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El
ministro
de
Interior
alertó
ayer
en
ESADE
Law
School
de
los
riesgos
del
cibercrimen,
que
es
ya
el
tercer
tipo
de
delitos
más
rentable
para
la
delincuencia
a
nivel
mundial,
tras
el
narcotráfico
y la
prostitución,
moviendo
500.000
millones
de
euros
al
año
en
todo
el
mundo”,
ha
explicado
Fernández
Díaz,
al
tiempo
que
ha
señalado
que
“el
cibercrimen
aumenta
un
12%
anual
en
Europa
y
también
en
España,
representando
el
80%
de
los
delitos
y
estafas
y el
10%
pornografía
infantil”.
Jorge
Fernández
Díaz
en
una
Master
Class
a
los
alumnos
de
ESADE
Law
School
detalló
las
“indudables”
implicaciones
económicas
que
tiene
la
seguridad
en
España.
Al
comienzo
de
la
conferencia,
titulada
"España:
la
seguridad
y su
dimensión
económica",
Fernández
Díaz
ha
destacado
que
la
seguridad
debe
entenderse
como
un
concepto
integral,
siendo
“uno
de
los
principios
básicos
sobre
el
cual
edificar
una
sociedad
libre
y
democrática”.
“España
es
uno
de
los
países
más
seguros
de
nuestro
entorno
subrayó
el
ministro
del
Interior-
pero,
a
pesar
de
los
niveles
de
seguridad
de
los
que
gozamos,
es
evidente
que
la
seguridad
absoluta
nos
es
más
que
una
quimera
que
no
existe
en
ningún
lugar
del
mundo”.
En
este
sentido,
Fernández
Díaz
recordó
que
“todos
los
países
estamos
hoy
en
día
expuestos
a
una
serie
de
amenazas
comunes
como
son
el
crimen
organizado
y la
ciberdelincuencia,
pero
también
estamos
expuestos
al
terrorismo
protagonista
del
siglo
XXI,
que
es
el
terrorismo
yihadista”.
A
este
respecto,
el
titular
de
Interior
comentó
que
“España
está
trabajando
en
la
colaboración
internacional,
liderando
en
Europa
iniciativas
y
trabajos
sobre
el
tema,
también
en
la
prevención,
detección
y
combate
a
los
terroristas”,
al
ser
un
país
que
ha
luchado
contra
el
terrorismo
durante
40
años
en
el
pasado,
y lo
hace
con
“unos
Servicios
de
Inteligencia
y
unas
Fuerzas
y
Cuerpos
de
Seguridad
muy
especializados,
coordinados
entre
ellos
y
con
una
enorme
experiencia
en
la
lucha
contra
el
terror”.
En
lo
que
respecta
al
turismo,
el
ministro
del
Interior
recordó
que
España
es
el
tercer
país
receptor
de
turistas
a
nivel
mundial,
y
que,
además,
una
encuesta
realizada
por
el
sector
turístico
entre
quienes
nos
visitan
revela
que
“los
turistas
extranjeros
valoran,
tras
la
belleza
paisajística
de
nuestro
país,
la
seguridad
como
el
segundo
factor
a la
hora
de
escoger
España
como
destino
de
sus
vacaciones”.
“Estamos
por
tanto
ante
la
realidad
de
que
la
seguridad
produce
puestos
de
trabajo
y
riqueza,
convirtiéndola
en
un
activo
económico
y en
una
de
las
grandes
fortalezas
de
España
– ha
subrayado
Fernández
Díaz-
y
que
las
medidas
políticas
adoptadas,
cuyo
emblema
es
el
Plan
Turismo
Seguro,
han
sido
un
gran
acierto”.
El
ministro
del
Interior
sostuvo
que
seguridad
y
libertad
son
conceptos
complementarios:
“a
más
seguridad
siempre
habrá
más
libertad”,
subrayó,
siendo
ésta
la
“premisa
básica
que
hace
que
un
país
más
seguro
atraiga
más
turistas
extranjeros
o
que
un
país
con
una
mayor
estabilidad
atraiga
más
inversiones
procedentes
del
extranjero”.
La
seguridad
es
por
tanto
“un
bien
social
imprescindible
-ha
subrayado-
y
ésta
es
la
idea
central
de
la
Estrategia
de
Seguridad
Nacional
aprobada
en
2013”.
