El
Tribunal
madrileño
apuesta
por
la
justicia
restaurativa
y
pone
en
marcha
un
proyecto
para
alcanzar
acuerdos
mediados
entre
las
partes
antes
de
la
vista
oral.
El
equipo
de
mediación
contará
con
diez
integrantes
y
está
previsto
que
trabaje
en
el
próximo
año
en
más
de
un
centenar
de
asuntos
en
cuatro
de
las
secciones
penales
de
la
Audiencia.
El
protocolo
de
actuación
se
aplicará,
en
una
fase
inicial,
en
asuntos
por
delitos
económicos
(estafas
y
apropiaciones
indebidas)
y de
lesiones
con
deformidad.
El
proyecto
fue
en
una
jornada
informativa
en
la
Audiencia
en
la
que
participaron
vocales
del
CGPJ,
más
de
medio
centenar
de
magistrados,
secretarios,
fiscales,
abogados,
mediadores
y
demás
operadores
jurídicos.
Hay
que
señalar
que
profesionales
como
Virginia
Domingo
o el
propio
Vicente
Magro,
presidente
de
la
Audiencia
Provincial
de
Alicante
ya
han
puesto
en
marcha
sendos
proyectos
en
este
terreno
con
notable
éxito
en
sus
respectivos
casos.
La
Audiencia
Provincial
de
Madrid
pondrá
en
marcha
en
los
primeros
días
del
próximo
mes
de
abril
un
proyecto
de
mediación
penal
en
cuatro
de
las
secciones
del
tribunal
madrileño
con
el
objeto
de
impulsar
la
justicia
restaurativa
y de
reparación
del
daño
a
las
víctimas
y
perjudicados
sin
necesidad
de
llegar
a
juicio.
El
proyecto
fue
presentado
por
el
presidente
de
la
Audiencia,
Eduardo
de
Porres,
en
una
jornada
informativa
a la
que
se
dieron
cita
los
vocales
del
Consejo
General
del
Poder
Judicial
(CGPJ)
Concepción
Sáez
y
Rafael
Mozo,
además
de
cerca
de
un
centenar
de
asistentes
entre
magistrados,
secretarios,
fiscales,
abogados,
mediadores
y
demás
representantes
de
los
operadores
jurídicos.
Según
se
recoge
en
el
protocolo
de
implementación
del
proyecto
presentado
por
Porres,
que
se
encuentra
en
una
avanzada
fase
de
elaboración,
la
mediación
en
asuntos
penales
en
el
que
es
el
mayor
tribunal
colegiado
de
España
comenzará
en
los
primeros
días
de
abril.
Un
equipo
formado
inicialmente
por
diez
mediadores
de
Fundación
Signum
iniciará
su
trabajo
en
una
oficina
habilitada
para
ello
en
el
edificio.
Está
previsto
que
el
proyecto
de
mediación,
que
se
desarrollará
por
espacio
de
un
año,
se
aplique
en
los
casos
con
más
posibilidades
de
éxito,
que
son
los
delitos
económicos
(estafas
y
apropiaciones
indebidas,
principalmente)
y el
delito
de
lesiones
con
deformidad.
No
obstante,
en
la
hoja
de
ruta
se
refleja
la
posibilidad
de
abrir
esta
opción
procesal
a
otros
supuestos
penales.
La
experiencia
se
pondrá
en
marcha
en
cuatro
de
las
quince
secciones
penales
del
tribunal
madrileño;
en
concreto
serán
las
secciones
7ª,
15ª,
17ª
y
29ª
las
que
inicien
el
programa.
La
Presidencia
del
Tribunal
prevé
que
se
trabajará
sobre
una
estimación
de
entre
100
y
120
asuntos.
Este
importante
volumen
de
expedientes,
y su
trascendencia
en
materia
penal,
darán
como
fruto
“conclusiones
muy
significativas
y
relevantes
en
este
campo”,
en
palabras
del
propio
Eduardo
de
Porres.
El
protocolo
de
actuación
está
prácticamente
concluido,
si
bien
está
considerado
aún
como
un
documento
de
trabajo
abierto
a
las
iniciativas
de
los
magistrados,
secretarios,
fiscales
o
cualquier
otro
operador
jurídico
que
desee
realizar
sus
aportaciones
técnicas.
Dicho
documento
contempla
un
plazo
de
un
mes
para
que
se
pongan
las
bases
del
consentimiento
del
proceso
de
mediación
y
otros
treinta
días
para
la
mediación
propiamente
dicha.
Dependiendo
de
las
características
del
asunto,
estos
plazos
pueden
variar.
Igualmente,
se
trabaja
sobre
la
posibilidad
de
que
se
señale
el
juicio
o no
mientras
se
desarrolla
el
plan
de
mediación
en
un
asunto
concreto.
