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El
panorama
de
nuestra
justicia
sigue
siendo
desolador
pese
a
una
reducción
durante
el
pasado
año
de
un
4,5
por
cien
en
cuantos
a
asuntos
pendientes.
El
informe
del
Consejo
General
del
Poder
Judicial
“Justicia
dato
a
dato”,
sigue
siendo
contundente
y
poco
esperanzado.
La
reducción
del
número
de
asuntos
pendientes
se
produjo
pese
al
ligero
incremento,
del
0,2
%,
en
la
cifra
de
nuevos
asuntos
ingresados
en
los
Juzgados
y
Tribunales,
que
pasaron
de
8.636.016
en
2013
a
8.653.160
el
año
pasado.
Algo
más
de
siete
de
cada
diez
nuevos
asuntos
–el
71,3%-
correspondieron
al
orden
penal,
el
21,3
% al
civil,
el
4,9
% al
social
y el
2,4
% al
contencioso-administrativo.
Aquellos
1500
jueces
y
fiscales
sustitutos
que
han
salido
de
la
carrera
judicial
se
notan
su
ausencia
y lo
que
es
cierto
es
que
nuestros
juzgados
están
peor
que
nunca.
Los
señalamientos
en
lo
social
se
están
dando
para
2018
y
2019.
Es,
pues,
el
momento
de
poner
en
marcha
un
plan
de
choque
con
medidas
que
ayuden
a
frenar
esta
situación
que
penaliza
el
trabajo
de
los
profesionales
y
vulnera
el
derecho
a
una
tutela
judicial
efectiva
de
los
propios
ciudadanos.
En
estos
cuatro
años
de
legislatura
se
ha
producido
un
retroceso
importante
en
materia
de
justicia,
como
puede
verse
de
la
lectura
reposada
de
estos
datos.
Pocos
medios
y
menos
personal
que
nunca;
nuestros
juzgados
no
dan
abasto,
pese
al
gran
trabajo
de
jueces,
secretarios
judiciales
y
funcionarios
que
hacen
los
que
pueden,
incluso
en
muchas
ocasiones
con
riesgo
para
su
propia
salud.
No
hay
inversiones
ni
nuevos
juzgados
y la
situación
se
estanca
peligrosamente.
El
aumento
del
0,2
% en
el
número
de
asuntos
ingresados
se
tradujo,
por
otra
parte,
en
que
cada
juez
o
magistrado
recibió
de
media
1.702,7
nuevos
asuntos
durante
2014,
frente
a
los
1.699,3
del
año
anterior.
El
número
de
sentencias
dictadas
por
cada
juez
o
magistrado
bajó
de
309,2
a
306,7.
Todo
esto
ha
generado
que
solo
durante
este
último
año,
la
tasa
de
litigiosidad
–el
número
de
asuntos
ingresados
por
cada
mil
habitantes-
aumentó
el
año
pasado
un 1
%
respecto
a
2013,
al
pasar
de
183,2
a
185.
Es
decir,
la
situación
lejos
de
mejorar
tiende
a
cronificarse
en
unos
niveles
peligrosos
para
la
salud
de
jueces
y
magistrados
de
nuestros
juzgados.
Andalucía
(218,2),
Madrid
(203,8)
e
Illes
Balears
(198,5)
son
las
Comunidades
Autónomas
con
mayor
tasa
de
litigiosidad,
mientras
que
en
el
otro
extremo
se
sitúan
Extremadura
(143,2),
el
País
Vasco
(127)
y La
Rioja
(117,4).
Por
órdenes
jurisdiccionales,
Andalucía
también
lideró
la
tasa
de
litigiosidad
en
penal
y
contencioso,
mientras
que
Asturias
lo
hizo
en
civil
y
social.
El
informe
revela
también
que,
en
2014,
la
duración
media
de
los
procedimientos
judiciales
disminuyó
en
primera
instancia
–un
4,4
%-,
en
segunda
instancia
–un
10,7
%- y
en
el
Tribunal
Supremo
–un
2,2
%-.
Así,
la
duración
media
de
los
procedimientos
en
primera
instancia
pasó
de
3,9
meses
a
3,7
meses;
mientras
que
en
segunda
instancia
bajó
de
5,2
meses
a
4,6
meses.
En
el
Tribunal
Supremo,
los
procedimientos
duraron
de
media
11,1
meses,
frente
a
11,3
meses
en
2013.
Por
jurisdicciones,
la
duración
de
los
procedimientos
bajó
en
todas
las
instancias
en
los
órdenes
penal
y
contencioso-administrativo.
En
el
orden
civil
disminuyó
en
primera
y en
segunda
instancia,
pero
subió
en
el
Tribunal
Supremo;
y en
el
orden
social
la
duración
se
redujo
en
segunda
instancia
y
aumentó
en
primera
instancia
y en
el
Tribunal
Supremo.
Disminuyen
las
quejas
y
reclamaciones
de
los
usuarios
de
la
Administración
de
Justicia
Respecto
a
las
quejas
sobre
la
justicia,
siguen
siendo
altas
aunque
han
bajado
su
número.
En
este
sentido
se
observa
cierto
cansancio
en
los
ciudadanos
que
ven
como
pese
a
sus
reclamaciones
la
situación
sigue
estando
igual
que
siempre.
Ya
no
se
litiga
tanto
como
antes
porque
se
cree
que
no
vale
para
nada.
Desde
nuestro
punto
de
vista
debería
habilitarse
formularios
online
para
que
esa
queja
se
pudiera
dar
sin
tanta
burocracia
como
la
que
hay
hasta
ahora.
El
número
de
quejas,
reclamaciones,
denuncias,
sugerencias
y
peticiones
de
información
registradas
en
2014
por
escrito
ante
la
Unidad
de
Atención
Ciudadana
del
CGPJ,
otros
órganos
de
gobierno
o el
Servicio
de
Inspección
fue
de
12.837,
lo
que
supone
un
16,16
%
menos
que
en
2013,
cuando
se
recibieron
14.435.De
ellas,
10.288
se
referían
al
funcionamiento
de
los
Juzgados
y
Tribunales,
mientras
que
otras
2.450
mostraban
su
disconformidad
con
alguna
resolución
judicial.
De
las
reclamaciones
por
el
funcionamiento
de
los
Juzgados
y
Tribunales,
4.632
estaban
relacionadas
con
la
lentitud
en
la
tramitación
de
los
procedimientos
y
otras
3.937
con
la
atención
recibida. |
