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Intensa
actividad
en
la
capital
de
España
donde
coinciden
dos
congresos
internacionales.
Del
de
los
Registradores
ya
hablamos
en
otro
lugar
de
este
diario.
El
otro,
organizado
por
el
Consejo
General
de
Procuradores,
ha
reunido
a
más
de
600
profesionales
de
70
países
para
analizar
las
relaciones
entre
la
justicia
y la
economía
desde
el
punto
de
vista
de
las
ejecuciones
de
sentencia.
En
el
acto
de
inauguración
de
este
encuentro
mundial
que
concluye
hoy
escuchamos
las
opiniones
de
el
presidente
del
Tribunal
Supremo
y
del
Consejo
General
del
Poder
Judicial
(CGPJ),
Carlos
Lesmes,
y el
Ministro
de
Justicia,
Rafael
Catalá,
acompañados
del
presidente
del
Consejo
General
de
Procuradores
de
España
(CGPE),
Juan
Carlos
Estévez,
y
del
presidente
de
la
Unión
Internacional
de
Huissieres
de
Justicia
(UIHJ),
Leo
Netten.
Todas
ellas
coincidieron
en
el
papel
de
la
procura
como
un
elemento
dinamizador
de
la
justicia
por
su
involucración
con
las
nuevas
tecnologías.
Mientras
que
Lesmes
y
Estévez
reclamaron
un
protagonismo
más
activo
de
los
procuradores
en
nuestro
sistema
judicial,
especialmente
en
lo
que
se
refiere
a la
ejecución
de
las
sentencias,
Catalá
fue
más
prudente
en
sus
afirmaciones
sobre
este
tema
en
concreto.
Sí
habló
de
sus
reformas
y de
su
idea
de
justicia
digital
donde
cuenta
con
los
procuradores
para
alcanzar
ese
hito
que
nadie
cree
que
lo
vaya
a
lograr.
Bajo
el
título:
“El
Huissier
de
Justicia:
un
puente
entre
el
derecho
y la
economía.
Un
nuevo
enfoque
de
la
ejecución”,
se
han
venido
desarrollando
los
debates
entre
procuradores
de
los
cinco
continentes
La
UIHJ
agrupa
en
la
actualidad
a
profesionales
de
85
países,
siendo
las
últimas
incorporaciones
Moldavia,
Serbia,
Albania,
Georgia
y
Emiratos
Árabes
Unidos.
Durante
el
Congreso
se
han
abordado,
entre
otros,
temas
relacionados
con
la
ejecución
de
sentencias
y su
implantación
eficaz,
el
desarrollo
económico
y su
impacto
en
la
organización
y el
sistema
de
ejecución,
el
papel
de
las
organizaciones
internacionales
en
el
desarrollo
de
una
Justicia
equitativa,
los
servicios
jurídicos
en
materias
transfronterizas,
el
procurador
como
agente
de
ejecución,
etc..
Para
Juan
Carlos
Estévez,
presidente
del
Consejo
General
de
Procuradores
y
anfitrión
de
este
macro
evento:
“Hoy
en
día
la
economía
está
ganando
espacio
a la
justicia
a
nivel
de
decisiones
y
ese
es
un
gran
problema;
la
seguridad
jurídica
es
un
elemento
clave
para
muchas
inversiones
y es
fundamental
que
los
países
cuenten
con
administraciones
de
justicia
ágiles”.
A
este
respecto
recordó
la
disposición
de
los
procuradores
a
ayudar
al
cuello
de
botella
que
existe
en
estos
momentos
sobre
las
ejecuciones
de
las
sentencias,
con
más
de
dos
millones
y
medio
pendientes
de
notificar.
“Este
es
un
grave
problema
que
nuestro
colectivo
puede
ayudar
a
solventar.
No
podemos
olvidar
que
hay
cerca
de
4000
millones
de
euros
en
los
juzgados
atascados
que
no
revierten
a la
economía”,
recordó.
