|
Devastador
informe
de
la
asociación
judicial,
Jueces
para
la
Democracia
que
constata
un
parón
en
nuestra
administración
de
justicia
desde
el
2008,
año
en
que
arranco
esta
crisis.
Desde
entonces
permanece
con
la
misma
dimensión,
sin
acomodarse
al
incremento
de
litigiosidad
que
esta
grave
depresión
económica
ha
supuesto.
Aunque
en
los
primeros
años
de
la
crisis
se
mantuvo
un
modesto
crecimiento
que
supuso
la
creación
de
sesenta
juzgados
al
año,
a
partir
de
la
llegada
al
Ministerio
de
Justicia
de
Alberto
Ruiz
Gallardón,
en
el
año
2011,
se
congela
la
planta
judicial,
se
eliminan
1500
jueces
sustitutos
y
dejan
de
constituirse
juzgados
y
tribunales.
Ahora
esta
asociación
judicial
reclama
la
creación
de
1000
juzgados
en
los
próximos
meses,
cuestión
que
se
antoja
complicada
al
estar
en
el
fin
de
la
legislatura
y no
estar
nuestro
Estado
a
nivel
presupuestario
para
muchas
alegrías.
Estas
reclamaciones
a
Justicia,
CGPJ
y
CCAA
con
competencias
transferidas
porque
nuestro
modelo
de
administración
de
justicia
tiene
tres
cabezas,
coinciden
con
el
punto
de
vista
del
Ministro
Catalá
quien
habla
de
leyenda
urbana
cuando
se
le
pregunta
por
el
mal
estado
de
la
justicia.
|
Órganos unipersonales |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
2011 |
2010 |
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
|
Juzgados de Primera Instancia |
804 |
804 |
803 |
803 |
787 |
723 |
703 |
667 |
635 |
611 |
569 |
|
Juzgados de Instrucción |
505 |
505 |
506 |
506 |
496 |
463 |
459 |
444 |
424 |
413 |
387 |
|
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción |
1.046 |
1.046 |
1.046 |
1.046 |
1.071 |
1.099 |
1.065 |
1.041 |
1.053 |
1.050 |
999 |
|
Juzgados de lo Mercantil |
64 |
64 |
64 |
64 |
65 |
55 |
40 |
36 |
34 |
32 |
24 |
|
Juzgados de Violencia contra la Mujer |
106 |
106 |
106 |
106 |
106 |
103 |
92 |
83 |
40 |
18 |
0 |
|
Juzgados de lo Penal |
384 |
381 |
381 |
381 |
381 |
364 |
342 |
327 |
324 |
317 |
301 |
|
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo |
241 |
241 |
241 |
241 |
241 |
236 |
229 |
205 |
191 |
185 |
176 |
|
Juzgados de lo Social |
345 |
345 |
345 |
345 |
345 |
335 |
330 |
323 |
320 |
318 |
304 |
|
Juzgados de Vigilancia Penitenciaria |
51 |
51 |
51 |
51 |
51 |
47 |
45 |
44 |
43 |
41 |
35 |
|
Juzgados de Menores |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
82 |
81 |
81 |
79 |
72 |
|
Registros civiles exclusivos |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
27 |
26 |
21 |
21 |
21 |
21 |
|
Decanatos exclusivos |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
Totales |
3665 |
3662 |
3662 |
3662 |
3662 |
3543 |
3421 |
3280 |
3174 |
3093 |
2896 |
La
litigiosidad,
sin
embargo,
no
para
de
crecer.
La
jurisdicción
social
se
ha
visto
desbordada
por
las
consecuencias
de
la
crisis
y
por
la
aplicación
de
la
reforma
laboral,
que
ha
contribuido
objetivamente
al
aumento
de
las
demandas
por
las
ventajas
que
para
las
empresas
supone
resistirse
a
las
pretensiones
de
los
trabajadores.
Desde
la
propia
asociación
se
observa
que
l
supresión
de
los
jueces
sustitutos
ha
ampliado
en
algunos
casos
los
tiempos
de
respuesta
de
la
jurisdicción,
estimulando
a
los
trabajadores
a
conciliaciones
perjudiciales
para
sus
intereses.
Otro
tanto
acontece
con
el
orden
jurisdiccional
civil,
también
desarbolado
en
algunas
localidades
por
la
ola
de
litigiosidad
que
han
supuesto
las
reclamaciones
contra
cláusulas
abusivas,
la
oposición
a
ejecuciones
hipotecarias,
contratos
bancarios,
permutas
financieras,
preferentes
y
últimamente
la
venta
de
acciones
de
Bankia.
Los
Juzgados
de
lo
Mercantil
también
se
han
visto
sobrepasados
por
el
incremento
de
las
insolvencias
empresariales
y
familiares,
y
por
los
litigios
sobre
condiciones
generales
de
la
contratación,
en
particular
sobre
cláusulas
suelo,
que
están
llevando
los
señalamientos
a
años
vista.
El
orden
contencioso
ha
sufrido
vaivenes
y el
penal
se
ha
convertido
en
el
recipiendario
de
cualquier
reclamación.
Desde
el
Ministerio
la
crisis
no
se
ve
Conocido
es
que
las
consecuencias
de
la
crisis
han
querido
ser
escondidas
por
los
responsables
del
Ministerio
de
Justicia
por
medio
de
la
implantación
de
unas
tasas
judiciales
disuasorias,
que
han
permitido
disimular
durante
varios
años,
hasta
su
reciente
derogación
parcial,
el
indudable
incremento
del
número
de
asuntos
judiciales
que
propicia
la
conflictividad
social.
