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Sobre
corrupción
y su
forma
de
combatir,
sobre
todo
desde
el
punto
de
vista
penal,
ha
girado
este
XXX
Congreso
de
la
Unión
Progresista
de
Fiscales
celebrado
en
Palma
de
Mallorca.
“Creemos
que
llegamos
tarde
a
fenómenos
como
la
corrupción
y
por
eso
pensar
que
las
fuerzas
políticas
ahora
pueden
generar
un
pacto
anticorrupción
es
un
poco
utópico”,
comenta Alvaro
García,
presidente
nacional
de
UPF.
Para
estos
profesionales
es
fundamental
una
respuesta
penal
adecuada
para
hacer
frente
a la
corrupción
siguiendo
los
criterios
que
ya
se
establecen
para
la
lucha
contra
el
crimen
organizado.
“Somos
muy
críticos
con
la
última
reforma
penal
que
tiene
muchos
elementos
contradictorios,
como
la
prisión
permanente
revisable
o la
figura
de
la
responsabilidad
penal
de
las
personas
jurídicas”,
figuras
a
que
a
juicio
de
esta
asociación
no
se
han
traspuesto
como
debían.
UPF
se
muestra
muy
crítica
con
todas
las
reformas
abordadas,
en
especial
con
la
anacrónica
prisión
permanente
revisable
y
piden
el
cese
inmediato
de
fiscal
Jefe
de
Madrid,
Javier
Polo,
por
clara
incompetencia
y
reprueban
la
gestión
del
anterior
FGE,
Eduardo
Torres-Dulce.
Catalá
y
Consuelo
Madrigal,
Ministro
de
Justicia
y
FGE
actual
estuvieron
presentes
en
estas
jornadas.
Medidas
contundentes
piden
desde
UPF,
asociación
progresista
de
fiscales,
con
un
peso
notable
en
el
actual
Consejo
Fiscal,
en
el
documento
de
las
conclusiones
ya
aprobadas
por
el
Plenario
de
esta
organización
al
que
este
medio
ha
tenido
acceso.
Se
trata
no
tanto
de
controles
preventivos
como
de
medidas
de
choque
desde
el
ámbito
penal
para
frenar
una
lacra
que
se
ha
instalado
en
muchas
instituciones.
A
este
respecto,
lo
primero
que
se
ha
aprobado
es
que
la
propia
corrupción
política
se
asimile
a
los
procedimientos
de
investigación
de
la
corrupción
política
y
económica
con
los
del
Crimen
Organizado.
A este respecto, los fiscales de UPF ven necesario
regular
el
estatuto
del
arrepentido
y
del
testigo
protegido,
así
como
aplicar
las
técnicas
propias
del
agente
encubierto.
Otro
elemento
clave
que
han
pedido
es
que
se
regule
de
forma
más
concreta
la
forma
de
acordar
las
intervenciones
de
comunicaciones
que
disipe
las
dudas
que
constantemente
se
suscitan
sobre
la
legalidad
de
las
medidas
investigadoras
adoptadas
en
la
instrucción.
En el
ámbito
patrimonial
de
la
lucha
contra
la
corrupción
consideran
de
la
mayor
trascendencia:
La
decidida
aplicación
del
decomiso
penal
ampliado
de
bienes
y
activos
procedentes
de
la
corrupción.
La
introducción
en
nuestra
legislación
del
llamado
“comiso
civil”
como
herramienta
extra-penal
para
cercenar
la
rentabilidad
económica
de
la
corrupción
y
atajar
la
utilización
de
testaferros.
Al
mismo
tiempo
se
ve
necesaria
la
puesta
en
marcha
de
la
Oficina
de
Recuperación
de
Activos
bajo
la
dirección
del
Fiscal.
Igualmente
proponemos
la
introducción
de
nuevas
figuras
delictivas
existentes
en
la
mayoría
de
los
países
de
nuestro
entorno
más
cercano
como
son
el
enriquecimiento
ilícito
y la
del
testaferro
lucrativo.
Perseguir
financiación
ilegal
de
partidos
politicos
Asimismo,
esta
entidad
considera
de
suma
importancia
perseguir
la
financiación
ilegal
de
las
formaciones
políticas
y
señalan
que
las
fundaciones
y
asociaciones
vinculadas
a
los
partidos
políticos
deben
ser
plenamente
equiparadas
a
éstos
en
los
supuestos
de
financiación
ilegal.
La
condonación
de
créditos
y la
dación
de
inmuebles
deben
ser
asimiladas
a
las
donaciones
en
este
contexto.
Para
García
es
evidente
que
la
carrera
fiscal
necesita
de
un
presupuesto
autónomo
como
lo
tiene
la
carrera
judicial
para
poder
desarrollar
actividades
y
mejorar
lo
que
es
este
cuerpo
de
profesionales,
claves
en
muchas
jurisdicciones.
Así
lo
ha
dicho
la
propia
FGE,
Consuelo
Madrigal
que
asiste
también
a
este
Congreso
de
UPF,
en
diferentes
foros
y
oportunidades:
“Hay
pendiente
una
reforma
procesal
penal
importante
que
los
últimos
gobiernos
no
han
logrado
poner
en
marcha.
