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Tras
el
éxito
de
la
manifestación
celebrada
el
pasado
sábado
día
11
de
sábado
contra
la
privatización
del
Registro
Civil,
el
Ministro
de
Justicia
Rafael
Catalá,
a
través
de
agencias
de
noticias,
sigue
intentando
desactivar
lo
que
ya
es
un
clamor
ciudadano
contra
dicha
privatización
afirmando
que
“el
Registro
Civil
no
se
va a
privatizar y
garantizado
que
este
servicio
seguirá
siendo
"gratuito,
público
y
cercano
al
ciudadano"
gracias
a la
progresiva
implantación
de
medios
telemáticos
con
el
apoyo
de
más
de
1.100
oficinas
del
Registro
entoda
España”.
CCOO
denuncia
que,
si
sigue
adelante
el
Gobierno
con
su
proyecto,
sí
se
va a
privatizar
el
Registro
Civil:
los
Registradores
de
la
Propiedad
y
Mercantiles
no
están
integrados
en
la
Administración,
su
personal
no
son
funcionarios
públicos,
los
datos
de
millones
de
españoles
y de
extranjeros
que
viven
en
España
serán
gestionados
por
personal
de
ámbito
privado
y
los
ingresos,
multimillonarios
además,
de
los
Registradores
proceden
de
los
beneficios
derivados
del
ejercicio
de
una
función
pública
por
la
que
cobran
directamente
a
los
ciudadanos,
como
cualquier
profesional
liberal.
Si
no
se
va a
privatizar
el
Registro
Civil,
¿por
qué
no
deja
que
sus
actuales
Secretarios
Judiciales
y
personal
de
la
Administración
de
Justicia
continuar
su
carrera
en
el
nuevo
Registro
Civil,
aprovechando
el
conocimiento
y
experiencia
adquirida
durante
tanto
tiempo?.
Al
mismo
tiempo
tras
la
manifestación
convocada
por
sindicatos,
funcionarios
y
entidades
sociales
contra
la
privatización
del
Registro
Civil,
que
se
celebró
en
Madrid
el
pasado
sábado
11
de
abril,
el
ICAB
quiere
reiterar
su
posicionamiento,
que
ha
sido
inamovible
desde
el
2013,
en
defensa
del
Registro
Civil
como
servicio
público
e
instrumento
de
garantía
de
los
derechos
básicos
de
la
personalidad,
conservación
y
publicidad
de
los
datos
del
estado
civil
de
los
ciudadanos.
También
muestra
su
solidaridad
con
los
funcionarios
y
resto
de
personas
que
pueden
verse
afectadas
por
el
proceso
iniciado
por
el
Gobierno
del
Estado.
Por
ello,
el
ICAB
se
congratula
de
las
palabras
del
‘conseller’
de
Justicia,
Germà
Gordó,
pronunciadas
el
pasado
viernes
en
Tortosa
en
contra
de
la
privatización
de
los
Registros
Civiles
y
muestra
su
apoyo
contra
este
proceso
privatizador
Para
CCOO
Catalá
miente
deliberadamente
cuando
afirma
que
los
servicios
prestados
por
el
Registro
Civil
van
a
seguir
siendo
gratuitoss para
los
ciudadanos
en
los
mismos
términos
que
en
la
actualidad.
Prueba
de
ello
son
el
proyecto
de
ley
de
tramitación
de
la
nacionalidad
española
por
residencia,
hoy
en
trámite
en
el
Senado,
que
establece
expresamente
que
el
Gobierno
podrá
establecer
aranceles
para
retribuir
a
los
Registradores
por
todas
las
actuaciones
derivadas
de
dichos
expedientes
(tramitación
del
expediente,
jura
de
nacionalidad,
inscripción
de
nacimiento
y
nacionalidad).
O el
proyecto
de
Ley
de
Jurisdicción
Voluntaria,
que
amplía
la
competencia
en
la
tramitación
de
los
expedientes
a
los
Notarios,
y
permite
el
establecimiento
de
aranceles
para
ello.
Estos
expedientes,
que
constituyen
más
del
80 %
de
expedientes
del
Registro
Civil,
hoy
son
gratuitos
y
mañana
dejarán
de
serlo.
