“Han
cambiado
los
tiempos
pero
no
los
principios
que
nos
definen
como
asociación”,
es
la
primera
reflexión
que
le
viene
a la
cabeza
a
Joaquín
Bosch,
portavoz
nacional
de
Jueces
para
la
Democracia,
en
este
día
veintiocho
de
mayo
cuando
realizamos
esta
entrevista.
Treinta
y
dos
años
de
historia
contemplan
a
esta
asociación
profesional
de
la
judicatura
que
nació
en
el
seno
de
otra
gran
asociación,
Asociación
Profesional
de
la
Magistratura
en
1983
para
convertirse
en
organización
propia
al
ser
prohibida
antes
de
la
celebración
del
IV
Congreso
de
la
APM.
En
la
actualidad
cuenta
con
unos
600
afiliados.
Con
Bosch
hemos
repasado
estos
treinta
largos
años
donde
se
han
sucedido
los
Ministros
de
Justicia,
las
promesas
de
reformas
y
los
cambios
en
el
CGPJ,
órgano
de
gestión
de
los
jueces:
“Es
posible
que
ahora
fuera
un
buen
momento
para
buscar
ese
entendimiento
generalizado
entre
las
principales
fuerzas
políticas
e
impulsaran
un
pacto
contra
la
corrupción”,
comenta
nuestro
interlocutor.
A su
juicio
“tenemos
poco
medios
y
están
mal
organizados.
Con
una
mejor
organización
de
los
medios
existentes
y
algunos
cambios
procesales
que
no
cuestan
dinero,
la
situación
de
nuestra
administracion
de
Justicia
podría
mejorar”,
aclara.
En
unos
días
Jueces
para
la
Democracia
celebra
su
Congreso
anual
en
Cádiz
para
analizar
la
vigencia
de
nuestra
Constitución
de
1978.
En
primera
persona
“El
documento
constituyente
de
Jueces
para
la
Democracia
fue
suscrito
por
medio
centenar
de
magistrados
entre
los
que
se
pueden
destacar
Perfecto
Andrés
Ibáñez;
Clemente
Auger;
Juan
Alberto
Belloch;
Manuela
Carmena;
Cándido
Conde
Pumpido;
Angel
Juanes,
Gonzalo
Moliner;
Margarita
Robles
y
Luciano
Varela
por
citar
algunos
compañeros
que
ha
tenido
más
proyección
en
la
judicatura
a
nivel
institucional.
Me
asocié
a
Jueces
para
la
Democracia
pocos
días
después
de
tomar
posesión
de
mi
primer
destino
como
juez
en
2004.
Desde
que
era
estudiante
de
Derecho,
mi
identificación
ya
era
muy
clara
con
sus
planteamientos
de
defensa
de
los
derechos
fundamentales,
de
las
garantías
en
el
proceso
y
del
servicio
público
de
la
Justicia.
Me
parecían
admirables
las
trayectorias
de
muchos
de
sus
magistrados,
así
como
sus
bien
fundamentadas
sentencias
o
sus
opiniones
sobre
nuestro
sistema
judicial
y
las
libertades
de
la
ciudadanía.
Además,
en
una
profesión
como
la
nuestra,
en
la
que
la
independencia
lleva
a un
aislamiento
que
es
inherente
al
deber
de
resolver,
pronto
comprendí
que
era
muy
positivo
estar
en
una
organización
que
permitiera
compartir
esos
valores
comunes
con
personas
afines
a mi
forma
de
ver
el
mundo.
Y
que
facilitara
también
reflexiones
internas
muy
profundas
de
carácter
jurídico
desde
un
nivel
técnico
muy
elevado.
Además,
a
diferencia
de
otras
asociaciones
profesionales,
de
Jueces
para
la
Democracia
me
llamaba
la
atención
su
mayor
contacto
con
la
sociedad
y
con
los
problemas
que
preocupaban
a la
ciudadanía.
El
tiempo
me
ha
confirmado
que
esa
unión
hace
la
fuerza
y
permite
alcanzar
objetivos
importantes.”
Sr.
Bosch,
Jueces
para
la
Democracia
fue
impulsada
por
ilustres
juristas,
de
ellos
ahora
es
actualidad
Manuela
Carmena.
¿Le
sorprende
el
impacto
que
ha
tenido
entre
la
gente?
Manuela
aparece
como
referente
moral
en
un
momento
de
grand
crisis
de
valores
en
el
ámbito
público.
