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“El
Notariado
ha
apoyado
siempre
las
propuestas
y
reformas
que
mejoran
la
protección
de
los
consumidores”,
manifestó
José
Manuel
García
Collantes,
presidente
del
Consejo
General
del
Notariado,
en
la
inauguración
de
la
jornada
de
debate
sobre
La
protección
de
los
derechos
de
los
consumidores,
que
tuvo
lugar
este
viernes
en
la
sede
de
la
Dirección
General
de
Consumo
de
la
Comunidad
de
Madrid,
organizada
por
ambas
entidades.
Entre
las
principales
iniciativas
puestas
en
marcha
por
el
Consejo
General
del
Notariado
para
incrementar
la
seguridad
jurídica
de
los
usuarios,
García
Collantes
destacó
‘la
creación
en
2013
del
Órgano
de
Control
de
Cláusulas
Abusivas
(OCCA)”.
Por
su
parte,
Mar
Pérez
Merino,
directora
general
de
Consumo
de
la
Comunidad
de
Madrid,
señaló
que
“la
trasposición
de
la
Directiva
83/2011
de
la
Unión
Europea
ha
conseguido
que
se
regule
de
forma
más
clara
la
protección
al
consumidor”.
En
su
opinión,
“contar
con
un
ordenamiento
europeo
aporta
mayor
seguridad
jurídica”.
Pérez
destacó
que
desde
las
comunidades
autónomas
se
realiza
un
gran
esfuerzo
en
pro
de
los
derechos
de
los
ciudadanos.
“En
Madrid
hemos
modificado
normativas
antes
de
que
lo
hiciera
la
legislación
estatal,
por
ejemplo,
en
materia
de
cláusulas
abusivas,
para
que
cuando
desde
la
Dirección
General
de
Consumo
se
inicien
expedientes
sancionadores
no
haya
fisuras
jurídicas
en
los
procesos
contenciosos”,
aseguró.
El
director
de
las
jornadas
Lorenzo
Prats
–catedrático
de
Derecho
Civil
de
la
Universidad
Autónoma
de
Barcelona-
recordó
que
desde
que
se
celebraron
hace
un
año
las
primeras
jornadas
conjuntas
entre
la
Dirección
General
de
Consumo
de
la
CC.AA.
de
Madrid
y el
Notariado,
“se
ha
recorrido
bastante
camino
en
la
protección
de
los
derechos
de
consumidores”.
Cláusulas
suelo
Tras
la
inauguración,
tuvieron
lugar
las
intervenciones
de
Ana
Álvarez
de
Yraola
y
Raquel
Blázquez,
magistradas
jueces
de
Primera
Instancia
de
Madrid,
y de
Gregorio
de
la
Morena,
presidente
de
la
Comisión
de
Consumo
del
Colegio
de
Abogados
de
la
capital.
Álvarez
se
centró
en
las
cláusulas
abusivas
de
los
préstamos
hipotecarios,
apuntando
que
“se
ha
avanzado
mucho
porque
el
consumidor
cada
vez
es
más
beligerante;
y
debe
seguir
así”.
La
magistrada
recordó
que
“es
el
Tribunal
de
Justicia
Europeo
el
que
sienta
las
jurisprudencia
sobre
consumo”,
y
que
dicho
tribunal
ha
dejado
claro
que
“si
el
juez
español
considera
que
una
cláusula
es
abusiva,
está
será
nula
y el
banco
no
podrá
recalcularla”.
Por
su
parte,
Blázquez
abundó
en
la
casuística
de
las
conocidas
como
‘clausulas
suelo’,
que
podrían
haber
afectado
a
más
de
cuatro
millones
de
hipotecas,
según
las
organizaciones
de
consumidores.
La
magistrada
analizó
las
diferentes
sentencias
del
Tribunal
Supremo
sobre
la
materia
que
clarifican
“diferentes
aspectos
de
las
cláusulas
suelo,
diseñando
un
control
de
transparencia”.
