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29 de MAYO de 2015

Joaquín Bosch, portavoz nacional de Jueces para la Democracia:
“Ningún Ministro ha tenido hasta la fecha el apoyo claro de su partido para reformar de verdad la Justicia”

LAWYERPRESS / @LuisjaSanchez

Han cambiado los tiempos pero no los principios que nos definen como asociación”, es la primera reflexión que le viene a la cabeza a Joaquín Bosch, portavoz nacional de Jueces para la Democracia, en este día veintiocho de mayo cuando realizamos esta entrevista. Treinta y dos años de historia contemplan a esta asociación profesional de la judicatura que nació en el seno de otra gran asociación, Asociación Profesional de la Magistratura en 1983 para convertirse en organización propia al ser prohibida antes de la celebración del IV Congreso de la APM. En la actualidad cuenta con unos 600 afiliados. Con Bosch hemos repasado estos treinta largos años donde se han sucedido los Ministros de Justicia, las promesas de reformas y los cambios en el CGPJ, órgano de gestión de los jueces: “Es posible que ahora fuera un buen momento para buscar ese entendimiento generalizado entre las principales fuerzas políticas e impulsaran un pacto contra la corrupción”, comenta nuestro interlocutor. A su juicio “tenemos poco medios y están mal organizados. Con una mejor organización de los medios existentes y algunos cambios procesales que no cuestan dinero, la situación de nuestra administracion de Justicia podría mejorar”, aclara. En unos días Jueces para la Democracia celebra su Congreso anual en Cádiz para analizar la vigencia de nuestra Constitución de 1978.

En primera persona

“El documento constituyente de Jueces para la Democracia fue suscrito por medio centenar de magistrados entre los que se pueden destacar Perfecto Andrés Ibáñez; Clemente Auger; Juan Alberto Belloch; Manuela Carmena; Cándido Conde Pumpido; Angel Juanes, Gonzalo Moliner; Margarita Robles y Luciano Varela por citar algunos compañeros que ha tenido más proyección en la judicatura a nivel institucional.

Me asocié a Jueces para la Democracia pocos días después de tomar posesión de mi primer destino como juez en 2004. Desde que era estudiante de Derecho, mi identificación ya era muy clara con sus planteamientos de defensa de los derechos fundamentales, de las garantías en el proceso y del servicio público de la Justicia.

Me parecían admirables las trayectorias de muchos de sus magistrados, así como sus bien fundamentadas sentencias o sus opiniones sobre nuestro sistema judicial y las libertades de la ciudadanía.

Además, en una profesión como la nuestra, en la que la independencia lleva a un aislamiento que es inherente al deber de resolver, pronto comprendí que era muy positivo estar en una organización que permitiera compartir esos valores comunes con personas afines a mi forma de ver el mundo. Y que facilitara también reflexiones internas muy profundas de carácter jurídico desde un nivel técnico muy elevado.

Además, a diferencia de otras asociaciones profesionales, de Jueces para la Democracia me llamaba la atención su mayor contacto con la sociedad y con los problemas que preocupaban a la ciudadanía. El tiempo me ha confirmado que esa unión hace la fuerza y permite alcanzar objetivos importantes.”

Sr. Bosch, Jueces para la Democracia fue impulsada por ilustres juristas, de ellos ahora es actualidad Manuela Carmena. ¿Le sorprende el impacto que ha tenido entre la gente?

Manuela aparece como referente moral en un momento de grand crisis de valores en el ámbito público. Al mismo tiempo hay que poner en valor su trayectoria, la mayor parte de su vida luchando por los derechos humanos y por la igualdad, no en vano fue una de las primeras mujeres que accedió a la judicatura.

También sabemos que por azar sobrevivió al atentando de los abogados de Atocha de aquellos años setenta. Su perfil es de prestigio ya que también ocupó altos cargos de prestigio en la judicatura

Todos estos factores la dotan de mucha credibilidad a la hora de dar un cambio de rumbo a la ciudad de Madrid.  Hacía tiempo que no se recordaba nada así y los resultados la han acompañado para ser la próxima alcaidesa de Madrid.

Una de sus primeras reuniones que Carmena ha tenido ha sido con el presidente del TSJ y el juez decano de Madrid. ¿Es buena idea crear una Oficina Antidesahucios en nuestra ciudad?

