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De
nuevo
como
en
años
anteriores
la
entrada
del
Premio
La
LEY
de
ARTICULOS
DOCTRINALES
reunió
a
los
principales
operadores
jurídicos
y,
en
esta
ocasión,
sirvió
para
disfrutar
de
un
animado
debate
entre
el
ex
FGE
Eduardo
Torres-Dulce,
el
actual
presidente
de
la
Sala
Segunda
del
Tribunal
Supremo,
Manuel
Marchena
y
del
abogado
Adolfo
Prego,
muchos
años
vocal
del
CGPJ.
En
esta
XXIX
edición
el
premio
fue
recibido
por
Alejandro
Fernández
de
Araoz
Gómez-Acebo,
socio
del
despacho
Araoz
&
Rueda,
de
manos
de
Vicente
Sánchez
Velasco,
consejero
delegado
de
Wolters
Kluwer
en
España.
Entre
el
jurado,
además
de
los
asistentes,
otras
personalidades
como,
Enrique
Arnaldo
Alcubilla
(letrado
de
las
Cortes
Generales,
catedrático
de
Derecho
Constitucional
y
abogado
en
ejercicio),
Enrique
López
López
(magistrado
de
la
Audiencia
Nacional,
Sala
de
lo
Penal),
Jesús
Remón
Peñalver
(abogado,
socio
de
Uría
&
Menéndez,
abogado
del
Estado
excedente),
Joan
Picó
i
Junoy
(catedrático
de
Derecho
Procesal
de
la
Universidad
Rovira
i
Virgili),
Juan
Manuel
Cendoya
Méndez
de
Vigo
(director
general
de
Comunicación,
Marketing
Corporativo
y
Estudios
Banco
Santander),
entre
otras
personalidades
El citado jurado premió el trabajo de Fernández-Araoz, titulado
“Repensar
la
protección
del
inversor:
bases
para
un
nuevo
régimen
de
la
contratación
mobiliaria”
tanto
por
su
calidad
técnica
como
por
la
sistemática
expositiva
y
ecuanimidad
en
el
planteamiento,
además
de
por
su
aportación
de
propuestas
para
una
futura
reforma
de
la
legislación
financiera
en
España.
El
acto,
celebrado
en
la
Fundación
Rafael
del
Pino
(Madrid)
el
pasado
28
de
mayo,
incluyó
un
debate
sobre
la
reciente
reforma
del
Código
Penal
en
el
que
participaron
el
presidente
de
la
Sala
Penal
del
Tribunal
Supremo,
Manuel
Marchena;
el
fiscal
ante
el
Tribunal
Constitucional,
Eduardo
Torres-
Dulce;
y
Adolfo
Prego
de
Oliver,
abogado
y
ex-magistrado
de
la
Sala
Penal
del
Tribunal
Supremo.
Manuel
Marchena
se
centró
en
el
delito
de
malversación
de
caudales
públicos,
cuya
regulación
actual
es,
según
el
magistrado,
«manifiestamente
mejorable
y
necesitada
de
revisión»,
destacando
que
tras
la
reforma
su
tipificación
peca
de
excesiva
indeterminación».
En
su
intervención,
Eduardo
Torres-Dulce
opinó
que
muchas
de
las
modificaciones
son
demasiado
doctrinarias
y se
han
hecho
sin
una
reflexión
sobre
el
hábitat
penal,
augurando
que
provocarán
un
desbarajuste.
Además
mantuvo
que
algunos
cambios
no
responden
a
una
verdadera
necesidad,
como
es
el
caso
de
la
imputabilidad
de
las
personas
jurídicas,
tema
en
el
que
incidió
de
manera
especial.
A su
juicio,
su
nueva
regulación
provocará
un
«caos
interpretativo»
por
su
«sistemática
carencia
de
coherencia
y
por
la
insistencia
del
legislador
en
regular
asuntos
extravagantes».
Por
su
parte,
Adolfo
Prego
de
Oliver,
tras
lamentar
que
el
ciudadano
viva
en
«un
permanente
peligro
ante
la
amenaza
del
Estado»
por
«los
vaivenes
del
principio
de
legalidad»
que
suponen
las
sucesivas
reformas
del
Código
Penal,
reconoció
a
esta
última
reforma
aspectos
positivos,
como
las
precisiones
introducidas
en
torno
a
los
delitos
de
administración
desleal
y
apropiación
indebida.
Por vez primera se entregó
el
Premio
Wolters
Kluwer
al
Abogado
del
Futuro
y el
Premio
de
los
Lectores
del
Diario
LA
LEY.
El I
Premio
Wolters
Kluwer
al
Abogado
del
Futuro,
creado
en
colaboración
con
el
Consejo
Nacional
de
Estudiantes
de
Derecho
(CONEDE),
recayó
en
el
trabajo
titulado
«Cláusula
rebus
sic
stantibus
y
crisis
económica:
el
giro
en
la
jurisprudencia
del
Supremo»,
de
Renata
Isabel
Sánchez
de
Lollano,
estudiante
de
sexto
curso
de
doble
grado
en
Derecho,
Administración
y
Dirección
de
Empresas
de
la
Universidad
Carlos
III
de
Madrid.
Este
Premio
tiene
para
Wolters
Kluwer
el
objetivo
de
anticiparse
al
éxito
seguro
de
los
futuros
juristas
a
quienes
la
compañía
quiere
reconocer
cuanto
antes
su
talento
y su
dedicación,
apoyando
e
incentivando
los
estudios
y
comentarios
jurídicos
innovadores
y de
calidad
entre
los
estudiantes
universitarios
de
Derecho
de
grado
y
postgrado.
Finalmente,
el I
Premio
Lectores
del
Diario
LA
LEY
fue
para
el
Magistrado
del
Juzgado
de
lo
Social
n.º
30
de
Madrid
José
Ángel
Folguera
Crespo,
por
su
trabajo
«Pensión
compensatoria
y
prestación
de
viudedad
después
de
separación
y
divorcio:
cambio
jurisprudencial».. |