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La
lucha
contra
la
elusión
fiscal
está
provocando
una
proliferación
normativa
de
cláusulas
antiabuso
a
nivel
internacional,
en
el
contexto
del
Plan
de
Acción
para
evitar
la
Erosión
de
Bases
Imponibles
y el
Desvío
de
Beneficios
(BEPS),
liderado
por
la
OCDE,
así
como
de
las
medidas
propuestas
por
la
Comisión
Europea,
con
el
principal
objetivo
de
lograr
que
se
tribute
donde
se
genera
la
capacidad
económica
y
evitar
supuestos
donde
sin
infringir
directamente
la
ley
se
obtienen
ventajas
fiscales
indeseadas.
Sin
embargo,
si
no
se
definen
de
forma
clara
y
transparente
las
nuevas
medidas,
el
resultado
puede
llevar
a un
incremento
de
la
litigiosidad
entre
las
Administraciones
Públicas
y
los
contribuyentes,
en
un
marco
en
el
que
la
tendencia
debiera
ser
una
mayor
relación
cooperativa
entre
ambos.
Esta
es
la
principal
conclusión
del
estudio
promovido
por
la
Fundación
Impuestos
y
Competitividad
y
coordinado
por
Maximino
Linares,
socio
responsable
de
Procedimientos
Tributarios
de
EY
Abogados.
El
trabajo
se
presentó
este
martes
durante
un
encuentro
celebrado
en
la
sede
de
la
Academia
de
Jurisprudencia
y
Legislación.
Luis
María
Cazorla
Prieto,
copresidente
de
la
sección
de
Derecho
Financiero
y
Tributario
de
la
Academia,
y
Ricardo
Gómez
Acebo,
presidente
de
la
Fundación
abrieron
el
encuentro
que
contó
también
con
la
participación
de
Maximino
Linares,
socio
de
EY
Abogados,
así
como
con
Abelardo
Delgado,
socio
de
Garrigues;
Joaquín
Huelin,
magistrado
de
la
Sala
de
lo
Contencioso-Administrativo
del
Tribunal
Supremo;
Juan
Manuel
Herrero,
de
la
Agencia
Estatal
de
Administración
Tributaria,
y
Pablo
García-Manzano,
letrado
de
la
sección
5ª
del
Consejo
de
Estado.
El
estudio
analiza
el
impacto
en
la
regulación
de
la
cláusula
general
antielusión
del
Proyecto
de
Ley
de
modificación
parcial
de
la
Ley
General
Tributaria,
actualmente
en
tramitación
parlamentaria,
que
prevé
la
sancionabilidad
en
determinados
supuestos
de
conflicto
en
la
aplicación
de
la
norma
tributaria,
modificando
el
régimen
vigente
que
excluía
la
sanción.
En
este
sentido,
el
análisis
destaca
que
la
concreta
configuración
de
la
conducta
sancionable
–dependiente
exclusivamente
del
criterio
de
la
Comisión
Consultiva-
puede
provocar
incertidumbre,
siendo
deseable
aprovechar
la
tramitación
parlamentaria
para
mejorar
su
redacción
en
los
siguientes
apartados::
-
Deben
quedar
plenamente
garantizados
los
principios
y
derechos
constitucionales,
en
especial,
el
principio
de
legalidad
en
materia
sancionadora,
tanto
desde
la
perspectiva
formal
como
material.
- El
simple
hecho
de
no
seguir
el
criterio
establecido
en
los
informes
de
la
Comisión
Consultiva
de
la
propia
Administración
tributaria
no
puede
implicar
la
imposición
automática
de
una
sanción
ni
puede
excluir
la
posible
interpretación
razonable
de
la
norma
tributaria.
-
Debe
contemplarse
la
imposición
de
sanciones
reducidas
o
atenuadas,
no
solo
en
caso
de
falta
de
ingreso
u
obtención
indebida
de
devoluciones
sino
en
los
otros
resultados
contemplados
en
el
nuevo
tipo
infractor
(solicitud
indebida
de
devoluciones
y
acreditación
de
créditos
fiscales).
