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Intensa
actividad
legislativa
en
nuestro
Parlamento
en
esta
recta
final
de
legislatura.
La
mayoría
que
tiene
el
PP
en
ambas
Cámaras
le
permite
apretar
el
acelerador
encuentre
o no
el
consenso
político
que
el
Ministro
Catalá
ha
manifestado
encontrar
pero
que
en
el
caso
de
la
próxima
reforma
Penal
que
entra
en
vigor
el
próximo
1 de
julio
la
reforma
de
la
LECRIM,
no
ha
encontrado.
Avanzan
en
su
tramitación
parlamentaria
Proyecto
de
Ley
que
concede
la
nacionalidad
española
a
los
sefardíes,
el
Proyecto
de
Ley
que
reforma
el
baremo
de
las
indemnizaciones
por
accidente
de
tráfico
y el
Proyecto
de
Ley
de
reforma
de
la
Ley
Hipotecaria
y
del
texto
refundido
de
la
Ley
del
Catastro
Inmobiliario.
Ahora
estamos
pendientes
de
la
aprobación
de
la
reforma
de
la
Jurisdicción
Voluntaria,
un
texto
que
desde
hace
quince
años
no
ha
encontrado
apoyos
de
nadie
y la
LOPJ,
clave
para
el
desarrollo
de
la
carrera
judicial
y
que
será
mas
descafeinada
de
la
que
planteaba
el
Ministro
saliente
Gallardón.
Ahora
llega
al
Congreso
el
proyecto
de
ley
de
Jurisdicción
Voluntaria
y
una
reforma
descafeinada
de
la
LOPJ
que
pretende
optimizar
el
trabajo
de
nuestros
jueces
y
magistrados.
Sin
prisa
pero
sin
pausa,
en
un
entorno
descafeinado
por
la
falta
de
tiempo,
el
Ministro
Catalá
que
hace
diez
meses
llegó
como
solución
de
urgencia
a un
Gallardón
quemado,
está
llevando
a
cabo
una
hoja
de
ruta
con
diferentes
reformas,
alguna
de
calado
como
el
próximo
Código
Penal
que
entrará
en
vigor
el
próximo
1 de
julio
y
que
modifica
trescientos
artículos.
Una
reforma
sin
consenso
político
que
introduce
la
prisión
permanente
revisable;
que
no
modifica
los
excesos
de
los
jueces
con
la
prisión
preventiva
y
que
modifica
el
artículo
31
bis
en
cuanto
a la
responsabilidad
penal
de
las
personas
jurídicas.
Será
el
momento
del
compliance,
cumplimiento
normativo
para
evitar
sanciones
importantes.
Con
el
escenario
de
las
elecciones
generales
del
próximo
mes
de
noviembre
y la
disolución
de
las
Cortes
para
finales
de
septiembre
o
primera
semana
de
octubre
hay
un
escenario
de
una
cuarentena
larga
de
proyectos
de
ley
que
se
encuentran
en
tramitación
en
nuestro
Parlamento.
Pese
a
ser
meses
inhábiles
en
el
Parlamento,
como
marca
la
Constitución,
el
Congreso
celebrará
dos
plenos
en
julio
y el
Senado,
otro.
En
agosto,
se
trabajará
sobre
todo
en
comisiones
y
ponencias,
principalmente
en
la
Cámara
Alta,
para
que
una
vez
reanudada
la
actividad
de
septiembre
los
proyectos
de
ley
sean
aprobados
directamente
en
Pleno.
En
el
caso
de
la
LECRIM,
la
situación
es
parecida.
Su
aprobación
llegará
más
tarde
aunque
hace
unos
días
en
la
Cámara
Bala
se
aprobaban
los
dos
Proyectos
de
Ley
que
reforman
la
Ley
de
Enjuiciamiento
Criminal,
con
lo
que
los
textos
pasan
ahora
al
Senado
donde
se
abre
el
periodo
de
enmiendas.
El
tema
más
polémico
los
plazos
para
las
instrucciones
se
antoja
imposible
de
cumplir,
máxime
cuando
no
se
han
incluido
los
mecanismos
oportunos
para
que
los
abogados
de
ambas
partes
reduzcan
al
mínimo
sus
recursos
de
aplazamiento
y
similares.
Esta
medida
polémica
no
ha
sido
acogida
de
buen
grado
por
las
asociaciones
judiciales
que
ven
inviable
que
los
procesos
respeten
este
tiempo.
Cuestiones
como
la
acusación
popular
o la
regulación
del
secreto
del
sumario,
muy
delicadas,
se
han
dejado
de
abordar
en
esta
ocasión.
LOPJ;
descafeinada
a
fin
de
legislatura
El
borrador
que
maneja
Catalá
de
la
LOPJ
es
muy
diferente
del
que
Gallardón
puso
sobre
la
mesa
a
las
asociaciones
judiciales
y
generó
su
repulsa
total.