Ejemplo
de
gratuidad
son
los
4
millones
de
euros
que
el
Ministerio
de
Justicia
va a
pagar
al
Colegio
de
Registradores
de
la
Propiedad
y
Mercantiles,
según
consta
en
la
encomienda
de
gestión
publicada
en
el
BOE
de 7
de
abril,
o
las
enmiendas
propuestas
por
el
Ministerio
de
Justicia
a un
proyecto
de
Ley
en
tramitación
en
el
Congreso,
consensuadas
con
el
Colegio
de
Registradores,
para
el
cobro
de
los
libros
de
familia,
manifestaciones
sobre
vecindad
civil,
capitulaciones,
cambios
de
nombre,
etc,
que
han
aparecido
en
diversos
medios
de
comunicación.
CCOO
denuncia
que
con
la
privatización
no
se
cumple
con
el
imprescindible
consenso
con
todos
los
grupos
parlamentarios,
que
en
su
inmensa
mayoría
rechazan
la
privatización,
y
con
toda
la
sociedad.
Si
hubiese
consenso
no
estarían
en
contra
de
la
privatización
todas
las
fuerzas
políticas
del
arco
parlamentario,
salvo
el
PP y
la
mayoría
de
las
organizaciones
sociales
y
ciudadanas.
Desde
la
central
sindical
se
rechaza
que
la
privatización
del
registro
suponga
un
modelo
más
eficiente
frente
al
actual..
Si
hay
deficiencias
o
demoras
en
algunos
Registros
se
deben
a la
falta
de
dotación
de
medios
personales
y
materiales,
responsabilidad
del
Ministerio
de
Justicia.
Esta
semana,
por
ejemplo,
algunos
registros
civiles
no
tenían
papel
para
expedir
certificados,
y el
Ministerio
no
se
lo
suministra.
Durante
meses
150.000
expedientes
de
nacionalidad
iniciados
en
el
año
2014
han
estado
paralizados
en
el
Centro
de
Digitalización
del
Colegio
de
Registradores
de
la
Propiedad,
hasta
que
el
Ministerio
ha
suscrito
por
4
millones
de
euros
una
encomienda
para
que
éstos
se
hagan
cargo
de
su
tramitación,
en
vez
de
ampliar
el
personal
del
Ministerio
de
Justicia
para
su
tramitación
y
resolución,
en
una
solución
que
habría
sido
sin
duda
alguna
mucho
menos
costosa
para
el
erario
público.
Solo
Registros
en
capitales
de
provincia
Tambien
se
denuncia
que
solo
habrá
Registros
Civiles
en
las
capitales
de
provincia
y
algunas
ciudades
de
más
de
100.000
habitantes,
desaparecerán
más
de
8.000
oficinas
actuales
de
Registros
Civiles,
y
las
supuestas
““1.100
oficinas
del
Registro”,
que
serán
los
Registros
de
la
Propiedad
y
los
juzgados
de
paz,
sólo
lo
serán
para
poder
presentar
a
través
de
ellas
las
solicitudes,
como
en
cualquier
administración
o
servicio
de
correos,
pero
que
no
prestarán
ningún
otro
servicio
como
expedición
de
certificados,
tramitación
de
expedientes
o
práctica
de
inscripciones.
CCOO
denuncia
la
dejación
del
Ministerio
de
Justicia
en
la
modernización
del
Registro
Civil.
Incluso
lla
Ley
20/2011
establece
que
el
registro
civil
debe
ser
completamente
electrónico;
en
gran
parte
ya
lo
es,
pues
desde
el
año
2001
existe
una
base
de
datos
común
para
todas
las
inscripciones,
y
que
si
no
se
ha
avanzado
más
en
la
mejora
tecnológica
del
Registro
ha
sido
por
la
falta
de
inversión
en
el
Registro
Civil
desde
que
el
PP
está
gobernando.
Por
ejemplo,
desde
hace
15
años
es
posible
visualizar,
pero
no
imprimir,
desde
cualquier
registro
civil
informatizado,
las
inscripciones
practicadas
en
otros
registros
civiles.
Para
la
mejora
tecnológica
de
los
servicios
públicos
no
hace
falta
su
privatización,
Sr.
Catalá,
basta
con
invertir
en
los
servicios
públicos.
Por
todo
ello,
CCOO
exige
al
Ministro
de
Justicia
a
que
paralice
la
privatización
del
Registro
Civil,
y
vuelva
al
consenso.
CCOO
reclama
que
el
Registro
Civil
sea
de
verdad
un
registro
civil
público,
gratuito,
moderno,
cercano
a
los
ciudadanos,
integrado
en
las
Administraciones
públicas
y
servido
íntegramente
por
personal
de
la
Administración
de
Justicia,
y no
el
bodrio
que
pretende
imponernos.
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