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La
Comunidad
de
Madrid
destinará
este
año
32
millones
de
euros
a la
asistencia
jurídica
gratuita,
concretamente
a
cubrir
los
gastos
derivados
de
la
representación
y
defensa
en
juicio,
asistencia
de
abogado
al
detenido
o
preso
y
tramitación
de
los
expedientes
para
la
concesión
de
justicia
gratuita,
según
manifestó
su
portavoz,
Salvador
Victoria
tras
el
acuerdo
que
se
alcanzó
en
el
Consejo
de
Gobierno
de
este
jueves.
Sin
embargo
esta
inversión
ha
generado
las
críticas
del
ICAM
que
denuncian
que
la
dotación
presupuestaria
en
Justicia
Gratuita
de
la
Comunidad
de
Madrid
es
manifiestamente
insuficiente
para
cubrir
su
coste
real,
teniendo
en
cuenta
que
desde
el
año
2010,
se
ha
reducido
un
31%
el
gasto
en
este
servicio.
El
gasto
de
inversión
en
justicia
gratuita
ha
ido
oscilando
estos
años
de
39,8
millones
en
el
2013
a
los
31.85
millones
de
euros
del
pasado
año.
Desde
la
entidad
colegial
se
indica
que
el
presupuesto
2015
ya
nace
con
un
déficit
estimado
de
3,2
millones
de
euros,
teniendo
en
cuenta
que
el
cálculo
de
las
cantidades
certificadas
previsibles
para
este
año
podrían
ascender
a 32
millones
de
euros,
según
la
proyección
de
los
expedientes
a
tramitar.
A
esta
cifra,
habría
que
sumar
el
déficit
acumulado
que
se
arrastra
de
los
tres
anteriores
ejercicios
y
que
asciende
a
2,78
millones
de
euros.
Guerra
por
tanto
de
cifras
que
harán
complicado
que
se
llegue
a un
acuerdo
porque
hasta
el
momento
no
hay
una
partida
prevista
para
actualizar
los baremos
de
los
abogados
del
Turno
de
Oficio,
reivindicación
pedida
por
la
decana
Sonia
Gumpert
para
sentarse
a
negociar.
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En la primera semana de estas movilizaciones los casos atendidos en asistencia jurídica gratuita se han reducido un 44 por ciento |
Guerra
de
cifras
entre
las
instituciones
colegiales
y la
Comunidad
de
Madrid
que
no
presagian
un
final
a
corto
plazo
de
este
conflicto
que
es.
En
estos
días
La
huelga
de
celo
de
los
5.500
abogados
del
turno
de
oficio
que
hay
en
la
Comunidad
de
Madrid,
y
que
se
lleva
desarrollando
desde
el
pasado
lunes
, ha
reducido
casi
a la
mitad
la
asistencia
jurídica
gratuita
que
se
presta
en
la
región.
Si
la
semana
pasada
los
letrados
atendieron
un
total
de
1.063
casos,
en
estos
primeros
cinco
días
la
cifra
se
ha
quedado
en
592,
un
44%
menos
según
datos
que
proporcionaron
la
propia
entidad
colegial.
Pese
a la
coyuntura
que
ya
se
conoce
y
que
no
es
la
primera
vez
de
un
problema
de
este
tipo
entre
ICAM
y
Comunidad
de
Madrid,
ya
siendo
decano
Antonio
Hernández
Gil
la
situación
era
compleja
y la
falta
de
pago
de
la
Comunidad
más
que
evidente,
la
inversión
en
justicia
gratuita
del
gobierno
madrileño
se
mantiene
en
términos
parecidos
al
del
pasado
año.
El
propio
consejero
de
Justicia
y
Presidencia,
Salvador
Victoria,
informó
de
que
el
Consejo
de
Gobierno
aprobó
este
gasto
que
irá
destinado
al
Colegio
de
Abogados
de
Madrid
y
Alcalá
de
Henares
(28,8
millones
de
euros)
y al
Colegio
de
Procuradores
(3,2
millones
de
euros).
Sin
embargo,
consultadas
fuentes
de
la
propia
Comunidad
hasta
el
momento
no
se
ha
previsto
ninguna
partida
adicional
de
cara
a
resarcir
de
la
falta
de
poder
adquisitivo
a
los
abogados
madrileños
del
turno
de
oficio.
Victoria
dijo
que
con
esta
partida,
la
Comunidad
abonará
el
tercer
y
cuarto
trimestre
de
2014
una
vez
que
sus
expedientes
han
sido
verificados
por
la
Comisión
de
Justicia
Gratuita.
Además,
indicó
que
en
2014
se
gestionaron
en
la
región
102.957
expedientes
de
asistencia
jurídica
gratuita,
un
20%
menos
que
el
año
anterior
(102.956).
Del
total
de
expedientes,
63.363
pertenecieron
al
orden
penal,
28.491
al
civil,
4.871
al
social,
5.194
al
contencioso-
administrativo
y
más
de
mil
a
otro
tipo
de
órdenes.