Al
mismo
tiempo
hay
que
poner
en
valor
su
trayectoria,
la
mayor
parte
de
su
vida
luchando
por
los
derechos
humanos
y
por
la
igualdad,
no
en
vano
fue
una
de
las
primeras
mujeres
que
accedió
a la
judicatura.
También
sabemos
que
por
azar
sobrevivió
al
atentando
de
los
abogados
de
Atocha
de
aquellos
años
setenta.
Su
perfil
es
de
prestigio
ya
que
también
ocupó
altos
cargos
de
prestigio
en
la
judicatura
Todos
estos
factores
la
dotan
de
mucha
credibilidad
a la
hora
de
dar
un
cambio
de
rumbo
a la
ciudad
de
Madrid.
Hacía
tiempo
que
no
se
recordaba
nada
así
y
los
resultados
la
han
acompañado
para
ser
la
próxima
alcaidesa
de
Madrid.
Una
de
sus
primeras
reuniones
que
Carmena
ha
tenido
ha
sido
con
el
presidente
del
TSJ
y el
juez
decano
de
Madrid.
¿Es
buena
idea
crear
una
Oficina
Antidesahucios
en
nuestra
ciudad?
Es
una
idea
muy
positiva,
sobre
todo
en
el
entorno
que
nos
movemos.
Es
evidente
que
un
órgano
de
este
tipo
no
podría
anular
una
sentencia
de
un
juzgado.
Sin
embargo
también
está
el
derecho
fundamental
a la
vivienda,
derecho
al
que
están
vinculados
los
poderes
públicos
y
que
ahora
se
está
vulnerando
con
las
ejecuciones
hipotecarias.
Creo
que
esta
Oficina
debe
funcionar
como
Institución
mediadora
entre
los
afectados
por
el
posible
desahucio
y
las
entidades
bancarias.
A la
vez,
si
se
produce
ese
desalojo
debería
ayudar
a
recolocar
a
esa
familia
afectada
y
proteger
ese
derecho
a la
vivienda.
Volviendo
al
tema
que
nos
ocupa,
la
historia
de
Jueces
para
la
Democracia,
en
estos
32
años
de
vida.
¿Con
que
Ministro
de
Justicia
se
queda
que
realmente
haya
hecho
algo
en
estos
años?
Es
complicado
contestar
a
esta
pregunta
que
usted
me
hace.
Es
posible
que
Gallardón
haya
sido
el
peor
Ministro
de
Justicia
de
esta
etapa
democrática
del
país,
sobre
todo
por
las
expectativas
que
había
generado.
Se
esperaba
mucho
más
de
él,
especialmente
al
estar
respaldado
por
una
amplia
mayoría
parlamentaria.
No
puedo
destacar
ningún
Ministro
de
Justicia
que
se
haya
empeñado
en
mejorar
la
administración
de
justicia.
Realmente
pese
al
esfuerzo
que
pusieron
algunos
no
tuvieron
nunca
el
apoyo
de
su
partido
político
para
consolidar
las
reformas.
Nuestro
sistema
judicial
sigue
siendo
una
de
las
asignaturas
pendientes
de
la
democracia.
En
este
periodo
de
tiempo
del
que
hablamos
se
hizo
un
Pacto
de
Estado
por
la
Justicia
que
por
desgracia,
fracasó.
Ahora,
tras
las
elecciones
¿sería
un
buen
momento
para
intentar
de
nuevo
este
acuerdo
entre
todos
los
partidos
políticos?
Es
posible
que
ahora
fuera
un
buen
momento
para
buscar
ese
entendimiento
generalizado
entre
las
principales
fuerzas
políticas
e
impulsaran
un
pacto
contra
la
corrupción.
Sin
embargo,
antes
de
ello
deberían
dar
ejemplo,
en
especial
el
partido
en
el
Gobierno
que
debería
impulsar
medidas
que
generasen
responsabilidades
políticas
porque
no
hace
falta
esperar
a
que
llegue
una
condena
judicial
para
ser
más
proactivo
en
estos
temas.
Al
mismo
tiempo
se
podrí
a
aprovechar
la
coyuntura
para
impulsar
reformas
sobre
medidas
preventivas
contra
la
corrupción
que
dotaran
de
medios
a
los
juzgados
para
que
pudieran
perseguir
a
los
delincuentes
y
esas
prácticas
corruptas.
Para
poner
en
marcha
estas
medidas
no
es
necesario
ningún
pacto
anticorrupción.
También
hemos
visto
el
funcionamiento
del
CGPJ
a
través
de
diferentes
presidentes.
