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El
ministro
de
Justicia,
Rafael
Catalá,
se
ha
mostrado
contrario
a
reformar
la
Ley
del
Menor
para
responder
a un
caso
concreto,
si
bien
ha
reconocido
que
se
podrían
estudiar
las
aportaciones
de
los
expertos
para
revisar
una
norma
cuyo
funcionamiento
es
bueno
en
general
y
está
promoviendo
la
recuperación
y
reinserción
de
los
menores
de
14
años
con
problemas.
Catalá
ha
insistido
en
que
cualquier
tipo
de
modificación
se
debe
hacer
desde
la
“reflexión
reposada
y
razonable”.
La
postura
hasta
la
fecha
del
PP
sobre
este
tema,
en
cuanto
a la
reforma
penal
del
Menor
ha
sido
mantener
separados.
El
debate
sigue
ahí
abierto
aunque
ahora
se
oiga
menos
esta
discusión.
El
Comité
de
Derechos
del
Niño
de
la
ONU
recomienda
que
no
se
baje
de
esa
edad
y
que
aquellos
países
que
puedan
la
eleven.
La
propia
Consuelo
Madrigal,
cuando
era
Fiscal
de
Sala
de
Menores,
antes
de
ascender
al
cargo
de
FGE
se
mostraba
reacia
a
dar
una
respuesta
penal
a
los
menores
de
catorce
años
“Soy
más
partidaria
de
intervenciones
eficaces
desde
el
ámbito
de
la
educación
y la
protección
jurídica.
Aquí
tanto
los
servicios
sociales
con
el
apoyo
familiar
son
claves
para
el
seguimiento
del
niño”,
comentaba
a
nuestra
publicación.
En
un
desayuno
informativo
del
Diario
de
Burgos,
el
ministro
se
ha
referido
asimismo
a la
recuperación
de
la
economía
española
que
vive
un
proceso
de
cambio
que
ha
permitido
a
nuestro
país
superar
la
crisis
más
grave
y
profunda
que
ha
sufrido
en
muchas
décadas.
Las
mejoras
constantes
introducidas
por
el
Gobierno
en
el
modelo
productivo
y
administrativo,
ha
señalado
el
ministro,
han
permitido
que
la
economía
haya
recobrado
su
pulso
y la
creación
de
empleo
trate
de
alcanzar
el
ritmo
previo
a la
crisis.
Por
eso,
según
Rafael
Catalá,
los
españoles
deben
sentirse
orgullosos
ante
el
aumento
de
la
competitividad
de
la
economía
y
después
de
haber
logrado
garantizar
la
supervivencia
y
sostenibilidad
de
conquistas
irrenunciables
como
las
que
aporta
el
Estado
de
Bienestar.
El
ministro
ha
explicado
que
el
Gobierno
siempre
ha
tenido
claro
el
sentido
social
de
sus
políticas
y ha
trabajado
para
que
nadie
sea
excluido.
Catalá
ha
enmarcado
las
reformas
acometidas
desde
su
Departamento
en
el
terreno
de
la
Administración
de
Justicia
en
ese
proceso
global
de
cambios
y ha
destacado
algunas
de
esas
medidas,
tanto
en
la
vertiente
de
la
gestión
como
en
la
normativa.
En
el
aspecto
de
la
gestión
Catalá
ha
hecho
referencia
a
los
recursos
materiales
y
humanos
señalando
que,
por
primera
vez
en
la
Legislatura,
el
Ministerio
de
Justicia
ha
aumentado
su
presupuesto
en
un
1,2%,
mientras
que
a
finales
de
2014
se
produjo
la
mayor
ampliación
de
la
plantilla
judicial
de
los
últimos
años,
que
en
el
caso
de
Burgos
se
concretó
en
la
creación
de
una
plaza
de
magistrado
para
la
sección
1ª
de
la
Audiencia
Provincial
dentro
del
orden
penal.
Igualmente,
la
carrera
fiscal
sumó
66
nuevas
plazas
a su
plantilla
nacional,
mientras
que
la
oferta
de
empleo
público,
aprobada
el
pasado
20
de
marzo,
ha
previsto
la
dotación
de
2.026
plazas
para
la
Administración
de
Justicia.
Justicia
sin
papeles,
en
marcha
El
ministro
ha
resaltado
el
importante
impulso
tecnológico
recogido
en
el
Plan
2015
para
la
Aceleración
de
la
Justicia
en
entornos
digitales,
encaminado
a la
consecución
de
una
Justicia
digital,
abierta
e
innovadora
que
acerque
al
sector
al
objetivo
de
“papel
cero”.
En
este
sentido,
el 1
de
enero
de
2016
marcará
un
importante
hito
al
imponerse
la
presentación
telemática
de
escritos
y
documentos
en
el
mundo
de
la
Justicia.
En
el
plano
normativo
Catalá
ha
repasado
las
importantes
reformas
acometidas
en
la
Ley
Orgánica
del
Poder
Judicial
dirigidas
a
agilizar
los
tiempos
de
respuesta
de
los
tribunales
mediante
el
reparto
más
homogéneo
de
las
cargas
de
trabajo.
También
ha
subrayado
que
entre
los
objetivos
de
esta
ley
figura
el
de
lograr
una
mayor
especialización
de
los
órganos
judiciales
y la
eliminación
de
sentencias
contradictorias
a
través
de
la
adopción
de
criterios
comunes.
En
relación
con
la
reforma
de
la
Ley
de
Enjuiciamiento
Civil,
el
ministro
ha
vuelto
a
recordar
la
importancia
de
acelerar
el
uso
de
las
nuevas
tecnologías
y de
los
medios
telemáticos
y la
necesidad
de
agilizar
y
simplificar
las
notificaciones
judiciales.
Dentro
del
ámbito
del
proceso
penal
Catalá
considera
necesaria
la
adopción
de
medidas
de
agilización,
especialmente
en
lo
referente
a la
lentitud
en
procesos
relacionados
con
la
corrupción
lo
que
suscita
una
falsa
sensación
de
impunidad.
Ante
esto,
Justicia
ha
apostado
por
el
establecimiento
de
plazos
de
instrucción,
posibles
si
se
hace
realidad
una
estrecha
colaboración
entre
el
juez
instructor
y el
fiscal,
y la
supresión
del
término
“imputado”,
que
redunda
en
el
fortalecimiento
de
las
garantías
procesales.
Finalmente,
el
ministro
de
Justicia
ha
resaltado
sobre
el
nuevo
Código
Penal
el
efecto
de
la
prisión
permanente
revisable
que
atajará
la
sensación
de
impotencia
social
ante
la
salida
de
prisión
de
criminales
condenados
por
delitos
muy
graves,
como
los
terroristas
o
asesinos
de
menores,
sin
haber
dado
muestras
de
arrepentimiento
o de
que
ya
no
constituyan
una
amenaza. |