Sobre
las
cláusulas
suelo,
el
abogado
de
la
Morena,
manifestó
que
‘vinieron
a
sustituir
a
las
de
redondeo,
que
ya
fueron
declaradas
nulas
en
su
momento.
Algunas
entidades
tenían
informes
donde
se
discutía
su
legalidad
y no
las
incluyeron
en
sus
contratos.
En
su
opinión
“ha
habido
cierta
impunidad
en
las
conductas
de
determinadas
entidades
financieras,
por
ejemplo
en
la
concesión
de
créditos
por
encima
del
tanto
por
ciento
determinado
por
la
Ley
del
Mercado
Hipotecario;
o en
las
prácticas
de
algunas
sociedades
de
tasación”.
El
Registro
de
Condiciones
Generales
de
Contrataciones
En
el
segundo
panel
de
expertos
participaron
Juan
Arturo
Moreno,
subdirector
general
de
Inspección
y
Control
de
Mercado
de
la
dirección
general
de
Consumo
de
la
Comunidad
Autónoma
de
Madrid;
el
notario
Javier
Martínez
del
Moral;
el
registrador
de
Bienes
Muebles
Central,
Antonio
Fernández-Golfín,
y el
presidente
de
ADICAE,
Manuel
Pardos.
Todos
ellos
coincidieron
en
señalar
el
mal
funcionamiento
del
Registro
de
Condiciones
Generales
de
Contratación,
en
el
que
han
de
estar
inscritas
las
sentencias
firmes
que
declaran
una
cláusula
abusiva
para
que
los
notarios
puedan
exigir
retirarlas
de
una
escritura.
Juan
Arturo
Moreno
puso
en
valor
la
importante
actuación
que
llevan
a
cabo
las
áreas
de
consumo
autonómicas,
ya
que
es
el
primer
lugar
al
que
suelen
acudir
los
consumidores.
El
subdirector
planteó
que
‘la
información
que
tenemos
en
nuestra
Dirección
General
sobre
prácticas
abusivas,
y
que
está
registrada,
debería
hacerse
pública.
Sin
embargo,
el
Registro
de
Condiciones
Generales
de
Contratación
no
permite
su
inscripción,
ya
que
es
potestativa,
a
pesar
de
que
el
juez
haya
establecido
su
abusividad.
Desde
Consumo
hemos
instado
para
que
la
inscripción
sea
obligatoria”.
La
iniciativa
de
Moreno
fue
bien
acogida
por
otros
ponentes.
Así
Manuel
Pardos,
se
comprometió
a
intentar
incorporar
a
este
Registro
las
sentencias
sobre
consumo
de
los
procesos
en
los
que
su
asociación
ADICAE
interviene
como
parte.
El
notario
Martínez
del
Moral
incidió
en
que
dicho
registro
debería
ser
gratuito
e
insistió
en
su
deficitario
funcionamiento,
que
hace
imposible
que
los
notarios
puedan
conocer
las
sentencias
firmes
que
declaran
abusiva
una
cláusula
y
que
supuestamente
están
inscritas
en
él.
Del
Moral
recordó
la
importancia
de
que
“los
consumidores
defiendan
su
derecho
a
elegir
notario”,
dado
que
este
tiene
que
“tratar
de
prevenir
el
litigio,
velando
por
la
parte
más
débil”.
Por
último,
el
registrador
Fernández-Golfín
recordó
que
el
Registro
General
de
Condiciones
Generales,
que
llevan
los
registradores
mercantiles
y de
la
propiedad,
“es
voluntario,
en
él
que
solo
los
predisponentes
pueden
solicitar
la
inscripción,
con
un
buscador
que
no
busca
por
conceptos”.
Fernández
Golfín
señaló
que
puede
haber
en
él
unas
70.000
condiciones
depositadas,
pero
de
muy
difícil
consulta,
y
tan
sólo
18
sentencias
judiciales,
“a
pesar
de
que
entró
en
vigor
en
1998,
hace
25
años,
por
lo
que,
en
su
opinión,
“quizá
habría
que
plantearse
suprimirlo”. |
