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Los
directivos
son
los
primeros
en
dar
la
voz
de
alerta
sobre
las
prácticas
“poco
éticas”
en
los
negocios.
En
concreto,
en
España,
7 de
cada
10
manifiestan
que
sobornos
y
corrupción
no
solo
estarían
justificadas,
sino
que
son
habituales
en
el
proceder
de
las
empresas.
Las
cifras
duplican
incluso
a
las
registradas
en
la
media
de
los
países
de
Europa
Occidental
analizados,
donde
el
35%
percibe
este
modus
operandi.
Los
riesgos
derivados
del
fraude
y la
corrupción
pueden,
además,
ser
un
freno
en
la
expansión
internacional
de
muchas
empresas.
Dichos
procesos
de
expansión,
unidos
a la
presión
por
conseguir
nuevas
fuentes
de
ingresos
suelen
generar
nuevos
riesgos
en
esta
materia.
Estas
son
algunas
de
las
conclusiones
del
informe
de
EY
(antes
Ernst
&
Young)
Fraud
and
corruption
–
the
easy
option
for
Growth?,
elaborado
entre
directivos
–miembros
del
consejo
de
administración,
directivos
y
otros
empleados-
de
un
total
de
38
países
de
EMEIA
(Europe,
Middle
East,
India
y
África),
entre
ellos
España.
Entre
otros
aspectos,
el
estudio
de
EY
refleja
que
ocupamos
el
puesto
13
de
un
total
de
38
entre
los
que
en
mayor
medida
sus
directivos
perciben
comportamientos
poco
éticos
en
los
negocios
(Ver
Anexo
I).
Nuestra
posición
resulta
peor
parada
que
la
obtenida
por
Italia,
Egipto,
Turquía
o
Rusia.
Dentro
de
este
mismo
ranking,
Croacia
se
sitúa
a la
cabeza
mientras
que
Dinamarca,
a la
cola,
es
el
país
donde
sus
directivos
menos
perciben
estas
prácticas:
un
4%
Un
puesto
que
surge
al
albur
de
algunas
de
las
conclusiones
reflejadas
en
el
informe.
Entre
ellas,
la
de
dar
por
buenos
“errores”
justificables
si
estos
ayudan
a la
supervivencia
del
negocio,
como
negociar
nuevos
“descuentos
retroactivos”
con
los
proveedores,
que
aprueba
el
36%,
o
retrasar
el
pago
de
facturas,
que
defiende
el
14%.
De
hecho,
un
15%
de
los
encuestados
en
nuestro
país
comenta
que
estas
prácticas
han
tenido
lugar
en
los
últimos
meses
en
sus
empresas.
Otra
de
los
“recursos”
en
entredicho
en
el
mundo
de
los
negocios
que
no
pasa
de
moda
es
el
de
los
sobornos.
Un
46%
de
los
encuestados
en
España
lo
justifica
si
esto
contribuye
a la
supervivencia
del
negocio.
El
34%
opta
por
obsequiar
con
regalos
personales,
un
31%
por
realizar
regalos
relacionados
con
ocio
y un
16%
se
decanta
por
directamente
por
el
pago
en
metálico.
El
reporte
de
los
resultados
empresariales
suele
ser
otro
de
los
objetos
de
“amaño”
habituales
en
las
compañías.
Así,
más
de
la
mitad
de
los
directivos
españoles
(56%)
perciben
que
en
general
las
compañías
reflejan
unas
cifras
mejores
de
lo
que
en
realidad
resultan
ser.
La
media
en
el
conjunto
de
los
países
de
Europa
Occidental
está
por
debajo
de
este
porcentaje,
alcanzando
el
33%.
Actividad
regulatoria
El
informe
de
EY
también
pone
de
manifiesto
cómo
la
actividad
regulatoria
y
los
estándares
éticos
siguen
evolucionando
en
el
entorno
de
los
negocios.
Y
son
los
propios
profesionales
los
que
sacan
los
colores
a la
gestión
de
sus
propias
empresas.
Un
39%
se
muestra
en
contra
de
que
la
cúpula
en
España
no
saque
a la
luz
prácticas
“poco
éticas”
dentro
de
sus
compañías,
si
bien
un
26%
está
convencido
de
que
los
estándares
en
esta
materia
han
mejorado
en
los
últimos
dos
años.
