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El
Pleno
del
Congreso
de
los
Diputados
aprobó
hace
unos
dias
el
informe
elaborado
por
la
subcomisión
para
el
estudio
sobre
redes
sociales
constituida
en
la
Comisión
de
Interior,
y
que
incluye
recomendaciones
de
carácter
educativo,
regulatorio,
policial
y
sectorial,
elaboradas
a
partir
de
las
aportaciones
realizadas
por
48
expertos
que
han
comparecido
ante
a lo
largo
de
13
sesiones,
celebradas
entre
el
26
de
junio
de
2013
y 3
de
septiembre
de
2014.El
informe
resume
las
aportaciones
de
los
comparecencientes
(expertos
en
tecnologías
informáticas
o
electrónicas,
redes
sociales
y
protección
a la
infancia;
profesores
y
académicos;
sector
de
la
comunicación
y
redes
sociales;
consultores;
representantes
de
asociaciones
y
fundaciones;
abogados
y
juristas
especializados;
y
autoridades
públicas);
y
recoge
el
resultado
del
análisis
documental
y el
trabajo
de
campo
realizado
por
la
Cámara.
Algunas
de
estas
iniciativas
ya
se
han
puesto
en
marcha
o
forman
parte
de
iniciativas
legislativas
aprobadas
o en
tramitación,
como
la
reforma
de
la
Ley
Orgánica
del
Código
Penal;
el
proyecto
de
reforma
de
la
Ley
de
Enjuiciamiento
Criminal,
el
proyecto
de
la
reforma
del
sistema
de
protección
a la
infancia
y la
adolescencia;
la
reforma
de
la
Ley
Orgánica
del
Código
Penal,
en
materia
de
delitos
de
terrorismo;
el
Real
Decto
de
modificación
del
currículo
educativo
de
primaria;
o el
proyecto
de
Reglamento
europeo
de
Protección
de
Datos.
Entre
las
medidas
operativas
acometidas
por
el
Gobierno,
se
mencionan
el
Plan
Director
del
Ministerio
del
Interior
en
centros
educativos;
los
Convenios
de
colaboración
de
Red.es
(con
Educación,
Interior
y
Sanidad);
la
Estrategia
Nacional
de
Ciberseguridad
y
Plan
Nacional
de
Ciberseguridad;
el
Plan
derivado
de
Cultura
de
la
Ciberseguridad;
el
Plan
derivado
contra
la
Ciberdelincuencia
y el
Ciberterrorismo,
y el
Plan
derivado
de
impulso
al
desarrollo
industrial.
El
informe
resalta
la
necesidad
de
coordinación
de
todas
las
instituciones
públicas,
tanto
de
la
Administración
General
del
Estado
como
con
las
comunidades
autónomas,
la
importancia
de
la
colaboración,
el
intercambio
de
información
y la
rapidez
en
las
respuestas
entre
todos
los
agentes
concernidos;
y la
importancia
de
la
cooperación
internacional,
tanto
en
el
nivel
de
decisión
política
como
en
el
nivel
operacional.
Asimismo,
propone
la
adopción
de
medidas
educativas,
divulgativas
y
preventivas,
junto
con
las
medidas
normativas
o
policiales;
el
fomento
de
la
autorregulación:
la
existencia
de
códigos
de
conducta
eficaces
es
preferible
a la
imposición
de
corsés
legales
o
técnicos;
y la
especial
atención
a la
protección
de
la
infancia
y la
juventud,
distinguiendo
tramos
de
edad
y
diferentes
usos.
Por
lo
que
respecta
a la
regulación,
la
subcomisión
parlamentaria
alerta
de
los
peligros
de
la
sobrerregulación.
"No
todo
se
soluciona
con
más
leyes
específicas.
Conductas
ya
previstas
por
las
leyes
generales".
Propone
regulación
de
principios
generales,
salvo
en
el
ámbito
penal,
frente
a
regulaciones
muy
detalladas,
que
se
vuelven
obsoletas
en
pocos
meses;
y
defiende
la
necesidad
de
intentar
llegar
a
soluciones
normativas
transnacionales,
puesto
que
las
redes
sociales
suelen
ser
transnacionales.
