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Amnistía
Internacional
actualiza
un
año
más
la
situación
de
los
derechos
humanos
en
160
países
con
la
publicación
de
su
Informe
2014/15,
un
buen
momento
para
ofrecer,
además,
una
previsión
de
las
tendencias
en
materia
de
derechos
humanos.
En
palabras
de
Salil
Shetty,
secretario
general
de
Amnistía
Internacional:
"El
año
2014
fue
catastrófico
para
millones
de
personas
atrapadas
en
la
violencia.
Los
dirigentes
mundiales
deben
actuar
con
urgencia
para
hacer
frente
al
nuevo
rostro
de
los
conflictos".
En
caso
contrario,
las
perspectivas
son
sombrías.
Sobre
nuestro
país,
en
este
informe
que
se
presentó
en
la
mañana
de
ayer
se
indica
que
las
últimas
iniciativas
legislativas
como
la
Ley
Orgánica
de
Seguridad
Ciudadana
o el
futuro
Código
Penal
atacan
diferentes
derechos
fundamentales
como
la
libertad
de
reunión
o la
propia
libertad
de
expresión.
El
informe
completo
se
puede
revisar
en
https://www.amnesty.org/es/annual-report-201415/
En
los
casos
de
Siria,
Irak,
Gaza,
Israel
y
Ucrania,
el
Consejo
de
Seguridad
de
la
ONU
no
ha
abordado
las
crisis
y
los
conflictos
–ni
siquiera
en
situaciones
en
las
que
los
Estados
y
los
grupos
armados
cometen
horrendos
crímenes
contra
la
población
civil–
debido
a
intereses
creados
o
conveniencias
políticas.
Amnistía
Internacional
pide
que
los
cinco
miembros
permanentes
del
Consejo
de
Seguridad
renuncien
a su
derecho
de
veto
en
situaciones
de
genocidio
y
otras
atrocidades.
Respecto
al
comercio
de
armas,
Ee
sangriento
legado
del
ingente
flujo
de
armas
a
países
donde
Estados
y
grupos
armados
las
utilizan
para
cometer
graves
abusos
se
cobró
decenas
de
miles
de
vidas
de
civiles
en
2014.
Desde
esta
organización
se
pide
a
todos
los
Estados
–incluidos
Estados
Unidos,
China,
Canadá,
India,
Israel
y
Rusia–
que
ratifiquen
o
acepten
y se
adhieran
al
Tratado
sobre
el
Comercio
de
Armas,
que
entró
en
vigor
en
2014
después
de
decenios
de
campaña
de
Amnistía
Internacional
y
otras
instituciones.
Otro
asunto
que
preocupa
es
la
tenencia
de
armas
explosivas.
Amnistía
Internacional
pide
a
los
dirigentes
mundiales
que
impongan
nuevas
restricciones
para
hacer
frente
al
uso
de
armas
explosivas
–como
bombas
lanzadas
desde
aeronaves,
proyectiles
de
mortero
y
artillería,
cohetes
y
misiles
balísticos–
en
zonas
pobladas,
que
dieron
lugar
a
innumerables
muertes
de
civiles
en
2014.
En
opinión
de
los
dirigentes
de
esta
ONG
internacional
es
fundamental
que
los
gobiernos
a
garantizar
que
su
respuesta
a
las
amenazas
contra
la
seguridad
no
menoscaba
derechos
humanos
fundamentales
ni
fomenta
más
violencia.
El
Informe
2014/15
detalla
cuántos
gobiernos
reaccionaron
a
las
amenazas
contra
la
seguridad
con
tácticas
draconianas
y
represivas
en
2014.
Sobre
las
personas
refugiadas
comentan
una
consecuencia
trágica
de
la
incapacidad
de
la
comunidad
internacional
para
ocuparse
del
nuevo
rostro
de
los
conflictos
es
una
de
las
crisis
de
refugiados
más
graves
que
el
mundo
ha
conocido,
mientras
millones
de
personas
–4
millones
sólo
de
Siria–
siguen
huyendo
de
la
violencia
y la
persecución.
La
situación
en
España
En
España,
el
gobierno
sigue
la
tendencia
global
de
recortes
a la
libertad
de
expresión
y de
reunión,
mediante
varias
iniciativas
legislativas.
Una
de
ellas,
la
Ley
Orgánica
de
Seguridad
Ciudadana
(LOSC),
no
solo
amplía
los
poderes
policiales
sin
establecer
mecanismos
de
supervisión
y
rendición
de
cuentas,
sino
que
además
incluye
nuevas
infracciones
que
podrían
amenazar
el
ejercicio
de
la
libertad
de
reunión
pacífica,
expresión
e
información.
Para
la
organización
también
han
sido
de
especial
preocupación
los
casos
de
uso
excesivo
de
la
fuerza
por
parte
de
agentes
de
seguridad
en
manifestaciones,
así
como
crecientes
restricciones
al
derecho
de
reunión.
La
reforma
del
Código
Penal
también
ataca
la
libertad
de
expresión,
de
información
y de
reunión,
al
ampliar
los
delitos,
tanto
de
terrorismo
como
de
desórdenes
públicos,
y
sigue
sin
tipificar
de
manera
adecuada
los
crímenes
de
derecho
internacional
como
la
tortura.
Mediante
la
reforma
de
la
jurisdicción
universal
se
ha
limitado
las
atribuciones
de
las
autoridades
para
investigar
crímenes
atroces
contra
las
personas
cometidos
fuera
de
España.
También
las
personas
migrantes
están
viendo
sus
derechos
vulnerados
en
España.
Amnistía
Internacional
ha
seguido
denunciando
un
uso
excesivo
e
innecesario
de
la
fuerza
en
frontera
contra
refugiados,
migrantes
y
solicitantes
de
asilo
por
parte
de
los
funcionarios
encargados
de
hacer
cumplir
la
ley.
Las
autoridades
también
pretenden
legalizar
la
práctica
de
las
denominadas
devoluciones
en
caliente,
prohibidas
por
el
derecho
internacional,
mediante
una
enmienda
introducida
en
la
LOSC. |
