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17 de JUNIO de 2015

Rechazo de la abogacía a la aparición del Graduado Social en la Justicia Gratuita y preocupación ante el desarrollo de la Justicia sin papeles

LAWYERPRESS / @LuisjaSanchez

Reunión de trabajo en Barcelona  de las Juntas de Gobierno ICAB-ICAM  para poner en común líneas de actuación sobre estas materias que les afectan directamente

Segunda reunión en dos años, la primera fue en Madrid el pasado 7 de octubre en las instalaciones del Colegio de Abogados de Madrid entre la Junta de Gobierno que preside Sonia Gumpert y la del ICAB que encabeza Oriol Rusca. Nueva reunión entre los dos vicepresidentes, `primero y segundo y sus personas de confianza, que en esta ocasión han tenido en la agenda dos puntos prioritarios. En primer lugar la Justicia Gratuita, de nuevo de actualidad por la última reforma introducida y conocida en el BOE, a través de una enmienda del Grupo Popular en el Congreso sobre la habitabilidad de los Graduados Sociales, como defensores jurídicos  en la rama social, una medida que ha sentado muy mal en el seno de toda la abogacía.  El otro gran asunto que ha ocupado esta reunión ha sido el proyecto del Ministro Catalá de Justicia digital, sin papeles, que genera muchas dudas técnicas y jurídicas a ambas entidades colegiales de que pueda estar disponible para el 1 de enero del 2016.

Nuevo encuentro de trabajo entre los dos Colegios de Abogados más grandes de nuestro país donde sus Juntas de Gobierno abordaron temas de capital interés para sus colegiados en particular, y abogados en general. Es Oriol Rusca, decano del ICAB, quien hace en esta ocasión de portavoz y sintetiza para este periodista esta reunión. “Estamos preocupados por la última reforma conocida de la Justicia Gratuita donde si se introduce la figura del Graduado Social, los abogados perdemos la exclusividad jurídica que se nos venía garantizado por ley”, aclara. Y es que este cambio normativo metido con calzador en la propia LEC; a golpe de enmienda nadie lo esperaba. “CGAE y Ministerio mantienen un grupo de trabajo donde Sonia Gumpert está presente y me consta que este es un asunto por clarificar lo antes posible”. Recordamos en varias ocasiones las palabras de Catalá de que iba a consensuar las reformas de la abogacía con este colectivo, pero, en esta ocasión no lo ha hecho.

Este asunto ha levantado, y con razón, muchas ampollas tanto en el CGAE como en la mayor parte de los Colegios de Abogados. “No tiene razón de ser este cambio que abre la puerta a los Graduados Sociales a la Justicia Gratuita, máxime cuando a los abogados se nos exige diferentes requisitos, estudios y formación, cada cual más exigente. La defensa jurídica siempre ha sido algo propio de la abogacía y tiene que seguir así”, señala el decano del ICAB. Nadie discute que esta exclusividad, como el tema de la territorialidad que reclaman los abogados en este servicio son parte de las líneas rojas por las que la abogacía no va a transigir en sus negociaciones de la reforma de la Justicia Gratuita con el Ministro Catalá. Se espera, por tanto, que el propio Ministro aclaré a corto plazo el porqué de la introducción de este cambio sustancial sin consensuar con la abogacía.

Al mismo tiempo Gumpert y Rusca han estado analizando sus modelos específicos de Justicia Gratuita. Ambos con un alto nivel de calidad y satisfacción, reconocido tanto por los usuarios como por las propias CCAA que de alguna forma retribuyen este servicio. Este, la retribución es el gran problema de la Justicia Gratuita. Da la sensación que en Catalunya el modelo funciona mejor y hay más compromiso por parte de la Generalitat en los pagos, mientras que Madrid desde hace un más de mes da la sensación de abandono, a la espera de que se forme nuevo gobierno autonómico: “Hemos logrado implicar a la Generalitat en el desarrollo de la Justicia Gratuita, los pagos son puntuales pero los módulos y su retribución es baja. SI el año pasado se incrementó la retribución en un 0,5 por cien queremos que este año tenga una subida sobre el 2 por cien”, resalta Rusca. Ambos decanos tienen claro que el dinero de las tasas debe ir a la justicia gratuita y de momento no contemplan reclamación judicial al Ministerio de ese dinero que les pudiera corresponder.

Justicia Online, Sí, pero con seguridad

El otro gran tema que ha llenado el tiempo de este encuentro de trabajo entre las Juntas de Gobierno de ICAB e ICAM tiene que ver con el deseo del Ministro Catalá de que la justicia digital sea una realidad el próximo 1 de julio y que la mayor parte de las comunicaciones de los letrados con los órganos judiciales sean online. Una medida que todo el mundo aplaude porque ahorraría mucho tiempo y agilizaría los expedientes pero que crea muchas dudas a estas dos corporaciones de derecho público. “Es muy complicado que el 1 de enero del año que viene esté funcionando todo a nivel digital. Hay muchas dudas técnicas y jurídicas que aún están por solventar y que hay que disiparlas con calma porque estamos hablando de justicia, un servicio público fundamental para los ciudadanos”, subraya Oriol Rusca. Es posible que los Colegios de Abogados tengan que afrontar otra inversión importante por este reto tecnológico pero también preocupa los cabos sueltos que pueda haber.

Las noticias que sabemos de Lexnet es que ya está operativo aunque su funcionamiento es irregular. Ahora se trata que sea interoperable de tal manera que al final las conexiones sean múltiples entre órganos judiciales de diferentes CCAA: “Nos preocupan muchos los errores que se generen, realmente son plazos procesales y quién se hará responsable de los mismos de cara a los ciudadanos. Las notificaciones tienen que llegar en su plazo porque de lo contrario puede generar problemas importantes”, señala. Para ambos Colegios la modernización de la Justicia es un tema prioritario y buena parte del objetivo podrá realizarse con la digitalización del proceso judicial. Sobre este tema ambos decanos han mostrado su prudencia a la hora de realizar todas las pruebas necesarias de cara a que la llamada justicia digital esté operativa y funcionando plenamente. Sin embargo, la sensación que late en el proyecto de Catalá de Justicia sin Papeles es que no está todo lo maduro para lograr alcanzar el primero de enero del año que viene estar cien por cien operativo.

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
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