con
los
que
venimos
trabajando
de
manera
conjunta”.
“Sin
duda,
este
es
un
paso
importante,
y
esperamos
que
el
Gobierno
y el
poder
legislativo
tengan
en
cuenta
estas
observaciones,
dando
así
cumplimiento
a
sus
obligaciones
internacionales
en
materia
de
derechos
humanos”.
En
concreto,
RIS
se
ha
dirigido
al
Relator
Especial
sobre
los
derechos
a la
libertad
de
reunión
pacífica
y
asociación,
llamando
su
atención
sobre
la
reforma
al
Código
Penal
y el
Proyecto
de
Ley
de
Seguridad
Ciudadana.
También
se
puso
en
contacto
con
el
Relator
Especial
sobre
los
derechos
de
las
personas
migrantes
a
raíz
de
la
introducción,
por
parte
del
Partido
Popular,
de
la
enmienda
que
legalizaría
las
conocidas
como
“devoluciones
en
caliente”.
Recientemente
también
se
dirigió
al
Relator
Especial
sobre
la
promoción
y la
protección
de
los
derechos
humanos
y
las
libertades
fundamentales
en
la
lucha
contra
el
terrorismo,
a
fin
de
hacerle
llegar
varias
preocupaciones
en
torno
a
diversas
iniciativas
legislativas.
Muchos
de
estos
extremos
también
fueron
puestos
de
manifiesto
en
las
contribuciones
de
RIS
al
listado
de
cuestiones
que
deberá
contestar
España
durante
su
examen
por
el
Comité
de
Derechos
Humanos
de
la
ONU
este
año.
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