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La
difusión
de
los
datos
de
los
defraudadores
de
Hacienda
va a
generar
un
debate
abierto
en
nuestra
sociedad.
Si
en
su
informe
el
CGPJ
se
mostraba
a
favor
de
esa
medida
por
su
parte
el
Consejo
Fiscal
cuestionaba
esa
publicidad
indiscriminada
a
cualquier
sanción.
Cuestiones
como
la
necesidad
de
medir
muy
bien
la
forma
de
hacer
publicidad,
sus
tiempos
y
los
efectos
que
puede
generar;
el
buscar
una
proporción
al
delito
y a
su
difusión
y la
polémica
de
querer
difundir
estos
delitos
contra
la
Hacienda
Pública
y no
los
más
graves
como
agresiones
sexuales,
asesinatos,
etc.
han
hecho
que
el
principal
organismo
de
la
carrera
fiscal
preparase
un
informe
con
el
Fiscal
Fernando
Sobrón
como
ponente.
Dicho
informe
ha
contando
con
el
respaldo
de
todos
los
miembros
de
dicho
organismo
y
revela
la
preocupación
por
la
búsqueda
de
publicidad
indiscriminada
en
esas
sentencias
sobre
delitos
contra
la
Hacienda
Pública.
El
Consejo
Fiscal,
en
su
informe
preceptivo
pero
no
vinculante,
pide
prudencia
y
una
reflexión
al
legislador
sobre
estas
medidas
que
deben
ser
proporcionales.
Este
informe
amplio,
cercano
a
las
veinte
páginas,
recoge
las
conclusiones
de
otro
que
proviene
de
la
Fiscalía
Técnica
del
FGE.
De
ahí
a
designar
un
ponente
en
el
propio
Consejo
Fiscal
solo
ha
quedado
un
trecho
y en
esta
oportunidad
ha
sido
Fernando
Sobrón
quien
ha
desarrollado
el
tema
y
sometido
luego
a
debate
entre
el
resto
de
los
nueve
miembros
del
Consejo
Fiscal.
“Estamos
ante
un
debate
técnico
interesante
donde
el
prelegislador
quiere
que
se
den
publicidad
determinadas
sentencias,
se
busca
la
opinión,
no
vinculante
del
propio
Consejo
fiscal”,
aclara
Fernando
Sobrón.
Este
mismo
anteproyecto
quiere
modificar
la
LOPJ
en
uno
de
sus
artículos
para
permitir
esa
publicidad
en
determinadas
sentencias
de
delitos
contra
la
Hacienda
Pública.
Para
este
jurista
se
plantean
muchas
cuestiones
del
estudio
del
citado
anteproyecto
“ la
primera
su
naturaleza
jurídica
porque
estamos
ante
algo
muy
nuevo
en
nuestro
ordenamiento
jurídico
penal.
Creemos
que
no
se
puede
regular
dentro
de
la
LOPJ
y
hay
que
hacerlo
en
el
contexto
de
la
normativa
penal
convencional”,
aclara.
El
otro
gran
tema
que
ha
preocupado
al
Consejo
Fiscal
es
la
proporcionalidad
de
la
medida:
“Nosotros
no
nos
oponemos
a
esta
iniciativa
pero
si
advertimos
que
se
debe
regular
muy
bien
su
impacto
y
efectos
porque
puede
dañar
de
forma
irremediable
la
reputación
de
cualquier
afectado”,
comenta.
En
el
informe
también
queda
claro
que
hay
delitos
más
graves
como
homicidios
o
delitos
contra
la
libertad
sexual
que
no
tienen
esa
publicidad.
“Al
final
quizás
de
lo
que
se
trata
es
de
hacer
una
regulación
conjunta
de
las
sentencias
con
criterios
de
proporcionalidad”,
apunta.
En
este
contexto
de
debate
hay
que
señalar
que
es
España
uno
de
los
países
con
mayor
acceso
a
las
sentencias
por
parte
de
terceros,
en
comparación
con
otros
países
vecinos.
“Hay
que
darse
además
que
las
penas
suelen
tener
una
finalidad
de
prevención
general
o de
reinserción,
cuestión
que
con
la
publicidad
de
estos
fallos
judiciales
puede
quedar
menoscabado.
Que
ese
tipo
de
publicidad
quede
en
los
boletines
oficiales
puede
evitar
en
el
futuro
la
idea
de
rehabilitación
de
esa
persona”,
comenta.
Para
Sobrón
el
tema
de
la
publicidad
es
muy
delicado
y
habría
que
ver
caso
por
caso
que
tipo
de
publicidad
y
efectos
se
va a
realizar
sin
que
vulnere
derechos
fundamentales
de
esa
persona”.
Nuestro
informe
propone
una
reflexión
profunda
sobre
este
asunto
para
ver
tipos
delictivos
deben
tener
esas
medidas
extra
de
publicidad
y
cómo
deben
realizarse
en
la
práctica”.
Nuestro
interlocutor
recuerda
que
estamos
ante
un
anteproyecto
de
ley
que
luego
tendrá
modificaciones
por
parte
del
legislador
y en
el
posterior
trámite
parlamentario. |
