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El
juez
que
instruye
el
denominado
‘caso
Osasuna’
notificó
ayer
el
levantamiento
parcial
del
secreto
de
las
diligencias
abiertas
el
pasado
19
de
febrero
para
averiguar
el
destino
de
al
menos
2,4
millones
de
euros
extraídos
de
las
cuentas
del
club.
De
lo
investigado,
el
magistrado
aprecia
indicios
de
que
importantes
cantidades
de
dinero
se
destinaron
a
amaños
de
partidos
de
la
temporada
2013-14,
en
concreto
250.000
euros
a
jugadores
del
Espanyol
por
empatar
con
Osasuna
y
650.000
€ a
jugadores
del
Betis
por
dos
partidos,
400.000
por
ganar
al
Valladolid
y
250.000
por
dejarse
perder
con
Osasuna.
Al
respecto,
el
magistrado
sigue
investigando
otros
partidos
cuyo
resultado
presuntamente
fue
también
alterado
por
Osasuna,
así
como
el
destino
del
resto
del
dinero
extraído
en
metálico
de
las
cuentas
del
club.
En
las
diligencias
abiertas,
el
titular
del
Juzgado
de
Instrucción
número
2 de
Pamplona
no
ha
hallado
evidencias
de
que
se
hubiera
firmado
un
contrato
entre
Flefield
y
Osasuna
por
importe
de
1.440.000
euros.
El
juzgado
está
pendiente
de
recibir
la
información
reclamada
a
las
autoridades
portuguesas,
a
través
de
la
correspondiente
comisión
rogatoria,
si
bien
todos
los
datos
apuntan
a
que
tanto
el
contrato
presuntamente
celebrado
con
la
referida
sociedad
como
las
facturas
derivadas
de
dicho
contrato
son
falsos
y se
crearon
por
directivos
del
club
con
la
finalidad
de
justificar
contablemente
la
salida
de
importantes
cantidades
de
dinero
en
metálico.
De
igual
forma,
el
juez
considera
acreditado
que
el
supuesto
pago
efectuado
el 1
de
junio
de
2013
a
los
agentes
inmobiliarios
Cristina
Valencia
y
Alberto
Nolla
por
importe
de
900.000
euros
no
llegó
a
realizarse
nunca
y
que
el
recibo
que
recogía
dicho
presunto
pago
es,
al
igual
que
ocurre
con
el
contrato
y
facturas
de
Flefield,
falso
y
fue
creado
con
el
mismo
fin
que
estos
documentos.
En
la
causa
principal
están
imputadas
21
personas,
entre
ellos
los
dos
últimos
expresidentes
de
Osasuna,
el
expresidente
de
la
Junta
Gestora,
el
exgerente,
exdirectivos,
exempleados
y
exfutbolistas
del
club
rojillo,
así
como
futbolistas
en
activo
pertenecientes
a
otros
equipos.
El
magistrado
mantiene
el
secreto
de
una
parte
de
las
actuaciones
a
fin
de
evitar
que
el
conocimiento
por
las
partes
de
dichas
diligencias
pueda
perjudicar
el
buen
fin
del
proceso,
esto
es,
el
descubrimiento
de
lo
verdaderamente
ocurrido
en
el
Club
Atlético
Osasuna
en
los
últimos
años.
No
hubo
trato
de
favor
a
Osasuna
por
parte
de
Hacienda
Además
de
las
diligencias
incoadas
a
raíz
de
la
denuncia
interpuesta
por
Osasuna
en
febrero,
el
juez
instructor
ha
abierto
otras
tres
líneas
de
investigación
sobre
determinadas
actuaciones
que
han
ido
apareciendo
en
la
causa
principal.
Así,
el
juez
ha
archivado
la
‘pieza
separada
A’
incoada
a
consecuencia
de
los
testimonios
vertidos
por
dos
de
los
imputados
–Ángel
Vizcay
y
Pachi
Izco–
acerca
de
una
posible
actuación
irregular
de
algún
funcionario
o
responsable
de
la
Hacienda
Tributaria
de
Navarra
en
los
expedientes
abiertos
al
propio
Vizcay
y al
Club
Atlético
Osasuna
en
2008
por
extracciones
de
diversas
cantidades
de
dinero
por
parte
del
entonces
gerente.
En
un
auto,
el
magistrado
explica
que
el
objeto
de
esta
pieza
separada,
que
también
estaba
declarada
secreta,
ha
sido
exclusivamente
determinar
si
en
dicha
concreta
y
puntual
actuación
de
la
Hacienda
Tributaria
de
Navarra
existen
indicios
de
la
comisión
de
algún
delito
de
cohecho
o
prevaricación.
Al
respecto,
el
juez
instructor
ha
tomado
declaración
a
todas
las
personas
que
directa
o
indirectamente
han
podido
tener
conocimiento
del
desarrollo
de
esas
actuaciones
administrativas,
además
de a
los
propios
funcionarios
de
la
Hacienda
Foral
que
realización
las
inspecciones,
a
altos
cargos
de
Hacienda
Foral
de
Navarra
y al
entonces
consejero
de
Economía
Álvaro
Miranda.