Es una idea muy positiva, sobre todo en el entorno que nos movemos. Es evidente que un órgano de este tipo no podría anular una sentencia de un juzgado.

Sin embargo también está el derecho fundamental a la vivienda, derecho al que están vinculados los poderes públicos y que ahora se está vulnerando con las ejecuciones hipotecarias.

Creo que esta Oficina debe funcionar como Institución mediadora entre los afectados por el posible desahucio y las entidades bancarias. A la vez, si se produce ese desalojo debería ayudar a recolocar a esa familia afectada y proteger ese derecho a la vivienda.

Volviendo al tema que nos ocupa, la historia de Jueces para la Democracia, en estos 32 años de vida. ¿Con que Ministro de Justicia se queda que realmente haya hecho algo en estos años?

Es complicado contestar a esta pregunta que usted me hace.  Es posible que Gallardón haya sido el peor Ministro de Justicia de esta etapa democrática del país, sobre todo por las expectativas que había generado. Se esperaba mucho más de él, especialmente al estar respaldado por una amplia mayoría parlamentaria.

No puedo destacar ningún Ministro de Justicia que se haya empeñado en mejorar la administración de justicia. Realmente pese al esfuerzo que pusieron algunos no tuvieron nunca el apoyo de su partido político para consolidar las reformas. Nuestro sistema judicial sigue siendo una de las asignaturas pendientes de la democracia.

En este periodo de tiempo del que hablamos se hizo un Pacto de Estado por la Justicia que por desgracia, fracasó. Ahora, tras las elecciones ¿sería un buen momento para intentar de nuevo este acuerdo entre todos los partidos políticos?

Es posible que ahora fuera un buen momento para buscar ese entendimiento generalizado entre las principales fuerzas políticas e impulsaran un pacto contra la corrupción. Sin embargo, antes de ello deberían dar ejemplo, en especial el partido en el Gobierno que debería impulsar medidas que generasen responsabilidades políticas porque no hace falta esperar a que llegue una condena judicial para ser más proactivo en estos temas.

Al mismo tiempo se podrí a aprovechar la coyuntura para impulsar reformas sobre medidas preventivas contra la corrupción que dotaran de medios a los juzgados para que pudieran perseguir a los delincuentes y esas prácticas corruptas. Para poner en marcha estas medidas no es necesario ningún pacto anticorrupción.

También hemos visto el funcionamiento del CGPJ a través de diferentes presidentes. ¿En qué momento se encuentra esta institución?

Da la sensación que la institución está viciada en su origen y que las reformas que se han acometido en este órgano no han servido para nada. Con el CGPJ del señor Carlos Lesmes la situación ha ido a peor al configurarse desde un reparto de cuotas por los mismos partidos políticos, sin excesivo disimulo.

 De hecho antes de constituirse en esta oportunidad ya se sabía el presidente que se iba a designar. El CGPJ está muy vinculado al poder político y es una correa de transmisión de las fuerzas políticas. Ahora que se hablan de cambios constitucionales no estaría de más buscar una manera para reformular el propio CGPJ y despolitizarle.

En estos últimos diez años el CGPJ ha mostrado su cara sancionadora más dura apartando de la carrera judicial a varios jueces mediáticos, entre ellos Garzón y Santiago Vidal.

Hay que señalar que el CGPJ no goza de la mínima confianza por parte de los jueces de que cumpla sus objetivos. Hoy  los jueces no sienten estar protegidos por esta institución.

Frente a esta tesis, sí se ve el CGPJ como instrumento de presión que puede atentar a la independencia judicial a través de esta actividad sancionadora que usted señala. En este sentido le  diré que cuando los jueces recibimos una comunicación de esta entidad pensamos que su interés es sancionarnos.

En estos momentos se afronta una reforma de la LOPJ. ¿Es la adecuada para la carrera judicial pese a que es muy limitada como ha señalado el Ministro Catalá?

En líneas generales las reformas que está impulsando el Ministro Catalá son meros parches, muy precipitados. Así ha pasado con la LECRIM, donde se reducen de forma arbitraria los plazos de la instrucción sin dotar de medios a los juzgados. Esto en asuntos de corrupción va a generar situaciones de impunidad notables.

El problema que se ha encontrado Catalá es que algunas de las reformas que puso en marcha su predecesor, Alberto Ruiz-Gallardón eran muy negativas, como en el caso de la LOPJ.

