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17 de ABRIL de 2015

La carga del fiscal

LAWYERPRESS

Por Susana Gisbert. Fiscal de la Fiscalia Provincial de Valencia

 

            Susana Gisbert. Fiscal de la Fiscalia Provincial de ValenciaHay un viejo chascarrillo que circula por nuestros ambientes que llama a los fiscales “Los Inmortales”, haciendo la gracia de que nos llaman así porque no podemos pasar a mejor vida. La verdad es que nunca lo creí, pero en mi fuero interno albergaba la esperanza de que este trabajo, además de ser enriquecedor, resultara al menos la mitad de cómodo que lo que el viejo chascarrillo prometía. Craso error que tardé menos de un nanosegundo en comprobar.

            Pero ahí no quedó la cosa. Cuando ingresé en esta carrera, también me prometían la versión jurídico fiscal del viejo “cuando seas padre, comerás huevos”, esto es, que en cuanto el escalafón fuera corriendo, mi vida profesional iría aliviando la carga de trabajo de manera proporcional. Mi gozo en un pozo. Otro error de libro. Tampoco eso se ha hecho realidad, por más que haya pasado un tiempo más que razonable para comprobarlo.

            Y es que no sé si en algún momento del más recóndito pasado hubo base para semejantes cosas, pero hoy en día, y ya desde hace mucho, nada. Pero nada de nada.

            Los Fiscales tenemos un importante trabajo, confirmado por la propia Constitución, por más que a veces parezcamos los primos pobres de los jueces, dicho sea sin ninguna acritud. Su visibilidad ante la opinión pública y el hecho de que cuenten con un órgano de gobierno fuerte y con autonomía presupuestaria, unido a la convicción general de que “son los que mandan” hacen que sus demandas de medios y sus quejas por sus carencias y por la sobrecarga de trabajo tengan más repercusión que las nuestras. Cosas de la vida.

            Pero viajamos en el mismo barco. El mismo, por cierto, en el que deberían navegar el resto de poderes públicos, el servicio la ciudadano, aunque no siempre sea exactamente así, por desgracia. Y cada vez resulta más difícil dar ese servicio público en las condiciones en las que nos movemos. Y lo que te rondaré, morena, si la cosa no cambia.

            Ya se ha hablado largo y tendido de la miseria de nuestros medios materiales, y de la cicatería a la hora de sacar plazas lo que, unido a la supresión de los sustitutos, nos deja con una falta de medios personales que clama al cielo. A ese cielo precisamente al que se supone que no aspirábamos en el viejo chiste.

            Pero lo bien cierto es que, contrariamente a las reglas de la lógica, conforme aumenta el trabajo, disminuyen los medios. Y, aunque se presuma –en tiempo estamos de presumir y sacar pecho de cualquier cosa- que se crean plazas, éstas crecen en proporciones aritméticas mientras la carga de trabajo lo hace en proporciones geométricas, si es que lo hacen.

            Y es que atrás quedaron los tiempos es que los fiscales nos dedicábamos a calificar robos, delitos de lesiones o alcoholemias y, de vez en cuando, alguna violación o un homicidio. Hoy, además de esto, nos enfrentamos a delitos complejos, de difícil investigación y de todavía más difícil prueba, casi imposible de sacar adelante sin un despliegue de medios enorme, que sólo se suple a base de un voluntarismo y una tenacidad no siempre valorados. Delitos que requieren una dedicación exclusiva y una especialización importante, y que en modo alguno deben dejarse al albur de la improvisación.

            Pero los fiscales, además de hacer escritos de calificación, tenemos muchas más funciones. No en balde la Constitución configura al Ministerio Público como garante de los derechos de los ciudadanos y defensor de la legalidad y el interés público. Algo que tiene un contenido que debe ir más allá de palabras rimbombantes. Y que de hecho, va, aunque a veces sea al borde del colapso y a costa de robar tiempo a otras cosas.

            El Ministerio Fiscal es, a día de hoy, el único órgano especializado en muchas materias, algunas tan complejas como la lucha contra la corrupción, que cada día supone más trabajo, o los delitos económicos o de terrorismo. Violencia sobre la Mujer, tráfico de drogas, criminalidad informática, siniestralidad laboral, delitos de odio, delitos contra el medio ambiente y la ordenación del territorio o delitos contra la seguridad vial o cooperación internacional son algunas de las materias que requieren especialización, además del procedimiento de Menores, donde el Fiscal es quien lleva la Instrucción. Además, existe esa parte no tan conocida relativa a la intervención en ámbitos ajenos al penal, como en determinados campos del Derecho Civil –fundamentalmente Derecho de Familia y protección de personas con discapacidad-, en la protección de víctimas especialmente vulnerables o en materia de Consumidores y Usuarios, algo emergente y donde cada vez es mayor nuestro radio de acción.

También tenemos intervención en determinados asuntos de los Juzgados de lo Social y de lo Mercantil, e incluso en algunos ajenos totalmente a la jurisdicción, como en las comisiones de justicia gratuita. Si a este cuadro unimos las posibilidades de llevar a cabo nuestras propias investigaciones a través de las Diligencias de Investigación Penal, y los informes que se nos requieren  en cualquier punto del procedimiento, desde su iniciación hasta su ejecución, incluida la posibilidad del indulto, el panorama es mucho más amplio de lo que a priori se cree, y eso lleva en muchas fiscalías a trabajar al límite.

            El otro día colgaba un compañero en una red social una fotografía del estado de su despacho tras haber pasado un día ausente del mismo porque estaba de guardia. Lo cierto es que no se veía siquiera de qué color era la superficie de la mesa, y no es un caso excepcional. Así los encontramos todos a la vuelta de la guardia, de un juicio largo o de cualquier otro servicio, por no hablar de las vacaciones. Porque mientras nosotros no estamos, el papel sigue creciendo sin piedad.

            Y, al tiempo que nuestro trabajo crece al ritmo del siglo XXI, nuestros medios siguen anclados en el siglo XX, y nuestra ley procesal en el XIX, literalmente. Pero eso sí, para acabarlo de arreglar, ahora nos endosan una macrorreforma del Código penal con un plazo de entrada en vigor mucho más reducido que lo que es habitual para un cambio de este calado y que no solo nos obliga a estudiar, sino que supondrá la revisión de miles de expedientes para aplicar la ley más favorable al reo, como es preceptivo. Y ahí estaremos.

            Así que esto es lo que hay. Unos mimbres ligeros con los que hay que confeccionar una gran y resistente cesta. Y si agota solo de pensarlo, imaginen por un momento lo que debe ser vivirlo. ¿Inmortales? Ni en sueños.

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
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