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“Planificando
el
futuro”,
es
el
título
de
las
jornadas
de
las
Juntas
de
Gobierno
de
todos
los
Colegios
de
Procuradores
que
han
tenido
lugar
este
fin
de
semana
en
Mérida.
A
ellas
ha
acudido
como
invitado
especial
el
Ministro
Rafael
Catalá
quien
ha
subrayado
el
papel
clave
de
este
colectivo
en
el
Estado
de
Derecho:
“Nuestra
profesión
tiene
que
seguir
avanzando
en
una
serie
de
terrenos,
en
algunos
de
ellos
somos
casi
imprescindibles
como
el
de
las
tecnologías
donde
somos
líderes
en
las
notificaciones
judiciales”,
aclara
Juan
Carlos
Estévez,
presidente
del
Consejo
General
de
Procuradores.
Con
él
hemos
conversado
en
un
descanso
de
este
encuentro
profesional
donde
se
ha
presentado
en
sociedad
el
Instituto
de
Mediación
que
va a
gestionar
el
propio
Consejo
General
del
Procuradores.
Para
Estévez
hay
mejoras
evidentes,
sobre
todo
a
nivel
tecnológico
en
nuestra
justicia,
aunque
aún
el
caballo
de
batalla
fundamental
son
las
ejecuciones
de
las
sentencias.
“Hay
una
reforma
de
la
Ley
de
Enjuiciamiento
Civil
(LEC)
que
avanzó
mucho
como
anteproyecto
para
darnos
esas
competencias
pero
ahora
como
proyecto
de
ley
se
ha
detenido
y
podríamos
ayudar,
como
pasa
en
otros
países
a
aligerar
la
carga
de
la
justicia”,
aclara.
Desde
su
punto
de
vista
no
será
fácil
que
el
Ministro
Catalá
(con
el
que
aparece
en
la
foto),
logre
el
objetivo
de
una
justicia
digital
sin
papeles
como
se
ha
comprometido.
Sr.
Estévez,
el
Ministro
Catalá
ha
recalcado
el
papel
clave
de
los
procuradores
en
la
modernización
de
nuestra
Justicia
y
del
Estado
de
Derecho.
Es
digno
de
elogiar
estos
comentarios
aunque
creo
que
históricamente
los
procuradores
no
estamos
siendo
aprovechados.
Nuestra
profesión
está
llamada
a ir
evolucionando
y a
adaptarse
a
las
necesidades
sociales,
eso
hará
que
demos
un
mayor
servicio
en
el
mundo
de
la
justicia.
De
hecho
a
nivel
de
notificaciones
electrónicas
llevamos
treinta
años
trabajando
en
ello
y
somos
líderes
en
notificaciones
judiciales.
|
“Nuestro Instituto de Mediación ofrecerá, junto con la mediación tradicional, la mediación online a través de videoconferencia a quien lo necesite” |
Ahora
muchas
de
las
resoluciones
judiciales
que
antes
se
notificaban
en
papel
a
los
procuradores
a
través
de
los
propios
Colegios
de
Procuradores.
En
estos
momentos
más
del
70
por
cien
esa
notificación
es
ahora
telemática.
La
comunicación
es
directa
del
tribunal
al
propio
Colegio
de
Procuradores
y de
éste
al
procurador.
Esto
supone
ahorrar
mucho
tiempo
y
trabajar
en
décimas
de
segundo.
En
estos
momentos
trabajamos
en
el
llamado
camino
de
vuelta,
es
decir
la
presentación
de
escritos
y
demanda
telemáticamente.
Que
el
procurador
se
dirija
al
tribunal.
Ya
hay
experiencias
piloto
en
La
Rioja
y
otros
lugares
de
España
que
están
trabajando
en
esa
dirección.
Ese
es
el
camino
del
futuro
que
se
debe
extender
a
todo
el
territorio
nacional.
También
ha
dejado
claro
la
incompatibilidad
entre
abogado
y
procurador.