Sin
embargo,
este
viernes
el
ICAM
hacía
público
un
comunicado
puntualizando
las
declaraciones
del
Consejero
Victoria
y
señalando
que
los
presupuestos
madrileños
no
cubren
el
coste
real
de
la
justicia
gratuita
y
que
desde
el
2010
se
han
reducido
en
un
31
por
ciento.
De
hecho
tal
y
como
la
decana
Gumpert
comentaba
el
pasado
27
de
febrero,
fecha
de
su
última
comparecencia
ante
los
medios,
el
déficit
se
está
cubriendo
con
las
cuotas
de
todos
los
colegiados
madrileños.
Son
ellos
los
que
están
sufragando
parcialmente
y
desde
hace
años
este
servicio
público,
cuya
financiación
corresponde,
por
mandato
constitucional,
a
las
administraciones
públicas,
incluida
la
subvención
por
tramitación
de
los
expedientes
que
realizan
los
Colegios.
Victoría
también
destacó
que
la
Comunidad
de
Madrid,
a
diferencia
de
otras
regiones,
abona
cuatro
conceptos
en
la
subvención
concedida
a
los
colegios
de
abogados:
el
turno
de
oficio,
la
asistencia
al
detenido,
los
gastos
de
tramitación
(se
paga
una
cantidad
por
cada
expediente
tramitado)
y
los
gastos
de
infraestructuras.
Frente
a
esto,
añadió,
otras
comunidades,
como
País
Vasco
y
Cataluña,
sólo
abonan
los
gastos
de
funcionamiento
y no
los
de
expediente
tramitado,
como
si
ocurre
en
Madrid.
También
apuntó
que
Madrid
es
la
tercera
comunidad
que
más
invierte
en
asistencia
jurídica
gratuita,
sólo
por
detrás
de
Cataluña
y
Andalucía,
que
tienen
uno
y
dos
millones
más
de
habitantes
respectivamente.
Esto
hace
que
Madrid
sea
la
región
de
España
que
más
invierte
en
función
de
su
presupuesto,
añadió
No
es
comparable
datos
Madrid
con
otras
CCAA
Desde
el
ICAM
se
señala
que
en
cada
Comunidad
Autónoma,
según
el
Decreto
que
regula
el
pago
por
expediente
tramitado
y su
gestión,
se
realiza
con
distinto
criterio
y,
por
tanto,
no
es
posible
comparar
entre
las
distintas
CCAA
los
parámetros
de
la
subvención
concedida
a
los
Colegios
de
Abogados,
tal
como
hace
ver
el
gobierno
de
la
Comunidad
de
Madrid.
También
se
señala
que
el
Colegio
de
Abogados
de
Madrid
viene
racionalizando
al
máximo
la
gestión
del
servicio
de
Justicia
Gratuita
para
optimizar
el
gasto,
con
la
aplicación
del
expediente
electrónico
y
otras
medidas
desarrolladas
a
costa
de
la
propia
Abogacía.
ese
a
este
esfuerzo
en
la
eficiencia
del
servicio
por
ahorrar
costes,
el
Colegio
no
puede
cubrir
el
déficit
que
se
viene
arrastrando
en
los
últimos
años.
Cuando
la
Comunidad
de
Madrid
habla
de
inversión
en
Justicia
Gratuita
se
está
refiriendo
a
los
importes
de
expedientes
certificados,
según
datos
recogidos
en
la
Memoria
2013
de
Justicia
Gratuita
del
CGAE.
Así,
estos
importes
son
de
54,1
millones
de
euros
en
el
caso
de
Cataluña;
36,7
millones
de
euros
en
Andalucía;
y de
31,3
millones
de
euros
en
Madrid.
Todos
estos
datos
dejan
en
evidencia
que
el
presupuesto
que
la
Comunidad
destina
a
este
servicio
público
es
insuficiente
para
cubrir
su
coste
real
señalan
desde
el
ICAM.
Además,
Madrid
tiene
una
mayor
renta
per
cápita
y,
sin
embargo,
la
remuneración
por
asunto
es
un
51%
inferior
a
Galicia,
un
99%
respecto
al
País
Vasco
y un
36%
respecto
a
Cataluña.
Pese
al
conflicto
abierto
con
los
abogados
madrileños,
sin
actualizar
sus
baremos
desde
el
2003
y
reducidos
en
un
20
por
cien
en
el
2012,
el
propio
consejero
Victoria
aseguró
que
"la
Comunidad
de
Madrid
es
una
región
comprometida
con
la
Asistencia
Jurídica
Gratuita
como
lo
demuestran
los
107,5
millones
de
euros
que
ha
destinado
a
esta
prestación
en
los
últimos
tres
años".
Sin
embargo,
como
hemos
visto
desde
el
ICAM
se
cuestiona
esa
inversión
que
se
cataloga
insuficiente
y se
muestra
preocupación
por
no
haber
una
partida
este
año
que
pueda
devolver
el
poder
adquisitivo
a
los
abogados
del
Turno
de
Oficio.
De
momento
no
hay
nada
fijado
y
todo
parece
indicar
que
ambas
partes
se
sienten
a
negociar
será
algo
complicado.
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