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Obstáculo para acceder al crédito o a la contratación de servicios, imagen de
solvencia patrimonial y profesional afectada, y deuda de pequeña cuantía
El artículo 9.3 de la Ley Orgánica 1/1982 establece una presunción "iuris et de
iure" de existencia de perjuicio indemnizable cuando se haya producido una
intromisión ilegítima en el derecho al honor, como es el caso del tratamiento de
datos personales en los denominados “registros o ficheros de morosos” sin
cumplir las exigencias que dispone la Ley Orgánica de Protección de Datos de
Carácter Personal.
Este perjuicio indemnizable ha de incluir el daño patrimonial, y en él, tanto
los daños patrimoniales concretos, fácilmente verificables y cuantificables,
como los daños patrimoniales más difusos pero también reales e indemnizables, al
igual que los daños derivados del desprestigio y deterioro de la imagen de
solvencia personal y profesional causados por la inclusión indebida de dichos
datos en el registro o fichero. E igualmente, la indemnización ha de resarcir el
daño moral, entendido como aquel que no afecta a los bienes materiales que
integran el patrimonio de una persona, sino que supone un menoscabo de la
persona en sí misma, de los bienes ligados a la personalidad, por cuanto que
afectan a alguna de las características que integran el núcleo de ésta, como es
la dignidad.
Pues bien, la reciente jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremos
está ponderando, entre los criterios para la fijación de la indemnización
conforme al citado artículo 9.3 de la Ley Orgánica 1/1982, los supuestos en los
que la indebida inclusión de los datos personales en los “registros o ficheros
de morosos” imposibiliten o dificulten el acceso al crédito o a la contratación
de servicios por parte del afectado,
así como los mencionados de desprestigio y deterioro de la imagen de solvencia
patrimonial y profesional, aun cuando el importe de la deuda sea de pequeña
entidad, y a la luz, asimismo, de que no son admisibles las indemnizaciones de
carácter meramente simbólico en estos casos de intromisión en el derecho al
honor.
A este respecto, debe tenerse presente que la información sobre incumplimiento
de obligaciones dinerarias incluida en los mencionados registros o ficheros va
destinada a las empresas asociadas a estos últimos. Se trata de empresas que
facilitan crédito o servicios y suministros, bien porque se trate de entidades
financieras, o bien de entidades que realizan prestaciones periódicas o de
duración continuada y que facturan periódicamente sus servicios al cliente,
por lo que para ellas es importante que se trate de un cliente solvente y
cumplidor de sus obligaciones de pago. Y por ello, estos registros o ficheros
son consultados por las empresas asociadas para denegar financiación, o para
denegar la facilitación de suministros u otras prestaciones periódicas o
continuadas, a quien no merezca confianza por no haber atendido sus obligaciones
dinerarias.
Es más, en ciertos casos, estas empresas no deben facilitar crédito si consta
que el solicitante se encuentra incluido en uno de estos registros o ficheros.
Por tanto, la inclusión de los datos personales en los referidos “registros o
ficheros de morosos” y su divulgación es apta para afectar negativamente al
prestigio e imagen de solvencia del afectado y para impedirle la obtención de
financiación o la contratación de prestaciones periódicas o continuadas tales
como las de telefonía o seguros, por citar algún ejemplo.
Y en cuanto a que se trate de deudas de pequeña cuantía, no debe olvidarse que
la inclusión de los datos personales en los citados registros o ficheros es
correcta y congruente con la finalidad de informar sobre la insolvencia del
deudor y el incumplimiento de sus obligaciones dinerarias.
En este sentido, no cabe duda de que dicha inclusión evidencia que el deudor no
ha podido atender siquiera las obligaciones de pago de pequeñas deudas, o bien
su falta de formalidad en el pago de cualesquiera obligaciones dinerarias. De
ahí que el impago de una deuda de pequeño importe, siempre que la misma sea
cierta, exacta y no esté sujeta a una controversia razonable, pueda ser
indicativo de la insolvencia del deudor, con más razón –si cabe– que el
correspondiente a una deuda de elevada cuantía.
Ahora bien, de lo que acabamos de exponer se concluye que no puede aceptarse el
argumento relativo a que si la indebida inclusión de datos personales en un
“registro o fichero de morosos” se refiere a esas deudas de pequeña entidad,
esta circunstancia no supone una intromisión ilegítima en el derecho al honor de
una trascendencia considerable y que, en consecuencia, no puede dar lugar más
que a una ínfima indemnización.
Así, debe tenerse presente que la mencionada inclusión indebida no responde a un
problema de solvencia, sino a una actuación incorrecta del acreedor y que ésta
entraña, no obstante y a su vez, que quienes consultan el citado registro pueden
suponer legítimamente que ese acreedor ha cumplido con las exigencias del
principio de calidad de los datos y que, por tanto, es cierto que la persona
afectada ha dejado de cumplir sus obligaciones dinerarias.
Resulta palmario, pues, que la escasa cuantía de la deuda no disminuye la
importancia de los daños patrimoniales y morales que puede sufrir aquella citada
persona por su inclusión indebida en los tan mencionados registros o ficheros.
En definitiva, de lo expuesto se concluye que la obstaculización para acceder al
crédito o a la contratación de servicios, así como el desprestigio y deterioro
de la imagen de solvencia patrimonial y profesional, incluso cuando pueda
tratarse de una deuda de escasa cuantía, no resultan baladíes a la hora de fijar
la indemnización por la intromisión ilegítima en el derecho al honor como
consecuencia de la indebida inclusión de los datos personales en los “registros
o ficheros de morosos”.
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