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—¿En
este
ayuntamiento
quién
es
el
responsable
de
las
contrataciones
públicas?
—Espere
que
lo
pregunte.
La
nueva
ley
2/2015,
de 2
de
abril,
de
la
Generalitat,
de
Transparencia,
Buen
Gobierno
y
Participación
Ciudadana
que
entró
en
vigor
el 9
de
abril
pretende
acabar
con
estas
situaciones
que
se
viven
en
muchos
de
los
542
municipios
de
la
Comunidad
Valenciana.
Además
de
eficacia,
la
ley
busca
atajar
en
lo
posible
la
corrupción.
Según
datos
de
la
Comisión
Nacional
de
los
Mercados
de
la
Competencia
en
2014
hubo
un
sobrecoste
de
47.500
millones
en
licitaciones
públicas
de
bienes
y
servicios
en
España,
causado
por
malas
prácticas
de
adjudicación
directa.
En
mesa
redonda,
la
Asociación
Transparencia
en
colaboración
de
Cuatrecasas,
Gonçalves
Pereira,
Ifedes,
SICOP
y
Pixelware,
como
expertos
técnicos,
y
con
la
presencia
de
representantes
de
políticos
del
PP,
EU,
Podemos
y
Ciudadanos,
se
esbozó
la
situación,
lo
que
ofrece
la
nueva
ley,
lo
que
falta
y el
futuro
de
la
contratación
pública.
Salvador
Ortí, responsable ejecutivo de SICOP
recordó
que
actualmente
hay
un
exceso
de
canales
para
llevar
a
cabo
contrataciones
públicas,
falta
de
criterio
en
la
elección
de
los
productos
y
pese
a la
existencia
de
herramientas
tecnológicas
se
sigue
usando
el
papel
para
llevar
a
cabo
la
mayoría
de
las
contrataciones
públicas
en
los
ayuntamientos.
Recordó
que
el
95%
de
los
municipios
españoles
tienen
menos
de
5.000
habitantes
y el
75%
de
estas
contrataciones
públicas
son
compras
menores,
en
muchos
casos,
realizadas
con
urgencia
cuando
deberían
formar
pate
de
una
gestión
municipal
planificada.
Por
su
parte
Emma
Verdú,
abogada
de
Cuatrecasas,
Gonçalves
Pereira
apuntó
que
lo
esencial
del
nuevo
marco
normativo
reside
en
dos
pilares:
el
derecho
a la
información
pública
y la
publicidad
activa.
El
primero
implica
que
cualquier
persona
puede
pedir
información
a la
Administración
sin
esgrimir
un
interés
particular;
el
segundo,
la
obligación
que
tienen
los
perceptores
de
fondos
públicos
de
dar
publicidad
al
uso
que
de
éstos,
sin
necesidad
de
que
nadie
lo
solicite.
Las
sanciones
por
incumplimiento
pueden
alcanzar
los
400.000
euros,
la
inhabilitación
por
un
periodo
de
hasta
10
años
y la
resolución
de
los
contratos..
Por
su
parte
Juan
Carlos
Galindo,
presidente
de
la
Asociación
Transparencia
recordó
que
la
calidad
democrática
y
buen
gobierno
es
incompatible
con
la
corrupción.
Raúl
Castillo, candidato de Ciudadanos al ayuntamiento
de
Sagunto,
dijo
que
la
nueva
Ley,
pese
a
sus
carencias,
supone
un
paso
adelante
en
la
forma
de
hacer
política
en
las
administraciones
públicas.
Dijo
que
si
en
un
futuro
su
partido
tiene
que
ser
criticado
por
motivos
de
contratación
pública
por
lo
menos
los
ciudadanos
estén
bien
informados
al
haber
tenido
acceso
a
toda
esos
datos.
Fabiola
Meco, candidata de Podemos a las Cortes
Valencianas
considera
que
la
ley
de
Transparencia
debería
estar
anclada
en
el
derecho
fundamental
a
una
información
veraz
que
no
lo
está
e
incluir
un
control
sobre
aquellas
personas
que
hayan
tenido
procedimientos
sancionados
por
prácticas
corruptas.
Antonio
Arnau, candidato de Esquerra Unida,
dijo
que
la
ley
responde
a un
nuevo
clima
social,
pero
ha
sido
aprobada
en
el
último
pleno
de
la
legislatura,
no
antes
cuando
hubiera
evitado
al
PP
las
más
de
30
sentencias
condenatorias
por
opacidad
en
contratación
pública.
La
voluntad
política
es
necesaria
para
la
aplicación
de
cualquier
ley.
No
obstante
Leandro
Benito,
candidato
del
PP
al
ayuntamiento
de
Canet
d´en
Berenguer,
recalcó
que
además
de
voluntad
política
se
necesita
el
apoyo
de
los
técnicos
y
sentido
común.
David
Muñoz y David Meca, responsables
Ifedes
y
encargados
del
desarrollo
tecnológico
de
algunos
portales
de
transparencia
de
varios
municipios
recordaron
los
paso
a
dar
para
implantar
esta
tecnología
cuyo
objetivo
es
hacer
llegar
a
los
ciudadanos
la
máxima
información
sobre
la
gestión
de
sus
ayuntamientos.
En
la
misma
línea,
Safwan
Nassri,
director
general
de
Pixelware
ahondó
en
que
la
gestión
TIC
cuyo
objetivo
es
sustituir
al
papel
dotará
de
más
transparencia,
eficacia,
concurrencia,
menos
gasto
público,
más
facilidad
para
las
empresas
y
más
confidencialidad
a
las
contrataciones
públicas.
No
obstante
dijo
que
las
herramientas
tecnológicas
no
son
una
bola
mágica
capaz
de
resolver
todos
los
problemas
de
corrupción,
pero
sí
un
paso
importante
porque
refuerza
la
trazabilidad
de
los
sistemas.
Mª
Pilar
Batet, jefa del servicio
de
Contratación
y
Central
de
Compras
de
la
Diputación
de
Castellón,
señaló
que
uno
de
los
primeros
escollos
para
aplicar
el
principio
de
transparencia
y
publicidad
fue
aunar
más
de
20.000
perfiles
de
contratantes
lo
que
dificultaba
a
las
empresas
conocer
todo
lo
que
podía
contratar.
Finalmente
Ana
Isabel
Bueno,
jefa
de
servicio
de
compras
de
la
Conselleria
de
Hacienda,
explicó
que
la
aplicación
de
la
contratación
electrónica
es
la
que
ha
permitido
aprobar
y
sacar
adelante
numerosos
contratos
marco
en
materias
tan
diversas
como
seguridad,
energía
eléctrica,
automoción,
etc,
de
manera
más
ágil
y
eficiente. |
