|
Esta
fue
la
principal
reivindicación
que
expresaron
en
un
encuentro
informativo
el
presidente
de
la
Plataforma
del
Voluntariado
y de
la
Plataforma
del
Tercer
Sector,
Luciano
Poyato;
la
directora
de
la
Plataforma
del
Voluntariado,
Mar
Amate,
y el
vicepresidente
de
la
Plataforma
del
Tercer
Sector,
Luis
Cayo
Pérez
Bueno.
Aunque
reconocieron
que
los
documentos
que
están
en
trámite
son
un
"hito"
para
el
sector
de
acción
social,
también
pidieron
a
los
diputados
el
"máximo
consenso",
por
lo
que
ya
han
celebrado
varias
reuniones
con
los
portavoces
de
la
Comisión
de
Sanidad
y
Servicios
Sociales
del
Congreso.
"Tienen
que
ser
leyes
que
se
aprueben
con
un
amplio
consenso",
subrayó
Poyato,
que
recalcó
que
ambos
proyectos
de
ley
han
sido
impulsados
por
las
organizaciones
sociales.
"Vamos
a
apoyar
los
dos
proyectos
de
ley
aunque
el
del
Voluntariado
lo
tienen
que
cambiar,
porque
hay
una
parte
del
sector
social
que
no
queda
reconocido",
dijo,
en
alusión
a
que
las
organizaciones
no
podrían
trabajar
con
personas
con
antecedentes
penales.
"Pese
que
estamos
en
periodo
electoral
esperamos
que
una
gran
mayoría
apruebe
las
leyes",
agregó,
calificando
de
"trascendental"
este
marco
legislativo
porque
obliga
a un
diálogo
"constante"
entre
el
Tercer
Sector
y el
Gobierno.
Poyato,
que
recordó
que
las
organizaciones
convocantes
representan
a
más
de
29.000
entidades,
subrayó
que
han
sido
ellas
y no
los
políticos
quienes
han
impulsado
estas
leyes
para
defender
los
derechos
sociales
de
las
personas
más
excluidas.
"No
teníamos
un
cauce
establecido
con
el
Gobierno,
independientemente
de
quien
fuera
el
Gobierno",
recalcó.
Pérez
Bueno,
que
explicó
las
principales
enmiendas
que
proponen
al
proyecto
de
Ley
del
Tercer
Sector,
comentó
a
los
periodistas
que
las
enmiendas
que
han
planteado
en
esa
materia
se
refieren,
entre
otros
asuntos,
a
que
se
destinen
250
millones
de
euros
a la
lucha
contra
la
exclusión
y la
pobreza
durante
los
próximos
cinco
años,
dentro
de
una
partida
extraordinaria
al
margen
de
la
asignación
tributaria
del
IRPF.
Esta
medida
estaría
contemplada
dentro
de
un
plan
para
paliar
los
efectos
de
la
crisis,
pues
en
su
opinión
esta
situación
"no
ha
recibido
una
respuesta
extraordinaria".
Asimismo,
piden
crear
un
Observatorio
Estatal
del
Tercer
Sector,
dependiente
del
Ministerio
de
Sanidad,
Servicios
Sociales
e
Igualdad,
que
haga
informes
bienales
de
la
realidad
social
para
saber
"hacia
dónde
tiene
que
ir"
el
sector
y
que
se
impulse
una
Ley
de
Subvenciones
"específica"
para
las
entidades
sociales.
"Las
entidades
del
Tercer
Sector
gozarán
de
los
máximos
beneficios
fiscales
reconocidos
con
carácter
general
en
el
régimen
vigente
en
cada
momento"
defienden.
El
vicepresidente
de
la
Plataforma
y
presidente
del
Cermi
también
reclamó
"celeridad"
a
los
legisladores
"porque
después
de
este
esfuerzo
podrían
quedar
sin
aprobar"
ante
la
"presión
legislativa"
existente
previa
a
las
elecciones
generales.
"Como
mucho,
que
estén
aprobadas
después
del
verano",
insistió.
VOLUNTARIADO
Durante
su
intervención,
Amate
desglosó
las
enmiendas
propuestas
para
mejorar
el
proyecto
de
Ley
del
Voluntariado,
reconociendo
que
el
primer
texto
propuesto
en
enero
en
el
Consejo
de
Ministros
"prácticamente"
recogía
sus
aspiraciones,
pero
luego
se
modificó.
Amate
recalcó
que
las
ONG
no
pueden
asumir
la
responsabilidad
de
investigar
los
antecedentes
penales
del
personal
voluntario,
pues
les
daría
"un
peso
inquisidor"
y
supondría
hacer
una
función
de
"vigilancia"
que
no
les
corresponde.
"Muchas
personas
encuentran
en
el
voluntariado
una
forma
de
inserción
social",
agregó.
Las
organizaciones
insisten
en
que
el
hecho
de
que
una
persona
haya
delinquido
en
el
pasado
no
la
inhabilita
para
hacer
voluntariado
una
vez
esté
rehabilitada,
entendiendo
que
hay
algunas
excepciones,
como
que
quienes
hayan
cometido
delitos
contra
la
libertad
sexual,
trata
y
explotación
de
menores
no
puedan
trabajar
en
proyectos
de
infancia.
La
directora
de
la
Plataforma
también
se
refirió
a
otra
enmienda
relacionada
con
la
empresa,
asunto
que
queda
"velado"
en
el
último
texto
que
manejan
los
parlamentarios,
porque
"se
pueden
confundir
a
las
empresas
con
entidades
que
hacen
voluntariado".
Asimismo,
calificó
de
"desdibujada"
la
relación
entre
lo
que
se
considera
empleo
y
voluntariado.
Además,
insistieron
en
que
las
entidades
sociales
no
pueden
suplir
ni a
las
administraciones
ni a
las
empresas
en
las
labores
que
las
compete. |