El
proyecto
de
mediación
penal
en
la
Audiencia
Provincial
de
Madrid
comenzó
a
gestarse
hace
más
de
un
año
cuando
su
por
entonces
presidenta,
Ana
Ferrer,
hoy
en
día
en
la
Sala
Segunda
del
Tribunal
Supremo,
comenzó
las
reuniones
de
trabajo
con
Fundación
Signum,
una
entidad
especializada
en
la
mediación,
y
cuya
responsable
es
Rosa
Mijangos.
Esta
ambiciosa
iniciativa
se
ha
visto
respaldada
en
su
gestación
por
el
CGPJ,
con
la
responsable
del
Servicio
de
Mediación,
Ana
María
Carrascosa
al
frente;
por
la
Fiscalía
de
la
Audiencia
madrileña,
cuya
coordinadora
será
Ana
Belén
Vargas
y
por
el
Ilustre
Colegio
de
Abogados
de
Madrid,
también
a
través
de
su
Centro
de
Mediación,
dirigido
por
Fernando
Bejarano.
Una
herramienta
procesal
“eficaz”
y
“necesaria”
El
plan
para
introducir
la
mediación
penal
antes
de
la
vista
oral
en
la
Audiencia
Provincial
se
presentó
mediante
una
serie
de
conferencias
explicativas
en
la
biblioteca
de
la
sede,
que
se
quedó
pequeña
ante
la
gran
afluencia
de
interesados
en
conocer
sus
detalles
en
primera
persona.
El
profesor
de
Derecho
Penal
en
la
Universidad
de
Comillas
(ICADE)
y
mediador,
Julián
Ríos,
explicó
con
varios
ejemplos
los
beneficios
procesales
y
humanos
de
la
aplicación
de
la
justicia
restaurativa.
Su
experiencia
en
encuentros
con
víctimas
de
ETA
y
los
miembros
de
la
banda,
así
como
con
un
condenado
por
el
11-M
y
heridos
de
aquellos
atentados,
sirvieron
para
ilustrar
gráficamente
que
“la
mediación
es
una
herramienta
procesal
eficaz”
gracias
a la
cual
“la
Justicia
funciona
de
principio
a
fin”.
Por
su
parte,
la
magistrada
del
Juzgado
de
Instrucción
nº
32
de
Madrid,
Rosa
Freire,
quien
ha
tutelado
numerosos
acuerdos
de
mediación,
apostó
decididamente
por
esta
figura
para
facilitar
“un
cambio
de
mirada”
de
la
administración
de
justicia
y
destacó
los
elevados
índices
de
satisfacción
de
los
usuarios
del
servicio,
así
como
el
importante
número
de
acuerdos
alcanzados,
que
se
estima
entre
un
setenta
y un
ochenta
por
ciento
del
total.
Freire
recordó
a
los
asistentes
que
el
primer
caso
documentado
de
mediación
en
materia
penal
tuvo
lugar
en
1974
y
sirvió
para
resolver
eficazmente
un
asunto
de
vandalismo
juvenil.
Además,
destacó
que
esta
figura
procesal
está
recogida
en
un
importante
número
de
resoluciones
de
la
ONU
y
del
Consejo
de
Europa
y,
en
concreto,
en
el
Estatuto
europeo
de
la
Víctima
de
2012.
Respecto
al
ordenamiento
jurídico
español,
la
magistrada
apeló
al
artículo
21.5
del
Código
Penal,
sobre
la
prevención
y la
reparación
del
daño
causado,
que
permite
expresamente
aplicar
el
atenuante
muy
cualificado
en
este
tipo
de
casos,
y a
la
vez
apuntó
a
otras
fórmulas
para
certificar
un
acta
de
conformidad
tras
el
proceso
de
mediación.
En
resumen,
Freire,
con
su
dilatada
experiencia
en
este
campo,
concluyó
que
la
“mediación
es
un
elemento
muy
valioso
para
aliviar
el
sistema
judicial”
al
funcionar
de
“un
modo
muy
positivo
frente
a
los
paradigmas
clásicos
que
propone
la
justicia
retributiva
y de
resocialización”.
Como
la
gran
mayoría
de
los
ponentes
subrayaron,
la
mediación
penal
ya
se
aplica
con
éxito
en
el
País
Vasco
y
Cataluña
y,
aunque
en
los
juzgados
de
instrucción
y de
lo
Penal
de
la
capital
también
se
ha
puesto
en
práctica,
principalmente
a
instancias
de
la
Fiscalía,
no
se
ha
hecho
con
el
empuje
que
esta
eficaz
herramienta
procesal
requiere.
Finalmente,
todos
los
participantes,
ponentes
y
asistentes,
coincidieron,
con
carácter
general
y a
modo
de
conclusión,
en
la
necesidad
de
incorporar
de
forma
paulatina
la
mediación
penal
en
las
administración
de
justicia
madrileña,
venciendo
las
resistencias
lógicas
a
que
debe
hacer
frente
todo
proceder
novedoso
y
articulando
una
“cultura
de
la
mediación”
que
suponga
un
avance
para
profesionales
y
ciudadanos. |