Esa
derogación,
que
sigue
sin
beneficiar
a
las
pequeñas
empresas
que
de
modo
ocasional
acuden
a
los
tribunales,
tratadas
de
modo
semejante
que
los
grandes
usuarios
de
la
Administración
de
Justicia
que
son
las
entidades
financieras,
de
crédito
y
aseguradoras,
es
insuficiente
y
debiera
ampliarse.
Pero
al
suprimirse
en
parte,
se
ha
puesto
de
manifiesto
que,
efectivamente,
cumplieron
esa
finalidad
de
impedir
a
los
ciudadanos
acceder
al
derecho
fundamental
a la
tutela
judicial
efectiva
que
garantiza
el
art.
24
CE.
Nos
encontramos,
por
lo
tanto,
con
un
panorama
desolador.
La
planta
judicial
no
crece
desde
hace
un
lustro,
y la
litigiosidad
no
para
de
incrementarse.
Ministerio
de
Justicia
y
Comunidades
Autónomas
se
han
instalado
en
una
cómoda
dinámica,
pues
las
limitadas
plazas
judiciales
que
se
crean,
que
no
se
traducen
en
nuevos
juzgados
y
tribunales,
se
solventan
con
la
simple
colocación
de
una
silla
y un
ordenador
en
cualquier
rincón
de
los
Palacios
de
Justicia.
A
pesar
de
que
se
sostiene
que
ha
habido
incremento
de
la
planta,
la
realidad
demuestra
que
sólo
se
han
reforzado
órganos
desbordados,
sin
planificación
para
afrontar
las
crecientes
necesidades
ciudadanas.
Una
sociedad
madura
como
la
española,
que
habitualmente
acude
a
los
tribunales
como
cauce
civilizado
de
resolución
de
conflictos,
está
siendo
defraudada
con
esta
política
restrictiva,
que
hurta
cada
año
los
doscientos
juzgados
que
son
precisos
para
atender
el
incremento
de
procedimientos.
|
Órganos Judiciales Colegiados |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
2011 |
2010 |
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
|
Tribunal Supremo |
79 |
79 |
79 |
79 |
79 |
79 |
79 |
79 |
79 |
79 |
79 |
|
Audiencia Nacional |
61 |
59 |
59 |
59 |
59 |
59 |
59 |
59 |
59 |
56 |
56 |
|
TSJ |
714 |
545 |
545 |
545 |
545 |
491 |
483 |
478 |
469 |
468 |
447 |
|
AudienciasProvinciales |
935 |
827 |
827 |
827 |
827 |
815 |
795 |
779 |
764 |
756 |
724 |
Desde
JPD
se
insiste
en
que
la
situacion
actual
no
ha
estallado
de
forma
generalizada
por
el
esfuerzo
del
personal
de
la
Administración
de
Justicia
y la
magistratura.
Sólo
se
comprende
que
pueda
seguirse
atendiendo
el
aumento
de
las
peticiones
de
tutela
judicial
por
la
dedicación,
cada
vez
superior,
de
los
funcionarios
y
personal
que
tienen
encomendado
el
funcionamiento
de
la
Administración
de
Justicia
y
quienes
integran
el
Poder
Judicial.
Pese
a la
disminución
de
efectivos
que
ha
supuesto
la
expulsión
de
los
jueces
y
juezas
sustitutos
y
suplentes,
reducidos
a un
número
prácticamente
simbólico
por
la
práctica
desaparición
de
esta
partida
presupuestaria,
se
ha
mantenido
la
respuesta
judicial,
pero
a
costa
de
un
incremento
significativo
de
la
dilación.
Situación
límite
Cada
vez
son
más
los
órganos
sobrecargados,
según
los
estudios
del
Consejo
General
del
Poder
Judicial,
y
cada
vez
más
la
demora
de
las
fechas
para
celebrar
vistas
y
juicios.
Esta
situación
tiene
que
remediarse
ya.
No
es
posible
que
sigan
sin
crearse
juzgados.
La
presente
situación
no
se
va a
paliar
con
la
actual
política
de
precarizar
las
nuevas
promociones
de
la
judicatura,
que
se
llevan
de
un
lugar
a
otro
con
poco
criterio
y
escasa
efectividad.
Los
derechos
de
los
ciudadanos,
que
son
los
que
tutela
el
Poder
Judicial,
necesitan
que
éste
se
organice
con
un
tamaño
suficiente
y
mayor
eficiencia.
Es
preciso
volver
al
nivel
de
creación
de
Juzgados
y
Tribunales
que
había
antes
de
que
comenzara
la
crisis,
aunque
ello
suponga
una
inversión
notablemente
superior
a la
que
ahora
se
dedica
a
esta
finalidad.
Por
todo
ello
Jueces
para
la
Democracia
reclama
del
Ministerio
de
Justicia,
Consejo
General
del
Poder
Judicial
y
Comunidades
Autónomas
con
transferencia
en
materia
de
justicia,
que
con
la
mayor
urgencia
acomoden
el
tamaño
de
la
Administración
de
Justicia
a
las
actuales
necesidades
de
la
ciudadanía,
procediendo
a la
inmediata
creación
de
los
mil
juzgados
que
debieran
haberse
puesto
en
marcha
durante
el
último
lustro,
con
el
fin
de
que
la
sociedad
pueda
seguir
confiando
a
sus
tribunales
la
tutela,
sin
las
actuales
dilaciones,
de
sus
derechos
fundamentales
y
libertades
públicas. |