Como había el peligro de pasar la legislatura sin aprobar nada de relieve, se han hecho estos cambios para dar sensación de haber hecho algo de relieve.

 Curiosamente la Ley de Tasas ya derogada para las personas físicas es de lo poco que ha hecho este gobierno. Realmente hemos perdido cuatro años y la situación de la justicia es peor que antes. Hay muchos recortes en plantilla y se han congelado las oposiciones en la carrera.

Tenemos poco medios y están mal organizados. La propia Oficina Judicial está paralizada. Con una mejor organización de los medios existentes y algunos cambios procesales que no cuestan dinero, la situación de nuestra administración de Justicia podría mejorar.

Respecto a la figura del juez, ¿qué cambios ha experimentado este profesional en estas tres últimas décadas?

La evolución de la carrera judicial tiene que ver con la entrada de la Constitución. El juez ha dejado de ser una autoridad alejada del ciudadano e internamente muy jerarquizada para convertirse en una figura más próxima y consciente de cuáles son los derechos fundamentales de los ciudadanos, siempre desde una posición de independencia.

Así está pasando en nuestro derecho hipotecario donde el juez va más allá de lo que le marca la ley. Analiza los principios constitucionales y las normas europeas y busca soluciones desde esa actitud independiente que le comentaba que le han llevado a plantear cuestiones prejudiciales ante el TJUE que luego han provocado modificaciones en nuestra legislación.

Las tres huelgas que la carrera judicial ha realizado en este periodo de tiempo, ¿realmente han servido para algo?

Creo que sí. Han generado un estado de opinión en la sociedad de lo que es la justicia y del papel que ocupamos los jueces. A la vez hemos denunciado la situación de la administración de justicia que no tiene medios para actuar.

Se han logrado muchas victorias parciales y ahí seguimos reivindicando derechos como funcionarios públicos que somos. Las carencias son estructurales y la falta de medios y de jueces es alarmante. Esto hará que tengamos que seguir estableciendo medidas de presión para lograr que este panorama desolador mejore.

Faltan medios y el Ministro Gallardón liquidó en diciembre del 2012 a los jueces y fiscales sustitutos pese a que hacían falta y habían hecho un buen trabajo.

Esta medida nunca podía ser acertada al no tener un fundamento racional de mejora del sistema judicial.  El propio Gallardón en una reunión nos explicó esta medida señalando que eran órdenes del Ministerio de Hacienda realizar unos recortes.

Al poder despedir a los jueces y secretarios judiciales titulares, uno de los pocos espacios que le quedaban para meter la tijera de los recortes fue con este colectivo. Realmente nunca estuvo justificada porque el colectivo de sustitutos hizo una labor importante.

Ahora con su ausencia, la situación es peor que nunca. De hecho la implantación de las Tasas judiciales estaba muy relacionada con esta medida. Se trataba de buscar ingresos para las maltrechas arcas del Estado  y que ante la falta de estos jueces la ciudadanía no recurriese al no haber medios para responder.

Sobre el asociacionismo jurídico, da la sensación que las cuatro asociaciones que coexisten están más cerca que nunca en planteamientos.

Es posible que sea así pero también hay que respetar el pluralismo de opiniones.  No es negativo que existan varias asociaciones en la carrera judicial.  Lo que sí es negativo es que no se actúe de manera unitaria en los temas en los que todos estamos de acuerdo.  Precisamente en determinados momentos de la gestión del Ministro Gallardón faltó esa unidad asociativa de la que hablamos. En el futuro debemos buscar modelos de funcionamiento conjunto ante ciertas cuestiones.

Dentro de unos días celebran su congreso anual que en esta ocasión tendrá lugar en Cádiz. ¿Bajo qué premisas se organiza?

Se ha organizado bajo el lema “Justicia y Constitución en el siglo XXI”. La idea es analizar la vigencia de la Constitución de 1978 y de cómo podría evolucionar con ciertas reformas. Creemos que se tendría que ir a una reforma constitucional amplia y ver qué elementos hay que modificar de nuestra actual Carta Magna.

A este evento están invitados constitucionalistas destacados de nuestro país para que nos ofrezcan su opinión. Durante este Congreso habrá una mesa redonda donde escucharemos los puntos de vista de los principales partidos políticos.  Nuestra idea es también aportar nuestro punto de vista sobre este y cualquier tema porque siempre hemos estado muy próximos de la defensa de los derechos fundamentales.

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
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