Es
cierto,
es
una
gran
noticia
para
ambas
profesiones.
La
legislación
se
queda
tal
y
como
está
con
esta
incompatibilidad
aunque
sabemos
que
en
el
último
borrador
de
la
futura
reforma
de
los
Servicios
y
Colegios
Profesionales
también
se
mantenía
esa
incompatibilidad.
Dicha
reforma,
como
bien
sabe
usted,
se
ha
quedado
para
la
próxima
legislatura
¿Por
qué
periódicamente
surgen
conflictos
entre
el
Gobierno
de
turno
y
los
Colegios
Profesionales?
Da
la
sensación
que
el
Gobierno
no
entiende
el
papel
de
los
Colegios
Profesionales
que
es
muy
buena,
sobre
todo
en
cuanto
al
control
deontológico
de
todos
sus
colegiados.
Además
estas
instituciones
a
veces
son
molestos
ante
un
poder
ejecutivo
que
tiende
a
ser
fagocitador.
Esto
pasa
en
cualquier
país
del
mundo
donde
a
los
Gobiernos
les
molesta
los
controles
y la
división
de
poderes,
por
este
motivo,
es
incómoda.
También
los
Colegios
ejercemos
cierto
control
sobre
los
legisladores
que
no
están
cómodos
con
nuestra
labor.
En
la
mente
de
cualquier
Gobierno
del
mundo
está
la
tentación
de
suprimir
los
Colegios
Profesionales
porque
no
valen
para
nada.
En
nuestro
país
el
papel
de
los
Colegios
viene
reflejado
incluso
en
nuestra
Constitución
de
1978.
Siempre
se
ha
asociado
la
tecnología
al
colectivo
de
procuradores.
Es
cierto,
creemos
que
es
el
futuro
en
la
justicia.
En
nuestro
caso
nuestro
colectivo
impulsa
desde
hace
años
una
plataforma
telemática
más
avanzada
que
la
del
Ministerio
pero
homologada.
Con
ella
podemos
hacer
la
presentación
telemática
de
demanda
y
escritos
y el
traslado
de
copias
entre
procuradores.
El
objetivo
de
Catalá
es
lograr
una
justicia
sin
papeles.
¿Cree
que
lo
puede
conseguir?
Es
un
objetivo
ambicioso,
sin
duda
y
necesario
para
nuestra
justicia.
En
mi
opinión,
en
el
territorio
del
Ministerio
de
Justicia
sí
se
puede
alcanzar
ese
objetivo
o
acercarnos
bastante.
La
cuestión
está
en
las
CCAA
con
competencias
transferidas.
Cada
una
de
ellas
tiene
su
programa
informático
no
siempre
homologable
con
Lexnet.
Es
evidente
que
ahora
se
trabaja
con
mucha
actividad
para
unificar
criterios
y
programas
pero
no
sabemos
si
se
llegará
a la
fecha
del
1 de
enero
del
2016
que
señala
el
ministro
Catalá.
En
este
periodo
electoral
que
hemos
vivido
se
ha
vuelto
a
abrir
el
debate
de
la
justicia
y
las
Comunidades
Autónomas.
¿Mejoraría
el
sistema
si
las
Comunidades
devolvieran
las
competencias
en
Justicia?
Sobre
este
debate
se
ha
hablado
mucho.
En
primer
lugar
hay
que
decir
que
no
se
pueden
devolver
las
competencias
en
justicia
por
parte
de
ninguna
CCAA.
Este
es
un
planteamiento
dialéctico
con
poco
de
realidad.
Otra
cosa
es
que
se
modificase
la
ley
actual
para
permitir
estos
cambio
que
usted
alude.
Es
evidente
que
la
dispersión
en
cualquier
ámbito
de
la
vida
no
es
bueno
y es
más
complicado
trabajar.
Sin
embargo
ahora
que
las
CCAA
son
las
que
pagan
la
justicia
en
cada
ámbito
quizás
tendrían
que
tener
más
capacidad
de
decisión
de
lo
que
tienen.