¿En
qué
momento
se
encuentra
esta
institución?
Da
la
sensación
que
la
institución
está
viciada
en
su
origen
y
que
las
reformas
que
se
han
acometido
en
este
órgano
no
han
servido
para
nada.
Con
el
CGPJ
del
señor
Carlos
Lesmes
la
situación
ha
ido
a
peor
al
configurarse
desde
un
reparto
de
cuotas
por
los
mismos
partidos
políticos,
sin
excesivo
disimulo.
De
hecho
antes
de
constituirse
en
esta
oportunidad
ya
se
sabía
el
presidente
que
se
iba
a
designar.
El
CGPJ
está
muy
vinculado
al
poder
político
y es
una
correa
de
transmisión
de
las
fuerzas
políticas.
Ahora
que
se
hablan
de
cambios
constitucionales
no
estaría
de
más
buscar
una
manera
para
reformular
el
propio
CGPJ
y
despolitizarle.
En
estos
últimos
diez
años
el
CGPJ
ha
mostrado
su
cara
sancionadora
más
dura
apartando
de
la
carrera
judicial
a
varios
jueces
mediáticos,
entre
ellos
Garzón
y
Santiago
Vidal.
Hay
que
señalar
que
el
CGPJ
no
goza
de
la
mínima
confianza
por
parte
de
los
jueces
de
que
cumpla
sus
objetivos.
Hoy
los
jueces
no
sienten
estar
protegidos
por
esta
institución.
Frente
a
esta
tesis,
sí
se
ve
el
CGPJ
como
instrumento
de
presión
que
puede
atentar
a la
independencia
judicial
a
través
de
esta
actividad
sancionadora
que
usted
señala.
En
este
sentido
le
diré
que
cuando
los
jueces
recibimos
una
comunicación
de
esta
entidad
pensamos
que
su
interés
es
sancionarnos.
En
estos
momentos
se
afronta
una
reforma
de
la
LOPJ.
¿Es
la
adecuada
para
la
carrera
judicial
pese
a
que
es
muy
limitada
como
ha
señalado
el
Ministro
Catalá?
En
líneas
generales
las
reformas
que
está
impulsando
el
Ministro
Catalá
son
meros
parches,
muy
precipitados.
Así
ha
pasado
con
la
LECRIM,
donde
se
reducen
de
forma
arbitraria
los
plazos
de
la
instrucción
sin
dotar
de
medios
a
los
juzgados.
Esto
en
asuntos
de
corrupción
va a
generar
situaciones
de
impunidad
notables.
El
problema
que
se
ha
encontrado
Catalá
es
que
algunas
de
las
reformas
que
puso
en
marcha
su
predecesor,
Alberto
Ruiz-Gallardón
eran
muy
negativas,
como
en
el
caso
de
la
LOPJ.
Como
había
el
peligro
de
pasar
la
legislatura
sin
aprobar
nada
de
relieve,
se
han
hecho
estos
cambios
para
dar
sensación
de
haber
hecho
algo
de
relieve.
Curiosamente
la
Ley
de
Tasas
ya
derogada
para
las
personas
físicas
es
de
lo
poco
que
ha
hecho
este
gobierno.
Realmente
hemos
perdido
cuatro
años
y la
situación
de
la
justicia
es
peor
que
antes.
Hay
muchos
recortes
en
plantilla
y se
han
congelado
las
oposiciones
en
la
carrera.
Tenemos
poco
medios
y
están
mal
organizados.
La
propia
Oficina
Judicial
está
paralizada.
Con
una
mejor
organización
de
los
medios
existentes
y
algunos
cambios
procesales
que
no
cuestan
dinero,
la
situación
de
nuestra
administración
de
Justicia
podría
mejorar.
Respecto
a la
figura
del
juez,
¿qué
cambios
ha
experimentado
este
profesional
en
estas
tres
últimas
décadas?
La
evolución
de
la
carrera
judicial
tiene
que
ver
con
la
entrada
de
la
Constitución.
El
juez
ha
dejado
de
ser
una
autoridad
alejada
del
ciudadano
e
internamente
muy
jerarquizada
para
convertirse
en
una
figura
más
próxima
y
consciente
de
cuáles
son
los
derechos
fundamentales
de
los
ciudadanos,
siempre
desde
una
posición
de
independencia.
Así
está
pasando
en
nuestro
derecho
hipotecario
donde
el
juez
va
más
allá
de
lo
que
le
marca
la
ley.
