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 Desde hace algún tiempo, la crónica de tribunales y la política judicial tienden
a desplazar del centro de la atención periodística a la vieja y profundamente
arraigada crónica política y a competir en popularidad con el deporte y los
sucesos. Estamos asistiendo a una secuencia interminable de informaciones,
tribunas, comentarios y editoriales relacionados con procedimientos judiciales,
conflictos jurídicos y debates legislativos de toda naturaleza e índole.
Con la misma frecuencia y como sucede con los lectores, los televidentes,
radioyentes y los consumidores de producto online asisten a sesudas y acaloradas
tertulias, encuentros científicos o declaraciones de expertos, que muy bien
pueden semejarse a enconados debates políticos o a las clásicas deliberaciones
judiciales destinadas a emitir fórmulas que refuercen el encasillamiento
ideológico o, en numerosos casos, sentencias, en la ambigüedad que este concepto
puede aportar, cuando se extrapola de su contexto natural, que es el judicial.
Se puede hablar, así, de perfectos mítines políticos o ideológicos, y en su
caso, de juicios paralelos que no hacen más que materializar una evidente
presión mediática sobre reformas legislativas de gran calado social o
determinados procesos judiciales, particularmente, aquellos en los que se hayan
implicados personajes públicos tanto de la política como del arte, la cultura o
la economía y los que afectan a un gran número de personas bien como imputados,
bien como víctimas de algún tipo de delito.
A
priori e intentando la difícil conjunción de principios tan fundamentales como
el de la tutela judicial, el bien público y el derecho a la información veraz,
en ocasiones se constata que los medios, aunque sin rebasar los límites fijados
por la legalidad vigente, quebrantan importantes supuestos éticos, que inciden
de forma innegable en la serenidad e independencia, que exigen actividades
sociales de tanta trascendencia para el orden, el progreso y la justicia
social, como son el ejercicio normativo o el de la jurisdicción.
El vacío legal es muy difícil de entender, máxime cuando la tipificación de
tales relaciones, que en nuestro país pueden resultar hasta esquizofrénicas,
está legalmente resuelto en la mayoría de los países de nuestro entorno.
Posiblemente la generalización de la desmesurada presencia de los temas
jurídicos y judiciales en los medios de comunicación social tenga su arraigo en
una innegable empatía que toda sociedad proyecta sobre su Administración de
Justicia, en calidad de garante del orden y salvaguarda de los derechos, cuando
son inculcados, o de los deberes cuando los mismos resultan eludidos.
La Justicia suscita una particular sensibilidad en los miembros de cualquier
comunidad, pues de su funcionamiento dependen cuestiones tan trascendentales
como el abuso de poder, la penalización de los delitos, la apropiación indebida,
la omisión de la legalidad fiscal, el apoyo a los débiles y el freno a los
abusos de los poderosos y un sinfín de fórmulas destinadas a conseguir la paz y
la igualdad social. Todo lo anterior justifica sobradamente su calado popular y
es la razón por la que la comunicación social, incluso antes de la aparición de
la prensa, ha hecho “vox populi” de actos simbólicos y paradigmáticos del
ejercicio efectivo de la justicia, mitificándose los mismos, como ha sucedido
con el famoso “Juicio de Salomón”.
Judicialización de la sociedad
Hoy se habla con frecuencia de la judicialización de la sociedad, confrontándose
dos opiniones: una que se debe a la presión mediática y otra, que es el
resultado lógico de una sociedad, cada día, más consciente y reivindicativa de
sus derechos. Lo que sí nos parece evidente es que, por un lado, la presión
mediática de múltiples procesos judiciales y debates jurídicos, es capaz de
crear en la sociedad un cierto estado, de lo que bien podía llamarse “histeria
colectiva” respecto a determinados procesos judiciales o de reformas
legislativas, que se traduce en un poderosa fuerza de presión e instigamiento
a los medios para que éstos se pronuncien y tomen partido por adelantado.
Sin entrar en el denostado concepto de “audiencia culpable”, difícilmente
podemos negar la presencia de motivos tan viejos y contrastados como el de López
de Vega, cuando afirmaba :“Pues el vulgo es necio y, lo paga, es justo hablarle
en necio para darle gusto”. Los medios de comunicación alientan las demandas y
ejercen una poderosa figuración, en el sentido de proyectar las acciones
justicialistas de la sociedad. Se trata, simple y llanamente, de servirse de los
medios de comunicación social para ejercer actos de rechazo o aceptación de
desarrollos normativos o de condena - absolución de partes implicadas en
procesos judiciales, mucho antes de que unos y otros concluyan.
Esto, malo en sí mismo, se agrava cuando se convierte en herramienta de
manipulación propagandística que puede encaminar la acción popular hacia
actuaciones irracionales y contrarias al orden fijado por el Derecho y, sobre
todo, por la Justicia. Un ejemplo, aunque extremo, bien significativo, podrían
ser los movimientos revolucionarios, de naturaleza totalitaria, entendidos éstos
como acción de fuerza de la sociedad en apoyo o en contra las fórmulas
establecidas y de Derecho, por suponerlas injustas.
