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El
ministro
de
Justicia,
Rafael
Catalá,
descarta
reformas
legislativas
que
permitan
adecuar
la
normativa
española
al
derecho
comunitario.
Su
compromiso
para
la
defensa
de
los
derechos
del
consumidor
se
reduce
a la
creación
de
juzgados
especializados
reforzados
con
peritos
economistas,
contables
o
fiscalistas.
“El
objetivo
es
que
no
todos
hagan
todo
y
eso
está
previsto
en
la
reforma
de
la
Ley
Orgánica
del
Poder
Judicial
y en
la
Ley
de
Enjuiciamiento
Civil”,
señaló
en
un
desayuno
informativo
organizado
por
el
Club
Diálogos
para
la
Democracia.
Catalá
defiende
sus
reformas,
la
justicia
sin
papeles
para
la
que
ha
creado
una
Comisión
con
todos
los
operadores
jurídicos
y
cree
que,
salvo
las
macrocausas,
los
temas
en
nuestros
juzgados
se
solventan
de
forma
rápida
pese
a la
opinión
mayoritariamente
en
contra
de
jueces,
fiscales
y
asociaciones
profesionales
sobre
esta
cuestión.
Y es
que
para
el
propio
Catalá
el
principal
problema
que
tiene
nuestra
justicia
es
la
organización
por
encima
de
la
falta
de
medios
humanos
y
materiales
que
le
reclaman
de
forma
continuada
Para
el
despacho
Navas
&
Cusí
el
compromiso
del
ministro
resulta
insuficiente.
“Los
tribunales
están
reprochando
de
manera
reiterada
la
mala
praxis
bancaria
en
preferentes,
swaps
o
hipotecas
multidivisa;
lo
razonable
es
no
esperar
al
reproche
judicial
y
modificar
la
legislación
para
adecuarla
al
derecho
comunitaria
y
proteger
adecuadamente
los
derechos
de
los
consumidores”,
señala
Juan
Ignacio
Navas,
socio-director
de
Navas
&
Cusí.
Por
otra
parte,
el
ministro
ha
anunciado
que
el
nuevo
Código
Penal
que
entrará
en
vigor
el
próximo
1 de
julio
contempla
una
agencia
de
recuperación
de
activos
que
“podrá
incautar
bienes
para
hacer
frente
a
las
responsabilidades;
el
mensaje
es
claro:
el
que
la
hace,
la
paga”.
En
cuanto
al
anuncio
del
15M
de
promover
una
concentración
el
día
de
reflexión,
Catalá
considera
que
deberá
ser
la
delegación
del
gobierno
y el
ministerio
del
Interior
quien
valore
si
estos
actos
son
contrarios
a lo
establecido
en
la
ley
electoral
que
“prohíbe
la
celebración
de
actos
políticos
en
la
jornada
de
reflexión”,
según
ha
recordado
el
ministro.
Sobre
la
decisión
del
CGPJ
de
hacer
públicas
los
datos
de
los
defraudadores
fiscales
se
ha
mostrado
satisfecho
por
tratarse
de
“insolidarios
con
los
servicios
públicos”
y ha
aprovechado
para
señalar
que
la
votación
demuestra
que
las
etiquetas
de
conservadores
y
progresistas
“no
son
correctas;
han
votado
con
su
conciencia
y su
criterio”.
¿Y
la
utilización
del
voto
de
calidad
del
presidente
Lesmes?
“El
presidente
ha
votado
y su
voto
de
calidad
forma
parte
de
las
reglas”.
En
cuanto
a la
publicidad
de
la
lista
de
pederastas,
Catalá
se
ha
mostrado
partidario
que
haya
un
registro
internacional
que
permita
la
colaboración
y la
eficacia
“no
tanto
darle
publicidad¡
en
general”.
Además,
ha
aprovechado
el
período
electoral
para
señalar
la
necesidad
de
una
“reválida”
que
permita
al
gobierno
“avanzar
en
la
agenda
reformista”.
En
este
sentido
ha
calificado
de
“exceso
de
creatividad”
la
propuesta
de
Ciudadanos
de
controlar
los
metros
cuadrados
por
habitante
para
evitar
‘pisos
patera’.
“No
es
la
función
de
ningún
gobierno
y
desde
luego
no
forma
parte
de
nuestras
prioridades;
creo
que
esta
propuesta
como
la
de
suprimir
ayuntamientos
o
impedir
que
participen
en
la
regeneración
los
que
hayan
nacido
antes
de
determinada
fecha,
forma
parte
de
un
ejercicio
de
creatividad”.
Por
último,
en
cuanto
al
control
de
las
informaciones
publicadas
por
la
prensa,
ha
recordado
que
el
derecho
a la
información
“como
todos,
no
es
absoluto”
y
que
“hay
que
garantizar
la
presunción
de
inocencia
como
se
hace
en
los
países
de
nuestro
entorno”.
No
obstante,
ha
garantizado
que
de
los
11
proyectos
de
ley
previstos
hasta
final
de
legislatura
“ninguno
contempla
sanciones
a
los
medios
ni
limitación
en
el
derecho
a la
información”. |
