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La
Fundación
Internacional
Baltasar
Garzón
muestra
su
satisfacción
por
el
auto
del
juez
Pablo
Ruz
que
ha
ordenado
el
procesamiento
de
once
altos
cargos
marroquíes
por
presunto
genocidio
en
el
Sáhara.
El
presidente
de
FIBGAR,
Baltasar
Garzón,
quien
inició
el
procedimiento
admitiendo
a
trámite
la
querella
en
el
año
2006,
considera
que
este
auto
da
sentido
“y
confirma
los
indicios
de
que
existían
presuntos
delitos
de
genocidio
sobre
españoles”.
Jurídicamente
en
aquel
momento
e
incluso
en
la
actualidad,
los
ciudadanos
saharauis
son
españoles.
A
partir
de
ahora
se
emitirán
las
pertinentes
órdenes
de
detención
a
través
de
Interpol
y
cualquier
país
del
mundo
estará
obligado
a
proceder
a
estas
detenciones
si
alguna
de
estas
personas
pasara
por
su
territorio.
Para
el
presidente
de
FIBGAR,
“el
simple
hecho
de
que
un
organismo
judicial
diga
que
se
ha
sido
víctima
de
un
genocidio
ya
es
en
sí
mismo
una
reparación”.
Desde
noviembre
de
1975,
momento
en
que
Marruecos
ocupa
el
territorio
del
Sáhara
Occidental
-
provincia
española
número
53
hasta
la
fecha
– y
hasta
1991,
momento
en
que
se
produce
el
alto
el
fuego
entre
Marruecos
y el
Frente
Polisario,
se
produjo,
citando
el
auto
del
juez
Ruz,
"un
ataque
sistemático
contra
la
población
civil
saharaui
por
parte
de
las
fuerzas
militares
y
policiales
marroquíes"
debido
precisamente
a su
origen
saharaui
y
"con
la
finalidad
de
destruir
total
o
parcialmente
dicho
grupo
de
población
y
para
apoderarse
del
territorio
del
Sahara
Occidental."
Durante
esos
ataques
tuvieron
lugar
"bombardeos
contra
campamentos
de
población
civil,
asesinatos,
detenciones
y
desapariciones
de
personas",
"encarcelamientos
prolongados
sin
juicio"
y
"torturas
por
parte
de
los
funcionarios
militares
y
policiales
marroquíes
en
diversos
centros
oficiales
de
detención
ubicados
tanto
en
territorio
del
Sáhara
Occidental
como
en
Marruecos".
Todos
ellos
"habrían
sido
impulsados
por
los
altos
mandos"
de
los
cuerpos
militares
del
Ejército
y la
Gendarmería
marroquí,
"ejecutándose
con
la
finalidad
de
ocupar
el
territorio
del
Sáhara
Occidental
y
tomar
posesión
del
mismo."
Con
el
Auto
de
procesamiento
dictado
ayer
contra
once
altos
cargos
de
Marruecos,
el
juez
Ruz
da
continuidad
a la
querella
admitida
a
trámite
por
su
antecesor
en
el
cargo
en
2006,
confirma
de
forma
indiciaria
los
presuntos
delitos
de
genocidio
y da
el
primer
paso
hacia
la
justa
reparación
a
las
víctimas
promoviendo,
a
pesar
de
las
actuales
restricciones,
el
necesario
mecanismo
de
la
Jurisdicción
Universal
en
la
lucha
contra
las
violaciones
de
Derechos
Humanos.
Precisamente
el
hallazgo
de
ocho
cuerpos
con
documentación
española
en
una
fosa
común
ha
sido
uno
de
los
motivos
por
los
que
la
reforma
del
2014
no
ha
afectado
a la
causa
y se
han
solventado
los
primeros
obstáculos.
Sin
embargo,
el
camino
es
aún
largo
y el
Juzgado
de
Instrucción
tendrá
que
enfrentarse
a la
previsible
falta
de
colaboración
de
las
autoridades
marroquíes
y
españolas.
Si
esta
se
produce,
la
única
esperanza
de
ver
sentados
en
el
banquillo
a
los
responsables
de
estos
crímenes
será
su
detención
cuando
salgan
del
país,
como
ya
ocurrió
con
Augusto
Pinochet.
FIBGAR
reivindica
una
vez
más
la
importancia
de
la
Jurisdicción
Universal
en
la
lucha
contra
la
impunidad
y
rechaza
la
reforma
promovida
por
el
actual
Gobierno,
que
abandona
a su
suerte
las
víctimas
de
graves
violaciones
de
Derechos
Humanos
por
el
hecho
de
no
ser
españoles. |
