Segunda
reunión
en
dos
años,
la
primera
fue
en
Madrid
el
pasado
7 de
octubre
en
las
instalaciones
del
Colegio
de
Abogados
de
Madrid
entre
la
Junta
de
Gobierno
que
preside
Sonia
Gumpert
y la
del
ICAB
que
encabeza
Oriol
Rusca.
Nueva
reunión
entre
los
dos
vicepresidentes,
`primero
y
segundo
y
sus
personas
de
confianza,
que
en
esta
ocasión
han
tenido
en
la
agenda
dos
puntos
prioritarios.
En
primer
lugar
la
Justicia
Gratuita,
de
nuevo
de
actualidad
por
la
última
reforma
introducida
y
conocida
en
el
BOE,
a
través
de
una
enmienda
del
Grupo
Popular
en
el
Congreso
sobre
la
habitabilidad
de
los
Graduados
Sociales,
como
defensores
jurídicos
en
la
rama
social,
una
medida
que
ha
sentado
muy
mal
en
el
seno
de
toda
la
abogacía.
El
otro
gran
asunto
que
ha
ocupado
esta
reunión
ha
sido
el
proyecto
del
Ministro
Catalá
de
Justicia
digital,
sin
papeles,
que
genera
muchas
dudas
técnicas
y
jurídicas
a
ambas
entidades
colegiales
de
que
pueda
estar
disponible
para
el 1
de
enero
del
2016.
Nuevo
encuentro
de
trabajo
entre
los
dos
Colegios
de
Abogados
más
grandes
de
nuestro
país
donde
sus
Juntas
de
Gobierno
abordaron
temas
de
capital
interés
para
sus
colegiados
en
particular,
y
abogados
en
general.
Es
Oriol
Rusca,
decano
del
ICAB,
quien
hace
en
esta
ocasión
de
portavoz
y
sintetiza
para
este
periodista
esta
reunión.
“Estamos
preocupados
por
la
última
reforma
conocida
de
la
Justicia
Gratuita
donde
si
se
introduce
la
figura
del
Graduado
Social,
los
abogados
perdemos
la
exclusividad
jurídica
que
se
nos
venía
garantizado
por
ley”,
aclara.
Y es
que
este
cambio
normativo
metido
con
calzador
en
la
propia
LEC;
a
golpe
de
enmienda
nadie
lo
esperaba.
“CGAE
y
Ministerio
mantienen
un
grupo
de
trabajo
donde
Sonia
Gumpert
está
presente
y me
consta
que
este
es
un
asunto
por
clarificar
lo
antes
posible”.
Recordamos
en
varias
ocasiones
las
palabras
de
Catalá
de
que
iba
a
consensuar
las
reformas
de
la
abogacía
con
este
colectivo,
pero,
en
esta
ocasión
no
lo
ha
hecho.
Este
asunto
ha
levantado,
y
con
razón,
muchas
ampollas
tanto
en
el
CGAE
como
en
la
mayor
parte
de
los
Colegios
de
Abogados.
“No
tiene
razón
de
ser
este
cambio
que
abre
la
puerta
a
los
Graduados
Sociales
a la
Justicia
Gratuita,
máxime
cuando
a
los
abogados
se
nos
exige
diferentes
requisitos,
estudios
y
formación,
cada
cual
más
exigente.
La
defensa
jurídica
siempre
ha
sido
algo
propio
de
la
abogacía
y
tiene
que
seguir
así”,
señala
el
decano
del
ICAB.
Nadie
discute
que
esta
exclusividad,
como
el
tema
de
la
territorialidad
que
reclaman
los
abogados
en
este
servicio
son
parte
de
las
líneas
rojas
por
las
que
la
abogacía
no
va a
transigir
en
sus
negociaciones
de
la
reforma
de
la
Justicia
Gratuita
con
el
Ministro
Catalá.
Se
espera,
por
tanto,
que
el
propio
Ministro
aclaré
a
corto
plazo
el
porqué
de
la
introducción
de
este
cambio
sustancial
sin
consensuar
con
la
abogacía.
Al
mismo
tiempo
Gumpert
y
Rusca
han
estado
analizando
sus
modelos
específicos
de
Justicia
Gratuita.