En
este
debate
llevamos
hablando
tanto
a
nivel
de
justicia,
sanidad
o
educación
en
los
últimos
años
|
“Es curioso, el ciudadano que acude a la justicia tiene mejor imagen de ésta que el otro que nunca pisa un juzgado” |
¿Qué
balance
hace
el
presidente
del
Consejo
General
de
Procuradores
de
esta
legislatura
que
ahora
concluye?
Frente
a
otros
comentarios
negativos
tengo
que
señalar
que
se
ha
avanzando
bastante
en
materia
de
justicia.
Desde
que
se
incorporó
Lexnet
y
los
avances
tecnológicos
el
avance
ha
ido
en
progresión
geométrica.
Creo
que
en
cada
etapa
o
legislatura
se
ha
avanzado
más
que
en
las
anteriores.
El
balance
tecnológico
de
esta
legislatura
es
bueno
aunque
puede
ser
mejorable
en
el
futuro,
no
cabe
duda.
En
estos
tres
años
se
han
producido
avances
importantes
en
materia
de
justicia
y de
notificaciones
telemáticas.
Los
datos
del
CGPJ
son
demoledores:
más
de
ocho
millones
de
asuntos
que
ingresan
para
cerca
de
5.200
jueces…
Una
ecuación
complicada
de
equilibrar.
La
percepción
que
los
ciudadanos
tienen
de
la
justicia
es
muy
baja.
Hay
un
gran
descontento
sobre
el
funcionamiento
de
la
misma.
Sin
embargo,
revisando
estadísticas
observas
que
aquellos
ciudadanos
que
acudieron
a la
justicia
la
valoran
mejor
que
aquellos
que
aún
no
conocen
como
funciona.
También
hay
que
darse
cuenta
el
papel
de
los
medios
de
comunicación
en
este
contexto.
Hay
casos
mediáticos
que
crean
opinión
pública
que
no
son
lo
más
significativo
de
la
justicia.
Eso
es
lo
que
el
ciudadano
y la
sociedad
percibe.
El
ciudadano
reduce
su
idea
de
la
justicia
a la
jurisdicción
penal
sin
embargo
se
olvida
de
lo
que
más
le
afecta
personalmente
que
es
la
jurisdicción
civil.
En
algún
momento
de
nuestra
vida
tenemos
que
acudir
a la
jurisdicción
civil,
divorcio,
reclamación
de
cantidad,
herencia
etc.
Todo
esto
es
lo
que
realmente
te
afecta.
Uno
de
los
problemas
que
tenemos
es
la
ejecución
de
sentencias,
ahí
parece
que
ustedes,
los
procuradores
podrían
ser
elementos
claves.
Nuestra
justicia
tiene
unos
valores
de
respuesta
similares
a
los
de
otros
países
Tiene
calidad
y
velocidad
hasta
la
sentencia.
El
problema
es
la
ejecución
de
la
sentencia.
Aquí
hay
un
gran
problema.
Creo
que
en
este
terreno
los
procuradores
tenemos
mucho
que
hacer.
Al
igual
que
pasa
en
países
de
nuestro
entorno
quienes
ejecutan
las
sentencias
son
profesionales
liberales,
los
llamados
agentes
de
ejecución
o
huissiers
de
justice,
con
cierta
relacion
con
el
Estado.
Habría
que
hacer
una
reforma
legislativa.
¿Cómo
está
este
asunto?
Hay
una
reforma
de
la
Ley
de
Enjuiciamiento
Civil
(LEC)
que
avanzó
mucho
como
anteproyecto
para
darnos
esas
competencias
pero
ahora
como
proyecto
de
ley
se
ha
detenido.
Por
otra
la
propia
LEC
nos
facilita
más
competencias
en
los
actos
de
comunicación,
al
darnos
por
vez
primera
vez
en
la
historia
capacidad
de
certificación.