Gestión
de
riesgos
fiscales
El
análisis
realizado
pone
sobre
la
mesa
que
las
cláusulas
antiabuso
dificultan
la
gestión
de
los
riesgos
fiscales
por
las
compañías,
en
especial
tras
el
reciente
establecimiento
de
la
responsabilidad
fiscal
de
los
Consejos
de
Administración
de
las
sociedades
cotizadas
respecto
del
diseño
de
la
política
de
control
y
gestión
de
riesgos
fiscales.
El
uso
intensivo
de
conceptos
jurídicos
indeterminados,
dejando
un
margen
de
apreciación
excesivo
tanto
para
determinar
sus
presupuestos
de
hecho
como
para
precisar
sus
consecuencias
jurídicas,
es
otro
de
los
caballos
de
batalla
de
los
contribuyentes.
En
este
sentido,
el
estudio
aconseja
una
armonización
y
coordinación
de
las
cláusulas
generales
antielusión,
evitando
una
excesiva
fragmentación
sobre
qué
se
entiende
por
operación
abusiva
o
ventaja
fiscal,
así
como
sobre
las
reglas
y
requisitos
de
procedimientos
que
resulten
de
aplicación
o la
pertinencia
de
llevar
aparejada
su
aplicación
la
imposición
de
sanciones
tributarias.
El
logro
de
una
mayor
certidumbre
facilitaría,
según
el
análisis,
la
gestión
del
riesgo
fiscal
por
los
contribuyentes,
especialmente
las
empresas
con
actividad
transnacional.
Para
conseguir
ese
resultado
el
análisis
advierte
una
tendencia
favorable
a
mejorar
la
calidad
tributaria
mediante
la
conjunción
de
mejoras
en
la
técnica
normativa
y
aplicativas,
junto
con
una
mayor
transparencia
de
Administración
tributaria
y
contribuyentes..
Destaca
también
el
informe
que
se
advierte
una
tendencia
internacional
a
establecer
la
declaración
previa
de
operaciones
posiblemente
constitutivas
de
elusión
fiscal,
como
medida
encaminada
a
mejorar
la
seguridad
jurídica
en
un
entorno
de
cumplimiento
cooperativo.
Propuestas
para
mejorar
la
seguridad
jurídica
Por
todo
ello,
el
estudio
formula
las
siguientes
propuestas
específicas
en
España:
-
Repensar
el
presupuesto
de
hecho
del
conflicto
en
la
aplicación
de
la
norma,
teniendo
en
cuenta
las
tendencias
actuales,
como
la
convergencia
que
en
la
práctica
administrativa
y
judicial
se
está
produciendo
respecto
de
los
motivos
económicos
válidos,
rechazando
las
ventajas
de
aquellos
negocios
jurídicos
que
respondan
fundamentalmente
a
motivos
de
ahorro
fiscal.
-
Incorporar
medidas
específicas
que
mejoren
la
calidad
tributaria
mediante
la
estabilidad
y
transparencia
de
los
criterios
interpretativos
seguidos
por
la
Administración
tributaria.
-
Incorporar
medidas
encaminadas
a
desarrollar
una
relación
cooperativa
entre
Administración
tributaria
y
contribuyentes,
superando
la
mera
imposición
de
obligaciones
formales.
La
Fundación
Impuestos
y
Competitividad
nace
el
22
de
septiembre
de
2011,
como
entidad
sin
ánimo
de
lucro;
su
objeto
fundacional
es
la
investigación,
el
conocimiento,
la
divulgación
y la
opinión
independiente
sobre
los
desarrollos
normativos
internacionales
en
materia
de
tributación
y
fiscalidad,
y
sobre
la
experiencia
de
aplicación
de
los
mismos,
con
especial
atención
a la
investigación
de
los
procesos
a
través
de
los
cuales
dichos
desarrollos
y
experiencias,
si
no
existieran
en
nuestro
país
o en
la
Unión
Europea,
sean
incorporados
al
ordenamiento
y la
práctica
española
y
comunitaria
en
beneficio
de
la
competitividad
de
la
economía
nacional
y de
la
Unión
Europea.
Actualmente,
el
Patronato
de
la
Fundación
está
constitutido
por
ocho
entidades:
Baker
&
McKenzie;
Cuatrecasas,
Conçalves
Pereira;
Deloitte
Abogados,
EY
Abogados,
Garrigues,
KPMG
Abogados,
PwC
Tax
&
Legal
Services
y
Uría
Menéndez. |