Estos
ligeros
cambios
pretenden
agilizar
los
tiempos
de
respuesta
de
los
tribunales
mediante
un
reparto
más
homogéneo
de
las
cargas
de
trabajo,
permitiendo
mayor
especialización
en
asuntos
específicos.
De
hecho
hace
unos
días
la
propia
Carmen
Sánchez-Cortes,
secretario
de
Estado
de
Justicia,
manifestaba
en
el
Congreso
de
los
secretarios
judiciales
que
se
van
a
atribuir
a
los
juzgados
de
lo
mercantil
del
conocimiento
de
las
acciones
colectivas
en
materia
de
contratación
y de
consumidores
y
usuarios.
Se
establece
así
que
una
Sección
especializada
de
la
Audiencia
Provincial
conozca
en
el
orden
civil
los
recursos
sobre
esta
materia,
lo
que
posibilitará
una
mayor
especialización
en
la
actividad
desarrollada
por
las
Audiencias
Provinciales.
Sobre
la
futura
Ley
de
Jurisdicción
Voluntaria,
un
tema
que
en
los
últimos
quince
años
no
ha
habido
acuerdo,
pese
a la
necesidad
de
descargar
a
los
jueces
de
asuntos
que
no
tengan
controversia
y
que
puedan
tener
un
trámite
más
ágil
con
otros
operadores
jurídicos.
En
esta
oportunidad,
secretarios
judiciales
y
notarios
sobre
todo
van
a
ser
los
profesionales
que
se
encarguen
de
esos
asuntos
que
no
necesitan
de
la
intervención
judicial.
Es
bastante
probable
que
su
paso
por
el
Congreso
en
los
próximos
días
afine
lo
que
es
el
proyecto
de
ley
en
este
sentido.
Los
auténticos
beneficiados
por
la
futura
Ley
de
Jurisdicción
Voluntaria
van
a
ser
los
ciudadanos
y
las
empresas,
quienes
contarán
con
un
moderno
procedimiento
para
satisfacer
sus
derechos
e
intereses
jurídicos
legítimos
que,
respetando
en
todo
caso
la
tutela
judicial
efectiva,
será
más
ágil,
económico
y
adaptado
a
sus
necesidades.
Procedimientos
ágiles
sin
judicializar
A
este
respecto
y
tal
y
como
nos
explicaba
Juan
Ramón
Liebana,
abogado
y
profesor
de
derecho
procesal
de
UNIR
:”
Los
ciudadanos
podrá
solicitar
por
sí
mismo
la
satisfacción
de
multitud
de
derechos
e
intereses
en
cuestiones
tan
diversas
como,
por
ejemplo,
la
constitución
de
la
tutela,
la
concesión
de
la
emancipación
o la
dispensa
del
impedimento
matrimonial,
además
de
cuestiones
en
relación
con
la
patria
potestad
o en
los
casos
de
desacuerdo
conyugal
y en
la
administración
de
bienes
gananciales,
entre
otros”
Son
procedimientos
que
están
exentos
de
tasas
judiciales
y
para
aquéllos
que
se
encomiendan
a
Notarios
y
Registradores
de
la
Propiedad
y
Mercantiles
se
prevé
la
aprobación
de
unos
aranceles
específicos
y la
aplicación
en
todo
caso
de
la
Ley
de
Asistencia
Jurídica
Gratuita.
Sobre
otros
temas
que
ya
siguen
su
curso
parlamentario
hay
que
recordar
que
el
Proyecto
de
Ley
que
concede
la
nacionalidad
española
a
los
sefardíes
que
se
aprobó
este
viernes
en
el
Congreso,
permitirá
que
se
abra
el
proceso
para
iniciar
los
trámites
a
partir
del
próximo
1 de
octubre
y
durante
tres
años
a
través
de
procedimiento
electrónico.
Los
requisitos
para
poder
solicitar
la
nacionalidad
española
son
acreditar
convenientemente
la
condición
de
sefardí
y la
especial
vinculación
con
España.
Por
su
parte,
la
reforma
del
baremo
de
las
indemnizaciones
por
accidente
de
tráfico
actualiza
la
norma
adaptándola
a la
realidad
social
actual
de
manera
que
se
fomenta
la
rápida
resolución
de
los
conflictos
y se
potencian
los
acuerdos
extrajudiciales.
Además,
la
nueva
ley
permite
incrementar
la
protección
a
las
víctimas
de
accidentes
de
circulación
mediante
la
garantía
de
una
indemnización
suficiente,
lo
que
sitúa
a
España
a la
altura
de
las
reformas
que
en
el
ámbito
comunitario
se
han
emprendido
en
relación
con
el
seguro
del
automóvil.
Respecto
a la
reforma
de
la
Ley
Hipotecaria
y la
Ley
del
Catastro
Inmobiliario
permite
el
intercambio
de
datos
entre
el
Catastro
y el
Registro
de
la
Propiedad,
mejorando
la
coordinación
entre
ambos
y
evitando
así
22.000
declaraciones
presenciales
al
año. |