Eso
significa
que
cualquier
requerimiento
que
haga
un
procurador
se
da
por
válido
salva
prueba
en
contra.
En
ese
futuro
de
la
procura,
la
mediación
aparece
como
un
horizonte
importante
para
este
colectivo
de
profesionales.
Nuestro
papel
es
de
colaborar
con
la
administración
de
justicia
de
forma
plena.
En
el
caso
de
la
mediación
sabemos
que
puede
aliviar
de
carga
de
trabajo
a
los
tribunales,
en
especial
en
procedimientos
de
pequeña
cuantía
o
poca
transcendencia.
A
este
respecto
hemos
creado
un
Instituto
de
Mediación,
dependiente
del
propio
Consejo
General
y
con
carácter
nacional
y
que
hemos
presentado
en
sociedad
en
estas
jornadas
de
Mérida.
Según
el
CGPJ
y
expertos
en
la
materia
es
una
de
las
entidades
más
innovadoras
en
esta
materia.
De
los
10.500
procuradores
que
hay
en
España
ya
hemos
formado
a
2.000
como
mediadores,
a la
ve
que
seguimos
haciendo
cursos
de
actualización
y
formación
de
estos
profesionales.
Junto
con
la
mediación
tradicional
hemos
presentado
la
mediación
online
que
ha
sorprendido
a
muchos
de
los
que
han
visto
su
funcionamiento
a
través
de
videoconferencia.
¿Qué
debe
hacerse
para
que
la
mediación
cuaje
en
nuestro
país?
Creo
que
el
legislador
ya
hizo
su
trabajo
al
crear
la
ley
de
mediación
civil
5/2012
y su
Reglamento
posterior.
Al
mismo
tiempo
hay
que
trabajar
en
la
educación
y
mentalización
ciudadana
para
no
acudir
a
los
juzgados
por
cualquier
tema.
Nadie
duda
que
no
todos
los
asuntos
se
pueden
mediar.
Pero
hay
otros
temas
que
pueden
ir
perfectamente
a la
mediación.
Son
los
casos
de
familia,
en
asuntos
de
divorcio
donde
es
más
sencillo
hablar
con
esa
pareja
que
lograr
una
sentencia
judicial.
Igual
pasa
con
los
siniestros
de
tráfico
de
poca
importancia
donde
mejor
buscar
un
acuerdo
que
un
procedimiento
judicial
con
la
presencia
del
juez
o
las
reclamaciones
de
escasa
cuantía
de
las
operadoras
telefónicas.
Se
trata,
por
tanto
de
mentalizar
a
las
partes
que
hay
otro
camino
a la
hora
de
resolver
los
conflictos.
Por
último,
¿qué
podemos
esperar
del
Congreso
Mundial
de
agentes
de
ejecución
que
tendrá
lugar
en
Madrid
a
primeros
de
junio?
Son
una
especie
de
Olimpiadas
profesionales
que
se
celebran
cada
tres
años
organizadas
por
la
Unión
Internacional
de
los
hussiers
de
Justice
que
aglutina
a
más
de
80
países
de
todo
el
mundo.
La
última
tuvo
lugar
en
Suráfrica
hace
tres
años
y en
ese
momento
planteamos
la
candidatura
de
Madrid,
que
venció
a la
de
Chile
y
Tailandia,
para
albergar
esta
reunión
internacional.
El
tema
de
este
evento
internacional
tendrá
que
ver
en
la
incidencia
de
la
ejecución
con
la
economía.
De
gran
actualidad,
sobre
todo
ahora
saliendo
de
una
crisis.
Y es
que
es
fundamental
que
se
recupere
pronto
el
dinero
por
parte
de
los
acreedores.
Que
no
esté
empantanado
en
ningún
Tribunal
para
que
pueda
circular
y
hacer
crecer
la
economía.
No
podemos
olvidar
que
entre
Derecho
y
Economía
hay
una
relación
muy
estrecha.
|