De
las
múltiples
diligencias
practicadas,
el
magistrado
afirma
que
“no
se
desprenden
indicios
racionales
suficientes
para
apreciar
la
comisión
de
ningún
tipo
de
delito
por
parte
de
alguno
o
algunos
funcionarios
o
directivos”
de
la
Hacienda
foral.
Hacienda
Tributaria
abrió
en
2008
un
expediente
por
la
extracción
por
parte
de
Vizcay
de
diversas
cantidades
de
dinero
en
billetes
de
500
euros.
A
consecuencia
de
ello,
el
exgerente
declaró
que
el
dinero
se
destinó
al
pago
de
diversas
cantidades
de
dinero
a
otros
clubes
de
fútbol,
unas
afirmaciones
parcialmente
corroboradas
posteriormente
en
un
escrito
firmado
por
el
entonces
presidente
de
Osasuna,
Pachi
Izco.
Como
consecuencia
de
dicho
documento
rubricado
por
Izco,
se
incoó
un
expediente
de
inspección
parcial
al
club
para
determinar
si
dichas
extracciones
podían
tener
algún
impacto
fiscal
en
el
impuesto
de
sociedades
del
club.
Aunque
el
juez
considera
que
en
el
acuerdo
de
archivo
del
expediente
de
inspección
(acta
de
comprobado
y
conforme,
según
la
terminología
de
Hacienda)
puede
apreciarse
una
motivación
un
tanto
escasa,
ello
por
sí
solo
no
es
suficiente
para
considerar,
si
quiera,
que
estemos
en
presencia
de
indicios
de
ningún
tipo
de
delito.
A
mayor
abundamiento,
el
juez
reclamó
la
totalidad
de
expedientes
abiertos
por
Hacienda
sobre
extracciones
en
billetes
de
500
€
con
la
finalidad
de
comparar
la
tramitación
y
concluyó
que
en
todos
ellos
la
motivación
para
el
archivo
de
los
expedientes
es
“idéntica”
al
de
Osasuna.
Todo
ello
unido
al
hecho
de
que
Pachi
Izco,
cuando
testificó
en
esta
pieza
separada,
se
desdijo
de
lo
afirmado
ante
el
juez
el 6
de
marzo
en
su
declaración
como
imputado
al
comienzo
del
procedimiento.
Entonces
manifestó
que
realizó
gestiones
con
consejeros
del
Gobierno
de
Navarra
para
que
Hacienda
““mirara
para
otro
lado”.
Por
estos
motivos,
el
juez,
en
consonancia
con
el
informe
del
Ministerio
Fiscal,
que
tampoco
apreciaba
indicios
de
delito,
ha
acorado
el
archivo
esta
‘pieza
separada
A’.
Sospechas
sobre
Izco
y su
junta
directiva
El
titular
del
Juzgado
de
Instrucción
2 ha
acordado
también
abrir
una
‘pieza
separada
B’
para
extender
la
investigación
a la
presidencia
de
Pachi
Izco
al
haber
descubierto
en
las
investigaciones
realizadas
hasta
la
fecha
que
entre
2003
y
2007
se
extrajeron
en
metálico,
mediante
la
retirada
de
billetes,
un
total
de
3.090.000
euros
de
las
cuentas
del
club.
En
concreto,
según
consta
en
el
auto
en
el
que
el
juez
incoa
la
‘pieza
separada
B’,
en
los
años
2003,
2004
y
2005
se
sacó
dinero
en
metálico
por
importe
total
de
1.380.000
euros;
en
2006
un
total
de
1.260.000
€ y
en
2007
un
total
de
450.000.
El
juez
sostiene
que
no
está
suficientemente
acreditado
el
destino
dado
a
estas
cantidades.
En
el
auto,
el
magistrado
deja
bien
claro
que
esta
resolución
no
implica
en
modo
alguno
la
imputación
de
delito
alguno
a
los
directivos,
gestores
o
encargados
de
la
contabilidad
de
Osasuna
en
esas
fechas.
No
obstante,
con
el
fin
de
interrumpir
la
posible
prescripción
de
los
delitos,
considera
preciso
abrir
una
investigación
a
las
personas
que
en
aquella
época
tuvieron
responsabilidades
directivas
y de
gestión
o
control
contable
del
patrimonio
de
Osasuna,
esto
es,
los
miembros
de
su
junta
directiva,
el
gerente,
el
director
general
o
financiero
y el
contable.
Según
expone
el
juez,
de
lo
ya
instruido
se
desprenden
fuertes
sospechas
de
que,
al
menos
parte
de
dicho
dinero,
pudo
destinarse
a
actividades
ilícitas,
no
tanto
en
relación
con
posibles
amaños
de
partidos
–que
en
aquellos
años
no
estaban
tipificados
en
el
Código
Penal–,
como
a
“gestión
desleal
del
patrimonio
de
Osasuna”,
lo
que
podría
dar
lugar
a
delitos
de
apropiación
indebida,
delitos
societarios,
delitos
de
falsedad
contable,
delitos
de
blanqueo
o
delitos
contra
la
Hacienda
Pública. |
