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 Tras la eliminación parcial de las Tasas Judiciales, que tanto ansiábamos no
sólo los profesionales del Derecho sino también los ciudadanos en general, es
necesario seguir revisando la Justicia, pues no todo acaba con esta normativa
que se manifestaba en contra de la ciudadanía, de los derechos y libertades de
todos los españoles. Hay distintas reformas legales previstas, pero la que debe
preverse en primer lugar es la modificación de la Jurisdicción
Contenciosa-Administrativa. Esta jurisdicción requiere y exige un cambio, una
renovación y una adaptación a los nuevos tiempos.
Nos encontramos ante el orden jurisdiccional, integrado en el Poder Judicial,
que ejerce un control exhaustivo sobre el comportamiento general de la
Administración Pública, abordando sus actos administrativos, su inactividad y su
actuación material por vía de hecho. Pero no sólo de la potestad de dictar actos
por parte de la administración, sino también del Gobierno. Se trata de una forma
de observación y por ello, debería aportar confianza y seguridad al ciudadano,
ya que se le tendría que garantizar un estudio y solución a actuaciones
consideradas no adecuadas según el criterio del Derecho.
Sin embargo, las personas de a pie ven limitado su acceso a esta jurisdicción,
pues hay un precio para ello. Las famosas costas procesales ponen un valor
económico a la defensa de los derechos de los ciudadanos. Un precio que, en
ocasiones, está muy por encima de lo que la mayoría se puede permitir.
Hay normas que contemplan la derogación del principio del vencimiento objetivo
en materia de costas o el establecimiento de una escala limitativa de las costas
para que sea aplicada por el Juzgador, pues la obligación del pago de estas
tarifas va en perjuicio, nuevamente, de los ciudadanos, porque al final son
siempre las personas físicas las primeras perjudicadas.
Actualmente, la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa es la jurisdicción más
castigada por las antiguas tasas y por las costas, que a fecha de hoy aún
continúan. Así, según los últimos datos de un informe elaborado por la
secretaría de la Junta de Gobierno de nuestra corporación, en Málaga desde la
implantación de las Tasas Judiciales los procedimientos en este ámbito sufrieron
un descenso del 38,40%. En el año 2012 se cifraban en 3.966 mientras que en 2014
sólo se dieron 2.443 recursos.
Pero no sólo afectan las tasas, sino que no es posible concebir que para litigar
contra actos administrativos que se consideran no ajustados a derecho, los
ciudadanos estén obligados a asumir el riesgo de unas costas procesales de
cuantías importantísimas. Pero no sólo por el pago obligatorio de una cifra
económica que busca conseguir la defensa de sus derechos, sino porque los
profesionales que amparan a la administración ya perciben su salario de ésta.
Estas oficinas ya cuentan con su propio cuerpo de letrados, que trabajan para
controlar y proceder ante los actos y disposiciones sobre el personal de la
Administración Pública. Es injusto que si ya hay un sueldo adecuado a la labor
que desarrollan los profesionales, los ciudadanos tengan que seguir pagando por
resolver o tratar de solventar situaciones que se desvían de lo reconocido como
derecho.
La consecuencia de todo ello es el alejamiento de los ciudadanos, pues ya no van
a la Administración para defender sus derechos. Volvemos a vivir una situación
parecida que con las conocidas Tasas Judiciales. Los españoles ya no litigan, no
se acercan a la Justicia y sus derechos se tambalean de nuevo.
Pero en esta ocasión, las costas procesales entrañan un enorme peligro al no
poder las personas de a pie discutir los actos dictados por las
Administraciones, incluso cuando se ven avocadas a ello ante el silencio
administrativo. Es muy peligroso que por tasas o por costas, el ciudadano de a
pie se vea atado de pies y manos al no poder contradecir lo que resuelva la
Administración.
No podemos permitirnos que esto siga sucediendo. Es prioridad de un Estado de
Derecho asegurar su solvencia y esto sólo podremos conseguirlo garantizando la
defensa y protección de los derechos de todos los ciudadanos, con independencia
de si pueden o no pagar una cuantía previa. Es el momento de reformar y
modernizar la Administración de Justicia. Es necesario.
Si tras años de protestas, manifestaciones… hemos conseguido la eliminación
parcial de las Tasas Judiciales, ya que desde el pasado 27 de febrero las
personas físicas quedan exentas del pago de este impuesto, ¿por qué no vamos a
conseguir implantar reformas en la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa?
A nuestro favor tenemos el acercamiento y disposición al diálogo del nuevo
ministro de Justicia, que desde su llegada el pasado mes de septiembre, ha
mostrado la importancia que tiene la puesta en común de los problemas y reformas
de la Justicia con los profesionales del Derecho. Por todo ello, por la
situación favorable dentro del ministerio y por el insostenible e injusto pago
de las costas por parte de la ciudadanía, ahora es el momento de implantar
reformas dentro de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.
Los ciudadanos lo están pidiendo y nosotros también. La modernización de la
Administración de Justicia es una necesidad, una prioridad del Gobierno. Se ha
invertido y actualizado la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y Tráfico.
¿Por qué no seguir este camino con la reforma de esta jurisdicción eliminando
las costas procesales? Ahora es el momento, estoy convencido de ello. |
