La
agenda
política
de
lo
social
no
ha
sido
muy
nutrida
en
esta
Legislatura,
que
en
unos
pocos
meses
tocará
a su
fin.
Justamente,
coincidiendo
con
sus
momentos
de
cierre
-¿azar
o
cálculo-
se
anuncian
dos
iniciativas
legislativas
que
de
ser
algo
serían
sustancialmente
sociales.
Me
refiero
a
los
proyectos
de
Ley
del
tercer
Sector
de
Acción
Social
y de
Voluntariado,
ambos
en
trámite
en
la
Cortes
Generales
a
esta
fecha.
Estos
proyectos
normativos
no
estaban
en
el
programa
del
partido
que
en
2012
ganó
la
alecciones,
no
fueron
compromisos
adquiridos
en
el
discurso
de
investidura
del
Gobierno,
no
proceden
de
una
decisión
originaria
del
poder
ejecutivo,
y no
obstante
ahí
están,
tramitándose.
Se
trata
de
demandas
de
la
sociedad
civil
organizada,
planteadas
y
defendidas
por
su
representación
colectiva,
que
el
poder
público
ha
asumido,
haciendo
suya,
son
expresión
de
la
aptitud
expansiva
del
llamado
diálogo
civil,
que
no
es
más
que
la
creciente
y
efectiva
participación
en
la
toma
de
decisiones
por
parte
de
los
tejidos
sociales.
De
la
sociedad
civil,
si
nos
atenemos
al
origen,
pero
también
hacia
la
sociedad
civil,
en
cuanto
al
destino,
porque
ambas
leyes,
cuando
esté
aprobadas
y
desplieguen
efectos,
reforzarán
a la
sociedad
civil,
esa
parte
de
la
ciudadanía
organizada,
activa
y
comprometida
con
la
mejora
de
la
vida
en
comunidad.
La
Ley
del
Tercer
Sector
de
Acción
Social,
robustece
la
sociedad
civil
porque
reconoce,
regula
y
promueve
el
tercer
sector
de
acción
social,
que
carecía
hasta
ahora
de
referente
normativo
preciso,
a
despecho
de
su
relevancia
objetiva.
La
segunda
Ley,
renovando
profundamente
el
voluntariado,
entendido
como
mecanismo
privilegiado
para
encauzar
la
pulsión
solidaria
de
la
ciudadanía.
Más
que
leyes
resultado,
que
arrojan
un
objeto
jurídico
definitivo
y
concluso
al
populoso
tráfico
de
normas,
son
leyes
proceso,
es
decir,
iniciativas
que
abren
espirales,
que
suscitan
dinámicas
de
cambio
a la
acción
y
participación
sociales,
en
alguna
medida
con
vida
propia,
que
habrá
que
impulsar,
alentar
y
hasta
gestionar,
cuyos
efectos
prácticos
no
conocemos
de
antemano.
Podemos
presumir
que
serán
prometedores,
pero
están
en
verdad
teñidos
de
incertidumbre,
pues
dependerá
de
cómo
los
usemos,
pues
no
dejan
de
ser
leyes
instrumento
o
leyes
herramienta,
cuyo
potencial
está
en
nuestras
propias
manos.
Son
también,
todo
hay
que
decirlo,
leyes
sin
memoria
económica,
lo
cual,
por
muchos,
puede
ser
visto
como
una
tacha
o
reparo
sustanciales.
Una
ley
sin
presupuesto,
señalarán,
es
meramente
una
declaración
improductiva,
un
fuego
fatuo
normativo,
efímero
e
impotente
para
desencadenar
cambio
social.
Pero
más
allá
de
esa
censura,
puede
ser
interpretado
como
cierta
expresión
de
que
la
política,
la
nueva
política,
transciende
la
economía,
de
la
que
no
puede
ser
un
rehén
sin
voluntad,
es
más
que
la
economía
y
que
la
acción
pública
transformadora
no
solo
existe
a
condición
de
que
presente
un
rostro
en
exclusiva
económico.
Si
antes
se
apuntaba
que
son
leyes
surgidas
del
diálogo
civil,
acto
seguido,
hay
que
anotar
que
lo
son
también
para
el
diálogo
civil,
pues
están
llamadas
a
institucionalizar,
esperemos
que
de
manera
irreversible,
el
diálogo
civil,
abriendo
las
políticas
públicas
de
inclusión
del
Estado
a la
participación
cívica,
insertándolas
en
la
necesaria
y
creciente
cocreación
del
Derecho
y
cogestión
de
los
asuntos
públicos.
En
fin,
estas
iniciativas
normativas,
con
independencia
de
lo
que
digan
su
textos,
que
en
el
proceso
parlamentario
en
curso
podrán
y
deberán
ser
ampliados
y
mejorados,
son
una
buena
práctica
de
esa
nueva
gobernanza
que
necesitamos
como
comunidad
política
para
no
descreer,
desesperar
o
rehusar
la
política.
Luis
Cayo
Pérez
Bueno
Presidente
del
Comité
Español
de
Representantes
de
Personas
con
Discapacidad
(CERMI) |