Desde
el
Ministerio
de
Justicia,
Rafael
Catalá
que
ha
tomado
el
timón
de
ese
Ministerio
desde
el
pasado
mes
de
septiembre,
restableciendo
muchas
de
las
relaciones
profesionales
rotas
por
el
anterior
inquilino
del
Palacio
de
Parcent,
recordó
que
tras
la
crisis
económica
que
hemos
vivido
se
han
producido
nuevos
desafíos
que
a
nivel
legislativo
y
judicial
hay
que
afrontar:
“Es
el
momento
de
dotar
de
agilidad
al
tráfico
jurídico
para
que
inversores
y
empresarios
puedan
hacer
negocios
en
nuestro
país”.
Y
recordó
el
papel
de
los
procuradores
ya
en
los
actos
de
notificación
y
certificación
de
actuaciones
que
se
ha
incrementado
tras
una
última
reforma
realizada
recientemente
en
la
LEC.
Apoyo
procuradores
a
digitalización
justicia
El
ministro
apeló
a
los
10.000
procuradores
que
hay
en
España,
a
los
que
ha
señalado
como
“cooperadores
necesarios”,
para
que
la
Justicia
digital,
abierta
e
innovadora
sea
una
realidad
a
partir
del
1 de
enero
de
2016,
fecha
en
la
que
todos
los
profesionales
de
la
justicia
y
órganos
judiciales
estarán
obligados
a
emplear
los
sistemas
telemáticos
en
los
actos
de
comunicación
procesal.
En
las
comunidades
autónomas
directamente
gestionadas
por
el
Ministerio
de
Justicia,
el
95%
de
las
comunicaciones
en
los
órdenes
civil,
social
y
contencioso-administrativo
de
las
que
son
emisores
o
receptores
los
procuradores,
ya
se
realizan
por
medios
telemáticos.
Catalá
ha
destacado
la
firme
determinación
del
Ministerio
de
Justicia
al
mantener
la
incompatibilidad
en
el
ejercicio
de
las
profesiones
de
abogado
y
procurador
y
señaló
el
espíritu
de
diálogo
del
Ministerio
pese
a
que
la
reforma
Penal
y la
LECRIM
no
ha
habido
ningún
consenso.
Por
su
parte,
Carlos
Lesmes,
presidente
del
CGPJ
y
del
Tribunal
Supremo,
se
aferró
a
varias
citas
de
Milton
Friedman,
economista
y
Premio
Nobel,
para
hablar
de
globalización
y
del
entorno
que
nos
espera:
“Nadie
discute
que
en
este
nuevo
entorno
de
hacer
negocios,
hay
nuevos
retos
que
la
justicia
debe
asumir.
Hay
que
buscar
respuestas
eficaces”,
aclaró.
En
este
entorno
donde
las
relaciones
entre
el
derecho
y la
economía
son
tan
estrechas
recordó
la
necesidad
de
realizar
mejores
en
nuestra
administración
de
justicia.
“Pese
a la
entrada
de
la
Oficina
Judicial
y
los
Servicios
Comunes
de
Ejecución,
la
ejecución
de
las
sentencias
sigue
siendo
un
problema
en
nuestro
país.
Ahí
es
muy
posible
que
los
procuradores
pudieran
ser
más
eficaces”,
recordó.
Desde
su
creación
en
1952,
uno
de
los
objetivos
de
la
UIHJ
es
contribuir
a
formar
un
Huissier
(el
equivalente
al
procurador
español)
armonizado
con
los
principios
concebidos
para
desarrollar
la
profesión
a un
nivel
de
excelencia
que
pueda
desempeñar
plenamente
su
función:
servir
a la
Justicia,
a
los
litigantes
y a
los
agentes
económicos.
Hoy
en
día,
para
cumplir
con
esta
evolución,
si
el
desarrollo
de
la
profesión
a
nivel
mundial
parece
ser
inevitable,
también
lo
es
la
diversificación
de
sus
actividades
básicas.
El
Huissier
o el
procurador
está
considerado
en
aquellos
países
donde
ejerce
su
profesión
uno
de
los
pilares
del
Poder
Judicial,
como
garante
de
los
derechos
a un
juicio
justo
y al
acceso
a
los
tribunales
y,
también,
es
una
salvaguardia
contra
la
corrupción.
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