Cooperación
administrativa
y
colaboración
público-privada
En
cuanto
a
las
recomendaciones
y
medidas
concretas,
la
subcomisión
apuesta
por
la
coordinación
de
los
distintos
organismos
afectados
de
la
AGE
y de
las
CCAA
a
través
de
la
Secretaría
de
Estado
de
Telecomunicaciones
y de
la
Sociedad
de
la
Información;
el
fomento
de
un
sistema
de
autorregulación,
autocontrol
sectorial
y
arbitraje
de
las
empresas
que
operen
en
España,
con
independencia
de
su
sede;
y el
impulso
de
la
coordinación
de
entidades
sin
ánimo
de
lucro
dedicadas
a
los
menores
mediante
la
coordinación
en
una
plataforma.
Asimismo,
aboga
por
la
colaboración
público
privada
con
el
impulso
del
Foro
de
Colaboración
Público-Privado
sobre
menores
e
internet
con
participación
de
administraciones,
empresas,
ongs
y
universidades;
y
por
la
participación
ciudadana,
con
la
simplificación
de
los
sistemas
de
denuncia
por
los
usuarios
de
contenidos
y
situaciones
de
riesgo,
con
respeto
de
los
derechos
fundamentales.
Por
lo
que
respecta
a la
cooperación
internacional,
pide
la
armonización
de
los
marcos
estadísticos
nacionales,
para
medir
de
forma
consistente
acceso,
uso
y
riesgos
de
internet
en
los
menores;
mejorar
la
cooperación
transfronteriza
de
las
autoridades
policiales
y
judiciales
en
la
persecución
y
lucha
contra
el
delito;
apoyar
a
las
redes
internacionales
de
líneas
de
ayuda
y
constituir
en
España
un
"Centro
de
Seguridad
en
internet"
de
la
red
INSAFE-INHOPE;
participar
en
iniciativas
internacionales
de
concienciación
y
sensibilización;
y
apoyar
activamente
iniciativas
que
promueven
estándares
internacionales
para
interoperabilidad
(de
etiquetado,
control
parental,
etcétera).
Educación,
divulgación
y
prevención
El
informe
incide
en
las
medidas
educativas,
de
divulgación
y de
prevención,
con
especial
aténción
a
los
menores,
mediante
la
elaboración
coordinada
de
contenidos
de
formación
y
sensibilización
por
las
autoridades
educativas
competentes;
la
capacitación
de
los
menores
en
competencias
digitales
con
un
contenido
que
no
se
limite
a
seguridad
digital,
sino
orientada
a
"ciudadanía
digital";
la
inclusión
de
lecciones,
en
el
primer
ciclo
de
primaria,
sobre
los
usos
y
riesgos
de
la
red,
con
ejemplos
de
webs
y
conductas
peligrosas
para
su
intimidad;
y
las
acciones
formativas
en
centros
escolares
para
prevenir
el
sexteo
(sexting),
así
como
cualquier
tipo
de
acoso
(acoso
escolar
¿bulliyng¿,
grooming¿)
a
través
de
las
TIC.
En
cuanto
a la
formación
de
mayores,
plantea
la
capacitación
de
maestros
y
profesores;
el
fomento
de
la
revisión
de
los
planes
de
estudio
para
adaptarse
a la
evolución
tecnológica;
la
formación
de
padres
que,
como
en
otras
actividades
que
comportan
riesgos,
deben
acompañar
a
sus
hijos
en
su
aprendizaje;
la
formación
específica
para
Jueces,
Fiscales
y
personal
de
la
Administración
de
Justicia,
Fuerzas
y
Cuerpos
de
Seguridad
y
personal
socio-sanitario;
las
campañas
públicas
sobre
el
uso
responsable
de
redes
sociales
para
prevenir
la
justificación
de
la
violencia:
terrorista,
de
género;
y la
puesta
en
marcha
de
un
programa
de
prevención
de
adicciones
tecnológicas,
desde
la
adolescencia,
basado
información,
sensibilización
y
pautas
prácticas
de
acción.
Por
último,
propone
medidas
regulatorias,
de
carácter
penal,
con
la
incorporación
en
el
Código
Penal
de
una
definición
de
"pornografía
infantil",
la
tipificación
como
delito
del
acceso
en
línea
a
archivos
con
pornografía
infantil
y el
visionado
en
streaming;
la
regulación
del
"agente
encubierto"
con
autorización
judicial
previa
y
sólo
para
la
investigación
de
delitos
graves
y
especialmente
complejos;
el
apoyo
a la
prohibición
de
uso
de
troyanos
por
la
policía
sin
autorización
judicial
para
acceder
a
ordenadores
de
personas
meramente
sospechosas;
y el
estudio
de
la
tipificación
penal
de
la
suplantación
de
la
identidad
en
el
entorno
digital,
sin
perjuicio
de
la
responsabilidad
por
otros
delitos
conexos.