Ambos
con
un
alto
nivel
de
calidad
y
satisfacción,
reconocido
tanto
por
los
usuarios
como
por
las
propias
CCAA
que
de
alguna
forma
retribuyen
este
servicio.
Este,
la
retribución
es
el
gran
problema
de
la
Justicia
Gratuita.
Da
la
sensación
que
en
Catalunya
el
modelo
funciona
mejor
y
hay
más
compromiso
por
parte
de
la
Generalitat
en
los
pagos,
mientras
que
Madrid
desde
hace
un
más
de
mes
da
la
sensación
de
abandono,
a la
espera
de
que
se
forme
nuevo
gobierno
autonómico:
“Hemos
logrado
implicar
a la
Generalitat
en
el
desarrollo
de
la
Justicia
Gratuita,
los
pagos
son
puntuales
pero
los
módulos
y su
retribución
es
baja.
SI
el
año
pasado
se
incrementó
la
retribución
en
un
0,5
por
cien
queremos
que
este
año
tenga
una
subida
sobre
el 2
por
cien”,
resalta
Rusca.
Ambos
decanos
tienen
claro
que
el
dinero
de
las
tasas
debe
ir a
la
justicia
gratuita
y de
momento
no
contemplan
reclamación
judicial
al
Ministerio
de
ese
dinero
que
les
pudiera
corresponder.
Justicia
Online,
Sí,
pero
con
seguridad
El
otro
gran
tema
que
ha
llenado
el
tiempo
de
este
encuentro
de
trabajo
entre
las
Juntas
de
Gobierno
de
ICAB
e
ICAM
tiene
que
ver
con
el
deseo
del
Ministro
Catalá
de
que
la
justicia
digital
sea
una
realidad
el
próximo
1 de
julio
y
que
la
mayor
parte
de
las
comunicaciones
de
los
letrados
con
los
órganos
judiciales
sean
online.
Una
medida
que
todo
el
mundo
aplaude
porque
ahorraría
mucho
tiempo
y
agilizaría
los
expedientes
pero
que
crea
muchas
dudas
a
estas
dos
corporaciones
de
derecho
público.
“Es
muy
complicado
que
el 1
de
enero
del
año
que
viene
esté
funcionando
todo
a
nivel
digital.
Hay
muchas
dudas
técnicas
y
jurídicas
que
aún
están
por
solventar
y
que
hay
que
disiparlas
con
calma
porque
estamos
hablando
de
justicia,
un
servicio
público
fundamental
para
los
ciudadanos”,
subraya
Oriol
Rusca.
Es
posible
que
los
Colegios
de
Abogados
tengan
que
afrontar
otra
inversión
importante
por
este
reto
tecnológico
pero
también
preocupa
los
cabos
sueltos
que
pueda
haber.
Las
noticias
que
sabemos
de
Lexnet
es
que
ya
está
operativo
aunque
su
funcionamiento
es
irregular.
Ahora
se
trata
que
sea
interoperable
de
tal
manera
que
al
final
las
conexiones
sean
múltiples
entre
órganos
judiciales
de
diferentes
CCAA:
“Nos
preocupan
muchos
los
errores
que
se
generen,
realmente
son
plazos
procesales
y
quién
se
hará
responsable
de
los
mismos
de
cara
a
los
ciudadanos.
Las
notificaciones
tienen
que
llegar
en
su
plazo
porque
de
lo
contrario
puede
generar
problemas
importantes”,
señala.
Para
ambos
Colegios
la
modernización
de
la
Justicia
es
un
tema
prioritario
y
buena
parte
del
objetivo
podrá
realizarse
con
la
digitalización
del
proceso
judicial.
Sobre
este
tema
ambos
decanos
han
mostrado
su
prudencia
a la
hora
de
realizar
todas
las
pruebas
necesarias
de
cara
a
que
la
llamada
justicia
digital
esté
operativa
y
funcionando
plenamente.
Sin
embargo,
la
sensación
que
late
en
el
proyecto
de
Catalá
de
Justicia
sin
Papeles
es
que
no
está
todo
lo
maduro
para
lograr
alcanzar
el
primero
de
enero
del
año
que
viene
estar
cien
por
cien
operativo. |