En la actualidad y con el imperativo de la democracia, el mal menor de la
gestión política, las elecciones sirven para hacer lo mismo, pero de una manera
pacífica y civilizada, es decir, se articula un hábeas legislativo y, en
consecuencia, judicial, que prima los intereses, económico, ideológicos y
culturales de la parte de la sociedad vencedora en las elecciones, con mucha
potencialidad abusivas en caso de mayorías absolutas, articulando una estructura
de Derecho, por lo general, alejada de la verdadera justicia social, en cuanto
deja prácticamente fuera de su consideración a los que no caen en la órbita de
su afinidad política o ideológica.
Los medios de Comunicación social son determinantes en estas situaciones, dada
su capacidad de manipular la opinión pública, al actuar como caja de resonancia
de los argumentarios oligárquicos de quienes ostentan el poder político, por
delegación, y del resto de los poderes fácticos afines a su particular “status
quo” .
De esta forma el mundo del
derecho, la actividad jurídica, la administración de justicia y la propia
judicatura se han convertido en objeto prioritario de la información
periodística y lo hacen en respuesta al natural interés social por todo lo
relacionado con la Justicia, que ellos suelen contaminar, ejerciendo o incitando
a accines fiscalizadoras o justicialistas.
Sin embargo y por desgracia,
el interés cualitativo y cuantitativo que los temas jurídicos y de tribunales
suscitan en la Opinión Pública y que reflejan los Medios de Comunicación Social
no se corresponde con el número de profesionales periodistas especializados en
el tema. En la práctica el número de periodistas especializados es tan reducido
como el número de publicaciones monográficas y divulgativas sobre el mismo. En
la mayoría de los casos y de espaldas a un proceso de formación específica,
dichos periodistas sustentan su relativa especialización en el hecho de una
prolongada experiencia cubriendo casi monográficamente dichos contenidos.
Pocos periodistas
expertos y realidad legislativa y juridica amplia
Esta realidad, tan
arbitraria como arriesgada, choca con la trascendencia social de la política
legislativa, jurídica y judicial y, por supuesto, muy lejos de los criterios de
rigor y veracidad que deben presidir la actividad periodística. Es de obligado
reconocimiento que el ejercicio periodístico especializado en temas
legislativos, jurídicos y de tribunales no resulta nada fácil, dada la
complejidad técnica y la amplitud y diversidad de sus contenidos especializados.
Con demasiada frecuencia,
los periodistas que cubren las informaciones sobre contenidos legislativos,
jurídicos y de tribunales en los medios, lo hacen de manera accidental y, lo
que resulta aún más preocupante, en el inicio de su propia actividad
profesional y sin ningún tipo de formación, complementaria y reglada,
relacionada con este importante campo de especialización periodística.
Esta circunstancia nos sitúa en una práctica viciada en la
que confluyen simultáneamente la insatisfacción de los responsables de la
política judicial, los operadores jurídicos y de los propios profesionales
periodistas, frente a una opinión pública tratada como sujeto pasivo y
susceptible de todo tipo de manipulaciones tendenciosas. Para los políticos y
los juristas los medios no reflejan con rigor y objetividad los contenidos
jurídicos o invaden sus competencias sentenciando o forzando sesgos ideológicos
en las normas; para los periodistas, y como dificultad añadida a su falta de
especialización, no se facilita el acceso a las fuentes primarias, lo que les
convierte en víctimas de la tendenciosidad de las secundarias.
Esta preocupante situación origina una práctica de alto
riesgo en términos de objetividad y de disfunción social en un ámbito de tanta
trascendencia para la paz y el orden y, desde ellos, para el progreso y la
justicia social, como son el Derecho, la Política Judicial y el ejercicio de la
jurisdicción. la del Poder Judicial, que, de una u otra forma, resulta urgente
e inevitable solucionar.
Y para que esa solución resulte verdaderamente eficaz,
necesita el consenso de las asociaciones de periodistas, particularmente ACIJUR,
como integradora de los comunicadores e informadores jurídicos, la universidad,
que ostenta la capacidad de impartir programas reglados de formación
especializada, complementaria a la titulación académica generalista, y el poder
judicial, como depositario del control legal de la adecuación o inadecuación a
la normativa vigente de la acción judicial.
Esas tres instituciones y pensando en el interés público,
deberían arbitrar un programa reglado de formación especializada en esta
particular área de contenido y complementaria a la licenciatura o grado de
periodismo y ofrecerlo, como necesario, para acceder al ejercicio de la
información periodística en cualquier medio de formato clásico o online. Una
propuesta válida y factible, sería ofertar un buen máster, tutelado
conjuntamente por la Facultad de Ciencias de la Información de la UCM, el
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Asociación de Comunicadores e
Informadores Jurídicos (ACIJUR). |