Asimismo,
el
cerco
que
las
instituciones
en
general
y en
España
en
particular
están
ejerciendo
con
el
incremento
regulatorio
está
teniendo
un
reflejo
positivo.
Un
21%
piensa
que
éste
ha
impactado
ya
de
manera
favorable
en
los
resultados
de
su
compañía.
Además,
según
el
42%
el
incremento
de
regulación
en
sus
sectores
en
esta
materia
considera
que
es
un
incentivo
para
crecer
y
tener
éxito
en
los
negocios.
Castigar
y
reparar
los
daños
A
pesar
de
ello,
queda
camino
por
recorrer
y
así
lo
corroboran
los
encuestados.
Siete
de
cada
diez
están
convencidos
de
que
las
autoridades
deben
“hacer
más”,
no
solo
castigando
estos
comportamientos,
sino
también
tomando
más
medidas
para
recuperar
los
daños
resultantes
de
los
casos
de
fraude
y
corrupción.
Y
para
ello,
el
58%
piensa
en
medidas
de
localización
y
congelación
de
activos
como
una
forma
eficaz
de
prevenir
el
fraude
o
negocios
corruptos
en
el
futuro.
“La
presión
por
mejorar
los
balances
de
las
compañías
y,
sobre
todo,
la
sensación
de
impunidad
sobre
quienes
sobornan
o
cometen
un
fraude
se
han
convertido
en
caldo
de
cultivo
para
estas
prácticas,
por
otro
lado,
tan
perjudiciales
para
la
competitividad
de
nuestra
economía
y
para
la
imagen
de
marca
del
país.
Sin
embargo,
a
pesar
de
que
hay
camino
por
recorrer,
la
sociedad
condena
cada
vez
más
estos
comportamientos
y
las
instituciones
empiezan
a
estrechar
el
círculo
a
los
autores
de
estas
actividades,
impulsando
una
regulación
más
restrictiva,
buscando
responsables
penales,
así
como
incrementando
las
sanciones.
A
pesar
de
ello,
es
preciso
seguir
trabajando
en
concienciar
e
impulsar
medidas
que
frenen
estos
comportamientos”,
señala
Ricardo
Noreña,
socio
responsable
del
Área
de
Forensic
de
EY.
La
prevención,
herramienta
antifraude
Entre
dichas
medidas,
destacan
la
existencia
de
códigos
de
conducta
y el
canal
de
denuncias.
Los
primeros,
en
España,
aún
no
están
tan
generalizados
como
en
otros
países.
Sólo
un
46%
manifiesta
contar
con
un
documento
corporativo
anti
sobornos
y
anti
corrupción,
frente
al
59
de
media
en
Europa
occidental.
Y
menos
de
la
mitad
tiene
claras
las
penalizaciones
derivadas
de
estas
prácticas.
Por
lo
que
se
refiere
a
los
canales
de
denuncia,
casi
3 de
cada
10
dicen
no
tenerlo
en
sus
empresas
en
España
frente
a 1
de
cada
10
en
Europa
occidental.
“Combatir
el
fraude
es
responsabilidad
en
gran
medida
de
todos
los
actores,
incluidas
las
empresas.
Éstas
deberían
instaurar
todas
las
barreras
a su
alcance
de
cara
a
frenar
cualquier
comportamiento
no
ético.
Implementar
programas
antifraude
destinados
a
todos
los
estratos
de
las
empresas,
códigos
de
conducta
y
canales
para
denunciar,
así
como
revisiones
obligatorias
del
cumplimiento
de
estos
programas
efectuadas
por
especialistas
en
forensic,
podrían
resultar
de
gran
ayuda
en
esta
labor”,
finaliza
Ricardo
Noreña.
Cabe
mencionar
en
este
capítulo
la
inminente
aprobación
en
nuestro
país
del
Nuevo
Código
Penal
que,
entre
otras
cuestiones,
incluye
novedades
como
la
aplicación
de
determinadas
exenciones,
relacionadas
con
la
implantación
de
medidas
antifraude
y
anticorrupción,
en
la
responsabilidad
de
las
empresas
y de
sus
dirigentes.. |
