|
Ha
sido
en
el
transcurso
de
este
último
Congreso
de
Jueces
para
la
Democracia
celebrado
el
pasado
fin
de
semana
en
Cádiz
cuando
la
asociación
judicial
Jueces
para
la
Democracia
presentó
un
proyecto
regeneracionista
como
es
un
Observatorio
contra
la
Corrupción.
Esta
iniciativa
también
está
respaldada
por
UPF,
Unión
Progresista
de
Fiscales.
Magistrados
como
Ramón
Sáez
y
Javier
Martínez
y
Begonya
López
del
Secretariado
de
esta
entidad
asociativa
impulsan
esta
actividad.
A lo
largo
de
este
evento
se
analizó
la
vigencia
de
la
Constitución
de
1978
y
sus
posibles
cambios
en
aras
a
estar
actualizada
con
la
sociedad
en
que
vivimos.
“De
hecho
parece
que
surgen
otros
derechos
fundamentales
como
el
derecho
a la
vivienda
o el
de
los
consumidores,
protegidos
por
directivas
europeas
pero
no
en
nuestra
Carta
Magna”,
explica
la
propia
Begonya
López,
magistrada
asociada
a
esta
entidad.
La
idea
de
este
Observatorio
es
analizar
realmente
qué
se
entiende
por
corrupción
y
ver
la
tramitación
judicial
de
cada
uno
de
los
procedimientos
y
cuántos
se
han
convertido
en
condena.
Nuestros
lectores
recuerdan
que
hace
unos
días
Fundación
Hay
Derecho
presentó
un
estudio
sobre
la
corrupción
en
la
misma
dirección
que
esta
alianza
estratégica
que
empuja
este
Observatorio
contra
la
Corrupción
presentado
hace
unos
días.
Jueces
y
fiscales
aúnan
fuerzas
para
luchar
contra
la
corrupción.
Da
la
sensación
que
ya
están
hartos
de
que
se
les
cargue
el
mochuelo
de
que
por
su
culpa
determinados
imputados
quedan
libres
o
sus
causas
son
archivadas.
En
la
ciudad
constitucional
de
Cádiz
el
pasado
fin
de
semana
se
presentó
oficialmente
el
Observatorio
Contra
la
Corrupción,
una
iniciativa
que
Jueces
para
la
Democracia
lidera
en
colaboración
con
UPF:
“Sabemos
que
hay
pocos
medios
para
trabajar
en
estos
temas
pero
queremos
llegar
al
fondo
del
asunto
y
ver
cuál
es
la
evolución
de
muchos
de
los
procesos
hasta
que
se
dicta
sentencia”;
comenta
López.
Una
de
las
primeras
medidas
será
analizar
cuánto
tiempo
se
está
tardando
en
las
causas
de
corrupción
y en
su
instrucción
“también
queremos
ver
el
impacto
de
la
nueva
LECRIM
cuando
se
ajusten
los
plazos.
Es
sorprendente
que
el
legislador
no
haya
reducido
los
recursos
de
los
abogados
en
la
fase
de
instrucción
para
evitar
dilaciones”,
aclara.
Los
trabajos
de
este
Observatorio
quieren
focalizar
lo
que
es
el
fenómeno
de
la
corrupción
y
ver
realmente
donde
está
afectando
a
nivel
de
administraciones
públicas.
“También
queremos
ver
el
papel
de
las
FFAA
y
colectivos
de
seguridad
de
CCAA
y
ver
si
realmente
hacen
su
trabajo
o
también
están
contaminadas
por
la
corrupción”;
aclara
nuestra
interlocutora.
“Otro
tema
que
nos
preocupa
es
visibilizar
las
presiones
que
pueden
recibir
jueces
o
magistradas
y
fiscales
en
el
cometido
de
su
labor
ante
determinados
temas.
Haremos
una
encuesta
entre
todos
ellos
para
saber
realmente
si
han
sufrido
esas
presiones
de
las
que
antes
hablaba”.
En
este
punto
Begonya
López,
como
otros
magistrados
recuerdan
que
el
papel
del
CGPJ
debería
ser
más
proactivo
e
intentar
proteger
la
honorabilidad
de
aquellos
jueces
que
casi
siempre
determinadas
declaraciones
de
políticos
cuestionan
su
buen
hacer.
Curiosamente
esta
conversación
que
mantenemos
por
teléfono
tiene
lugar
el
día
en
el
que
el
juez
Velasco
ordena
el
registro
de
diez
Ayuntamientos,
la
mayor
parte
madrileños
y
otros
localizados
en
la
comunidad
valenciana:
“La
verdad
que
el
fenómeno
de
la
corrupción
está
muy
extendido
y
hay
que
desarrollar
medidas
claras
que
este
Gobierno
aún
no
ha
puesto
en
marcha
contra
su
desarrollo”.
Las
medidas
de
las
que
habla
nuestra
entrevistada
son
de
carácter
preventivo
referidas
a la
mejora
de
los
controles
por
parte
de
los
interventores
de
las
cuentas
públicas
y
una
mayor
agilidad
del
propio
Tribunal
de
Cuentas,
al
que
le
falta
presupuesto
y
recursos
para
realizar
su
labor.
“En
Francia,
se
tarda
muy
poco
en
tener
este
tipo
de
informes
de
control
de
las
grandes
instituciones
mientras
que
en
nuestro
país
pasan
años
hasta
que
los
tenemos,
lo
que
genera
algunas
veces
la
prescripción
de
los
delitos”,
comenta.
Para
esta
magistrada,
miembro
del
Secretariado
de
Jueces
para
la
Democracia,
hay
que
darse
cuenta
que
la
corrupción
no
es
patrimonio
de
la
Audiencia
Nacional.
“Hay
muchos
juzgados
que
también
llevan
temas
de
estas
características
y
que
necesitan
medios
materiales
y
humanos
para
llevarlos
de
manera
correcta.
Falta
una
policía
y
unos
peritos
que
dependieran
de
los
juzgados
y no
del
Ministerio
de
Interior
que
pudieran
ayudar
al
juez
en
su
cometido
para
poder
desarrollar
una
administración
judicial
independiente
y
rápida”.
Aunque
los
medios
son
modestos,
los
objetivos
son
bastante
ambiciosos
y de
hecho
otro
elemento
de
este
Observatorio
seria
para
ayudar
la
independencia
judicial
desde
la
denuncia
de
casos
concretos
que
estuvieran
pasando.
Desde
su
punto
de
vista,
en
un
momento
como
el
actual
donde
se
vislumbran
pactos
entre
diferentes
fuerzas
políticas
para
formar
Gobierno
“sería
un
momento
ideal
para
que
nuestros
políticos
se
comprometieran
a
suscribir
un
pacto
global
contra
la
corrupción.
La
sociedad
ve
la
corrupción
como
un
gran
problema”. |