En
ella,
al
igual
que
pasa
con
el
resto
de
países
de
Europa,
encontramos
a
los
fiscales
dirigiendo
la
instrucción,
lo
que
es
más
práctico
para
el
procedimiento
y
dejar
al
juez
en
sus
tareas
concretas”,
resalta.
Respecto
a
esta
legislatura
y
sus
consecuencias,
desde
UPF
se
es
muy
crítico
porque
a
nivel
de
corrupción
se
han
perdido
cuatro
años
muy
valiosos.
“Es
fundamental
tener
unas
leyes
adecuadas
que
junto
con
algunos
controles
preventivos
ayuden
a
combatir
la
corrupción.
Sin
esas
leyes
y
esas
reformas
procesales,
la
corrupción
es
un
fenómeno
que
puede
instalarse
en
nuestra
sociedad
de
forma
peligrosa”.
La
presencia
de
profesionales
de
Medel
y de
la
UE
han
servido
para
conocer
otros
modelos,
francés
e
italiano,
donde
el
protagonismo
del
fiscal
es
mayor
que
en
nuestro
país
“es
posible
que
de
estas
jurisdicciones
pudiéramos
adaptar
algo
a la
propia
carrera
fiscal”;
apunta
Garcia.
A
juicio
de
estos
profesionales
la
corrupción
supone
un
ataque
frontal
a
los
principios
constitucionales
troncales:
estado
social
y
democrático
de
derecho,
interdicción
de
la
arbitrariedad
de
los
poderes
públicos,
el
principio
de
mérito
y
capacidad
en
la
función
pública
y,
en
definitiva,
la
igualdad
de
todos
los
ciudadanos
ante
la
ley.
Desde UPF se considera a la transparencia como un elemento básico
para
luchar
contra
la
corrupción.
Es
clave
en
una
sociedad
democrática
y
poderes
públicos
e
instituciones
deben
someterse
al
escrutinio
de
la
ciudadanía
que
debe
tener
acceso
a
esa
información
para
conocer
sus
decisiones
y
manera
de
gestionar
esos
fondos
públicos.
Para estos profesionales es fundamental que el Ministerio Fiscal
inicie
sin
demora
los
estudios
para
que
esa
Ley
de
Transparencia
llegue
a la
carrera
fiscal.
Y
añaden
que
el
propio
Estatuto
Orgánico
de
estos
profesionales
debería
estar
presidido
por
la
máxima
transparencia.
Otro
tema
que
se
reclama
es
la
elaboración
de
un
código
de
conducta
que
regule
la
actividad
de
los
fiscales.
Reformas
legislativas
mal
enfocadas
Desde
UPF
se
denuncia
el
carácter
autoritario,
represivo
y
antisocial
de
las
reformas
que
se
han
acometido
en
materia
penal
y de
orden
público.
Tras
las
reformas
aprobadas
(Ley
de
Seguridad
Ciudadana,
seguridad
privada,
enésima
reforma
del
Código
Penal)
se
esconde
el
miedo
de
los
gobernantes
hacia
los
gobernados.
Son
las
reformas
del
miedo
que
en
el
caso
de
las
faltas
supone
una
criminalización
de
la
pobreza.
Así,
la
transformación
de
las
faltas
contra
el
patrimonio
en
delitos
leves,
la
re-introducción
como
delito
del
denominado
“top
manta”
o el
mantenimiento
de
la
defraudación
de
prestaciones
de
la
Seguridad
Social
sin
ningún
límite
de
cuantía
mínima
en
el
artículo
307
bis,
suponen
un
intolerable
ataque
a
los
más
desfavorecidos
de
la
sociedad
que
ven
como
a
ellos
se
les
aplica
con
un
rigor
excesivo
el
Código
Penal
A la
vez,
se
percibe
un
miedo
a
los
indignados
que
se
refleja
en
una
criminalización
de
la
protesta
social
con
la
reforma
de
los
delitos
contra
el
orden
público
en
el
Código
Penal
y
con
la
nueva
Ley
de
Seguridad
Ciudadana
ignorando
que
una
democracia
no
únicamente
se
construye
mediante
una
democracia
representativa,
sino
que
en
una
democracia
avanzada
es
imprescindible
respetar
y
garantizar
las
vías
propias
de
la
democracia
participativa
entre
las
que,
sin
duda,
están
la
libertad
de
expresión
y
los
derechos
de
reunión
y
manifestación
consagrados
como
derechos
fundamentales
en
la
constitución.
Para
UPF
también
se
percibe
cierto
miedo
a
los
migrantes
con
la
reforma
de
la
Ley
de
Extranjería
y en
la
tipificación
del
delito
de
hospitalidad
o en
la
posibilidad
que
contempla
la
reforma
del
Código
Penal
de
que
se
pueda
expulsar
a
ciudadanos
extranjeros
que
hayan
sido
condenados
aún
cuando
estén
legales
en
España
o
incluso
aunque
sean
ciudadanos
de
la
Unión
Europea.
Respecto
a la
reforma
de
la
LECRIM
se
es
crítico,
sobre
todo
cuando
se
impone
un
plazo
para
la
instrucción
o
estableciendo
un
extraño
procedimiento
por
decreto,
nos
colocaran
a
los
fiscales,
como
actores
principales
del
proceso
penal,
con
la
responsabilidad
y
sin
los
medios
para
impedir
el
naufragio
de
este
insoportable
sistema
procesal
que
ningún
gobierno
parece
capaz
de
modificar. |