Analiza
los
principios
constitucionales
y
las
normas
europeas
y
busca
soluciones
desde
esa
actitud
independiente
que
le
comentaba
que
le
han
llevado
a
plantear
cuestiones
prejudiciales
ante
el
TJUE
que
luego
han
provocado
modificaciones
en
nuestra
legislación.
Las
tres
huelgas
que
la
carrera
judicial
ha
realizado
en
este
periodo
de
tiempo,
¿realmente
han
servido
para
algo?
Creo
que
sí.
Han
generado
un
estado
de
opinión
en
la
sociedad
de
lo
que
es
la
justicia
y
del
papel
que
ocupamos
los
jueces.
A la
vez
hemos
denunciado
la
situación
de
la
administración
de
justicia
que
no
tiene
medios
para
actuar.
Se
han
logrado
muchas
victorias
parciales
y
ahí
seguimos
reivindicando
derechos
como
funcionarios
públicos
que
somos.
Las
carencias
son
estructurales
y la
falta
de
medios
y de
jueces
es
alarmante.
Esto
hará
que
tengamos
que
seguir
estableciendo
medidas
de
presión
para
lograr
que
este
panorama
desolador
mejore.
Faltan
medios
y el
Ministro
Gallardón
liquidó
en
diciembre
del
2012
a
los
jueces
y
fiscales
sustitutos
pese
a
que
hacían
falta
y
habían
hecho
un
buen
trabajo.
Esta
medida
nunca
podía
ser
acertada
al
no
tener
un
fundamento
racional
de
mejora
del
sistema
judicial.
El
propio
Gallardón
en
una
reunión
nos
explicó
esta
medida
señalando
que
eran
órdenes
del
Ministerio
de
Hacienda
realizar
unos
recortes.
Al
poder
despedir
a
los
jueces
y
secretarios
judiciales
titulares,
uno
de
los
pocos
espacios
que
le
quedaban
para
meter
la
tijera
de
los
recortes
fue
con
este
colectivo.
Realmente
nunca
estuvo
justificada
porque
el
colectivo
de
sustitutos
hizo
una
labor
importante.
Ahora
con
su
ausencia,
la
situación
es
peor
que
nunca.
De
hecho
la
implantación
de
las
Tasas
judiciales
estaba
muy
relacionada
con
esta
medida.
Se
trataba
de
buscar
ingresos
para
las
maltrechas
arcas
del
Estado
y
que
ante
la
falta
de
estos
jueces
la
ciudadanía
no
recurriese
al
no
haber
medios
para
responder.
Sobre
el
asociacionismo
jurídico,
da
la
sensación
que
las
cuatro
asociaciones
que
coexisten
están
más
cerca
que
nunca
en
planteamientos.
Es
posible
que
sea
así
pero
también
hay
que
respetar
el
pluralismo
de
opiniones.
No
es
negativo
que
existan
varias
asociaciones
en
la
carrera
judicial.
Lo
que
sí
es
negativo
es
que
no
se
actúe
de
manera
unitaria
en
los
temas
en
los
que
todos
estamos
de
acuerdo.
Precisamente
en
determinados
momentos
de
la
gestión
del
Ministro
Gallardón
faltó
esa
unidad
asociativa
de
la
que
hablamos.
En
el
futuro
debemos
buscar
modelos
de
funcionamiento
conjunto
ante
ciertas
cuestiones.
Dentro
de
unos
días
celebran
su
congreso
anual
que
en
esta
ocasión
tendrá
lugar
en
Cádiz.
¿Bajo
qué
premisas
se
organiza?
Se
ha
organizado
bajo
el
lema
“Justicia
y
Constitución
en
el
siglo
XXI”.
La
idea
es
analizar
la
vigencia
de
la
Constitución
de
1978
y de
cómo
podría
evolucionar
con
ciertas
reformas.
Creemos
que
se
tendría
que
ir a
una
reforma
constitucional
amplia
y
ver
qué
elementos
hay
que
modificar
de
nuestra
actual
Carta
Magna.
A
este
evento
están
invitados
constitucionalistas
destacados
de
nuestro
país
para
que
nos
ofrezcan
su
opinión.
Durante
este
Congreso
habrá
una
mesa
redonda
donde
escucharemos
los
puntos
de
vista
de
los
principales
partidos
políticos.
Nuestra
idea
es
también
aportar
nuestro
punto
de
vista
sobre
este
y
cualquier
tema
porque
siempre
hemos
estado
muy
próximos
de
la
defensa
de
los
derechos
fundamentales. |