MARKETING

COMUNICACIÓN

INTERNET

FORMACIÓN

RRHH

PUBLISHING & EVENTS

Q-LAWYER

DIRECTORIO

Noticias de Despachos

Operaciones

Vida Colegial Comunidad Legal Sistema Judicial Internacional
Arbitraje Mediación TIC Abogados Jóvenes Entrevistas Colaboraciones/Opinión Reportajes Agenda BLOGS LP emprende

 
 
18 de MARZO de 2015

Inclusión indebida de datos personales en los “registros o ficheros de morosos”

LAWYERPRESS

Por Miguel Ángel Serrano, Socio. Director del Departamento de Procesal y Arbitraje, Crowe Horwath, Legal y Tributario (Member Crowe Horwath International), Madrid

 

Obstáculo para acceder al crédito o a la contratación de servicios, imagen de solvencia patrimonial y profesional afectada, y deuda de pequeña cuantía

Miguel Ángel Serrano, Socio. Director del Departamento de Procesal y Arbitraje, Crowe Horwath, Legal y Tributario (Member Crowe Horwath International), MadridEl artículo 9.3 de la Ley Orgánica 1/1982 establece una presunción "iuris et de iure" de existencia de perjuicio indemnizable cuando se haya producido una intromisión ilegítima en el derecho al honor, como es el caso del tratamiento de datos personales en los denominados “registros o ficheros de morosos” sin cumplir las exigencias que dispone la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal.

Este perjuicio indemnizable ha de incluir el daño patrimonial, y en él, tanto los daños patrimoniales concretos, fácilmente verificables y cuantificables[1], como los daños patrimoniales más difusos pero también reales e indemnizables, al igual que los daños derivados del desprestigio y deterioro de la imagen de solvencia personal y profesional causados por la inclusión indebida de dichos datos en el registro o fichero. E igualmente, la indemnización ha de resarcir el daño moral, entendido como aquel que no afecta a los bienes materiales que integran el patrimonio de una persona, sino que supone un menoscabo de la persona en sí misma, de los bienes ligados a la personalidad, por cuanto que afectan a alguna de las características que integran el núcleo de ésta, como es la dignidad.

Pues bien, la reciente jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremos está ponderando, entre los criterios para la fijación de la indemnización conforme al citado artículo 9.3 de la Ley Orgánica 1/1982, los supuestos en los que la indebida inclusión de los datos personales en los “registros o ficheros de morosos” imposibiliten o dificulten el acceso al crédito o a la contratación de servicios por parte del afectado[2], así como los mencionados de desprestigio y deterioro de la imagen de solvencia patrimonial y profesional, aun cuando el importe de la deuda sea de pequeña entidad, y a la luz, asimismo, de que no son admisibles las indemnizaciones de carácter meramente simbólico en estos casos de intromisión en el derecho al honor.

A este respecto, debe tenerse presente que la información sobre incumplimiento de obligaciones dinerarias incluida en los mencionados registros o ficheros va destinada a las empresas asociadas a estos últimos. Se trata de empresas que facilitan crédito o servicios y suministros, bien porque se trate de entidades financieras, o bien de entidades que realizan prestaciones periódicas o de duración continuada y que facturan periódicamente sus servicios al cliente[3], por lo que para ellas es importante que se trate de un cliente solvente y cumplidor de sus obligaciones de pago. Y por ello, estos registros o ficheros son consultados por las empresas asociadas para denegar financiación, o para denegar la facilitación de suministros u otras prestaciones periódicas o continuadas, a quien no merezca confianza por no haber atendido sus obligaciones dinerarias.

Es más, en ciertos casos, estas empresas no deben facilitar crédito si consta que el solicitante se encuentra incluido en uno de estos registros o ficheros.[4]

Por tanto, la inclusión de los datos personales en los referidos “registros o ficheros de morosos” y su divulgación es apta para afectar negativamente al prestigio e imagen de solvencia del afectado y para impedirle la obtención de financiación o la contratación de prestaciones periódicas o continuadas tales como las de telefonía o seguros, por citar algún ejemplo.

Y en cuanto a que se trate de deudas de pequeña cuantía, no debe olvidarse que la inclusión de los datos personales en los citados registros o ficheros es correcta y congruente con la finalidad de informar sobre la insolvencia del deudor y el incumplimiento de sus obligaciones dinerarias.

En este sentido, no cabe duda de que dicha inclusión evidencia que el deudor no ha podido atender siquiera las obligaciones de pago de pequeñas deudas, o bien su falta de formalidad en el pago de cualesquiera obligaciones dinerarias. De ahí que el impago de una deuda de pequeño importe, siempre que la misma sea cierta, exacta y no esté sujeta a una controversia razonable, pueda ser indicativo de la insolvencia del deudor, con más razón –si cabe– que el correspondiente a una deuda de elevada cuantía.

Ahora bien, de lo que acabamos de exponer se concluye que no puede aceptarse el argumento relativo a que si la indebida inclusión de datos personales en un “registro o fichero de morosos” se refiere a esas deudas de pequeña entidad, esta circunstancia no supone una intromisión ilegítima en el derecho al honor de una trascendencia considerable y que, en consecuencia, no puede dar lugar más que a una ínfima indemnización.

Así, debe tenerse presente que la mencionada inclusión indebida no responde a un problema de solvencia, sino a una actuación incorrecta del acreedor y que ésta entraña, no obstante y a su vez, que quienes consultan el citado registro pueden suponer legítimamente que ese acreedor ha cumplido con las exigencias del principio de calidad de los datos y que, por tanto, es cierto que la persona afectada ha dejado de cumplir sus obligaciones dinerarias.

Resulta palmario, pues, que la escasa cuantía de la deuda no disminuye la importancia de los daños patrimoniales y morales que puede sufrir aquella citada persona por su inclusión indebida en los tan mencionados registros o ficheros.

En definitiva, de lo expuesto se concluye que la obstaculización para acceder al crédito o a la contratación de servicios, así como el desprestigio y deterioro de la imagen de solvencia patrimonial y profesional, incluso cuando pueda tratarse de una deuda de escasa cuantía, no resultan baladíes a la hora de fijar la indemnización por la intromisión ilegítima en el derecho al honor como consecuencia de la indebida inclusión de los datos personales en los “registros o ficheros de morosos”.

 

[1]     Así, por ejemplo, el derivado de que la persona afectada hubiera tenido que pagar un mayor interés por conseguir financiación al estar incluidos sus datos personales en uno de estos registros o ficheros.

[2]     Estos supuestos se incluirían entre los referidos daños patrimoniales más difusos, pero igualmente reales e indemnizables.

[3]     Como es el caso, por ejemplo, de las empresas de telefonía y servicios de internet.

[4]     En los casos de lo que se ha llamado "crédito responsable", destinado a evitar el sobreendeudamiento de los particulares, a que hacen referencia la Ley 16/2011, de 24 de junio, de Contratos de Crédito al Consumo, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, y la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios.

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Nosotros  /  Nuestro Equipo  / Contacto 

copyright, 2015 - Strong Element, S.L.  -  Peña Sacra 18  -  E-28260 Galapagar - Madrid  -  Spain - 
Tel.: + 34 91 858 75 55  -  Fax: + 34 91 858 56 977
info@lawyerpress.com  -  www.lawyerpress.com - Aviso legal