Además,
Fernández
Díaz
recordó
que
en
dicha
Estrategia
se
dice
textualmente
que
“garantizar
la
seguridad
es
una
responsabilidad
del
Gobierno,
pero
también
es
una
tarea
de
todos”,
y en
este
sentido
ha
destacado
la
importancia
de
la
“colaboración”,
especialmente
en
lo
referido
al
mantenimiento
de
la
ciberseguridad
en
la
que
“tan
necesaria
es
la
colaboración
público-privada
para
que
la
red
sea
un
entorno
seguro”.
El
crimen
organizado
y su
Impacto
económico
El
ministro
del
Interior
explicó
también
que
la
lucha
contra
el
crimen
organizado
es
otra
de
las
políticas
en
las
que
“es
más
evidente
la
repercusión
económica
que
tiene
la
seguridad”,
y,
en
este
sentido,
ha
ofrecido
cifras
sobre
la
dimensión
económica
del
crimen
organizado
en
España:
“el
patrimonio
estimado
atribuido
por
los
cuerpos
de
seguridad
a
los
grupos
de
crimen
organizado
en
2014
es
de
1.971
millones
de
euros;
sus
ingresos,
en
cifras
aproximadas,
se
estiman
en
517
millones
de
euros;
y el
impacto
de
la
Trata
de
seres
humanos
con
fines
de
explotación
sexual
se
cifra
en
3.800
millones
de
euros,
el
0,35%
del
PIB”.
Así,
“la
potenciación
y
mejora
de
las
investigaciones
policiales
en
la
lucha
contra
el
crimen
organizado
es
una
de
las
líneas
de
acción
estratégicas
que
se
reseñan
en
la
Estrategia
de
Seguridad
Nacional
y
una
de
las
misiones
del
Centro
de
Inteligencia
contra
el
Terrorismo
y el
Crimen
Organizado
(CITCO),
dependiente
del
Ministerio
del
Interior”.
En
2014,
“se
incautaron
a
estos
grupos
efectos
por
valor
de
494
millones
de
euros,
sin
contar
con
estupefacientes,
y se
localizaron
bienes
por
valor
estimado
de
53
millones
de
euros,
que
se
suman
a
los
188,8
millones
de
euros
localizados
entre
2010
y
2013”,
ha
explicado
Fernández
Díaz.
La
lucha
contra
los
delitos
contra
la
propiedad
intelectual
e
industrial
constituye
otra
de
las
políticas
de
seguridad
con
“indudable
connotación
económica”
a
las
que
se
refirió
el
ministro
del
Interior
durante
su
intervención.
Fernández
Díaz
destacó
que
“gracias
a la
actuación
de
la
Policía
Nacional
y de
la
Guardia
Civil,
y en
lo
que
se
refiere
a
delitos
contra
la
propiedad
industrial,
en
2013
se
realizaron
2.434
operaciones
en
las
que
se
intervinieron
más
de
cinco
millones
de
objetos
falsos
valorados
en
más
de
810
millones
de
euros,
y se
produjeron
2.155
imputaciones
y
detenciones”.
En
relación
al
fraude
a la
seguridad
social
o en
las
relaciones
laborales,
el
ministro
del
Interior
ha
afirmado
que
es
necesario
“mostrarse
intolerantes
ante
estas
conductas
que,
además
de
delictivas,
son
profundamente
insolidarias
e
incívicas
pues
perjudican
a
toda
la
sociedad”.
Así
pues,
“este
fraude
debe
ser
perseguido
con
ahínco”,
y
ése
es
precisamente
el
objetivo
del
Plan
de
Lucha
contra
el
empleo
irregular
y el
fraude
a la
Seguridad
Social
aprobado
en
2012,
cuyo
impacto
económico
global
“ha
alcanzado
al
cierre
del
primer
trimestre
de
2015
la
cifra
de
12.222
millones
de
euros,
habiendo
hecho
aflorar
274.000
empleos
y
128.000
contratos
temporales”.
En
definitiva,
“la
persecución
de
estos
delitos
permite
al
Estado
gastar
menos
en
quien
no
lo
merece,
permite
recuperar
activos
que
estaban
en
situación
irregular
y,
en
síntesis,
aportan
un
gran
beneficio
a la
economía
de
todos
los
ciudadanos”,
señaló.
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