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Según la citada noticia, los “detectives privados” contratados por ciudadanos
no
es
un
despacho
de
detectives
privados
sino
una
“asesoría
especializada
en
análisis
y
estrategias
y
consultoría
en
información
crítica.”
Esta noticia ha creado malestar en el colectivo de detectives privados, ya
que,
si
bien
comparten,
como
no
podía
ser
de
otra
forma,
la
utilización
de
servicios
de
investigación
privada
en
pro
de
la
lucha
contra
el
fraude
y la
corrupción,
entienden
que
en
este
caso
se
podría
estar
incurriendo
en
intrusismo
profesional
o
incumplimiento
de
la
normativa
vigente.
La ley 5/2014 de Seguridad Privada, que regula entre otras la profesión de
detective
privado
y
sus
funciones
y
quién
está
legalmente
habilitado
para
realizar
investigación
privada,
establece
en
su
art.
48
que
los
detectives
privados
se
encargaran
“ de
las
averiguaciones
que
resulten
necesarias
para
la
obtención
y
aportación
de
información
y
pruebas..”Asi
mismo
establece
en
su
art.
37.1
que
“los
detectives
privados
se
encargaran
de
la
ejecución
personal
de
los
servicios
de
investigación
privada
a
los
que
se
refiere
el
art.48.
y
dota
a
los
despachos
de
detectives
de
“carácter
exclusivo
y
excluyente”
para
determinados
supuestos
de
actividades
de
investigación
privada
(art.
5).
Los detectives denuncian que, sobre todo en estos últimos años de crisis,
se
están
ofreciendo
servicios
propios
de
investigación
privada
por
parte
de
consultoras,
asesorías,
analistas
de
inteligencia,
etc,
que
no
son
detectives,
y
que
en
el
mejor
de
los
casos
subarriendan
licencias
o
llegan
a
acuerdos
con
algunos
detectives
para
desarrollar
servicios
de
investigación
privada
reservados
únicamente
a
despachos
de
investigación
legalmente
habilitados. |