Adaptar
a
entorno
digital
Ley
Derecho
al
honor
Fuera
del
ámbito
penal,
se
refiere
a
adaptar
al
entorno
digital
la
Ley
Orgánica
de
Protección
Civil
del
Derecho
al
Honor,
a la
Intimidad
personal
y
familiar
y a
la
propia
Imagen,
con
especial
atención
a la
notoriedad
y
vulnerabilidad
de
las
personas
ofendidas;
apoyar
medidas
cautelares
de
los
Jueces
para
ordenar
la
retirada
o
bloqueo
del
acceso
a
contenidos
ilícitos,
penales
o
civiles;
realizar
una
regulación
sectorial
de
la
seguridad
y
privacidad
por
defecto
o
"por
diseño"
de
los
productos
y
servicios
TIC
y de
la
Sociedad
de
la
Información;
apoyar
el
reconocimiento
del
"derecho
al
olvido",
particularmente
si
los
datos
se
hubieran
dado
cuando
los
titulares
eran
menores;
y
mejorar
la
protección
integral
de
los
menores
y su
educación
en
la
utilización
de
las
redes
sociales.
La
subcomisión
se
refiere
también
a
medidas
policiales,
como
el
refuerzo
de
los
recursos
humanos
y
tecnológicos
para
la
lucha
contra
la
pornografía
infantil
en
internet;
la
colaboración
de
las
empresas
en
la
detección,
información
rápida
a
las
fuerzas
policiales
y
retirada
de
la
pornografía
infantil;
el
refuerzo
de
la
cooperación
con
cuerpos
policiales
y
con
empresas
proveedoras
de
servicios
TIC
y
las
líneas
de
denuncia
de
organizaciones
privadas;
o el
incremento
de
la
cooperación
internacional
para
la
lucha
contra
el
abuso
sexual
y
pornografía
infantil.
Por
último,
el
Congreso
aboga
por
medidas
sectoriales,
como
el
impulso
de
un
sistema
de
etiquetado
inteligente
de
contenidos
digitales,
basado
en
tecnología
semántica
y
reentrenable
por
los
usuarios;
la
clasificación
o
recomendación
por
edades
de
las
Aplicaciones
(apps),
en
el
mismo
sentido
que
el
sistema
PEGI
para
los
videojuegos;
la
promoción
de
medidas
técnicas
de
control
parental
que
preserven
a
los
menores
frente
al
riesgo
de
exposición
a
contenidos
nocivos;
el
estudio
de
la
viabilidad
de
los
diferentes
modelos
de
filtrado
de
contenidos
por
los
operadores,
para
bloquear
el
acceso
a
contenidos
nocivos
para
los
menores;
o
los
mecanismos
de
verificación
de
la
edad
para
restringir
el
acceso
de
los
menores
a
sitios
web
que
ofrezcan
contenidos
para
adultos.
En
materia
de
protección
de
menores,
insiste
en
estudiar
mecanismos
eficaces
que
permitan
a
los
padres
solicitar
el
borrado
de
contenidos
o
imágenes
que
afecten
a
sus
hijos
menores
de
edad,
sin
perjuicio
de
su
conservación
si
afectan
a
derechos
o
responsabilidades
de
otras
personas;
establecer
un
control
de
la
publicidad
y
del
acceso
desde
las
redes
sociales
a
plataformas
de
juego
on-line,
especialmente
por
parte
de
menores;
y la
creación
de
premios
o
"sellos"
de
responsabilidad
social
específicos,
por
la
contribución
de
empresas
a la
protección
de
los
menores
en
internet.
El
establecimiento
de
protocolos
de
seguridad
de
redes
wifi
accesibles
al
público,
para
que
no
se
pueda
violar
la
intimidad
de
los
ciudadanos
que
se
conecten
y la
implantación
de
sistemas
para
la
identificación
segura
en
webs
que
requieran
el
uso
de
datos
bancarios
o
tarjetas
de
crédito
y,
en
todo
caso,
del
DNI-e
3.0
son
otras
de
las
recomendaciones
planteadas
por
la
subcomisión. |
