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A
menos
de
diez
días
de
la
entrada
en
vigor
del
nuevo
Código
Penal,
una
norma
que
modifica
cerca
de
trescientos
artículos;
crea
la
prisión
permanente
revisable
y
endurece
tipos
y
penas,
crece
el
malestar
entre
los
operadores
jurídicos
ante
esta
nueva
norma
que
despenaliza
las
faltas
y
crea
por
vez
primera
el
delito
de
financiación
ilegal
de
los
partidos
políticos.
Una
de
las
últimas
voces
que
se
ha
escuchado
es
la
del
decano
del
ICAB,
Oriol Rusca,
quien
se
ha
vuelto
a
mostrar
muy
crítico
con
la
reforma
del
Código
Penal
y la
introducción
del
concepto
de
pena
de
prisión
permanente
revisable,
durante la
inauguración
de
las
Jornadas
sobre
las
Reformas
Penales
y la
Seguridad
Ciudadana
que
se
han
celebrado
en
Barcelona.
Esta
reforma
pudiera
introducir
la
mediación
penal
si
los
artículos
que
hablan
de
ella
se
desarrollan
en
una
futura
ley,
como
esperan
algunos
expertos.
Rusca
afirmó
que
totalmente
innecesaria
la
reforma
del
Código
Penal
teniendo
en
cuenta
el
bajo
índice
de
delincuencia
en
España
en
comparación
con
otros
países.
Además,
esta
reforma
no
es
menor,
ya
que
modifica
250
artículos
del
texto
actual,
más
de
una
tercera
parte,
y
conlleva
un
endurecimiento
de
la
respuesta
penal
sin
que
exista
ningún
estudio
previo
que
lo
justifique.
También
ha
denunciado
que
la
aprobación
de
este
nuevo
Código
Penal
conlleva
una
falta
de
seguridad
jurídica
para
los
ciudadanos
ya
que
usa
expresiones
ambiguas
o
indeterminadas
en
muchas
de
las
figuras
penales
que
se
tipifican.
El
propio
Ministro
Catalá
cuando
ha
defendido
la
necesidad
de
esta
reforma
ha
aludido
a
los
cambios
en
la
delincuencia
y su
forma
de
operar
y en
la
necesidad
de
parar
tendencias
criminales
nuevas
como
es
el
terrorismo
yihadista
del
que
PP Y
PSOE
llegaron
a un
Pacto
de
Estado
para
luchar
contra
esta
amenaza.
Al
mismo
tiempo
ha
manifestado
que
se
ha
puesto
en
marcha
el
Estatuto
del
Alto
Cargo
de
la
Administración
General
del
Estado,
los
nuevos
delitos
para
funcionarios
y
aquellos
que
traten
de
corromperles
y el
aumento
de
los
plazos
de
prescripción
de
ciertas
conductas.
Sin
embargo
pese
a
ello
varios
de
los
Relatores
de
la
ONU
han
visto
en
esta
reforma
y en
la
Ley
de
Seguridad
Ciudadana,
ya
conocida
como
Ley
Mordaza
un
atentando
contra
los
derechos
fundamentales
de
los
ciudadanos
http://goo.gl/huFlxD
Para
el
propio
decano
del
ICAB
es
un
gran
error
la
introducción
de
la
“pena
de
prisión
permanente
revisable”,
porque
en
España
la
duración
de
las
penas
puede
llegar
hasta
los
40
años
efectivos
de
estancia
en
prisión,
período
que
está
por
encima
de
los
cánones
europeos.
Este
endurecimiento
de
las
penas
no
determina
una
mayor
seguridad
a la
hora
de
vivir
en
una
sociedad
democrática.
De
hecho
en
los
propios
debates
celebrados
en
el
Congreso
de
los
Diputados,
el
resto
de
fuerzas
parlamentarias
ha
pedido
que
se
retirase
esa
figura
por
su
carácter
antidemocrático
que
frena
el
carácter
reisertor
que
deben
tener
las
penas
en
nuestra
sociedad
Finalmente
el
propio
Orio
Rusca
denunciaba
la
creación
de
una
red
normativa
(reforma
del
Código
Penal,
Ley
de
Seguridad
Ciudadana
y
pacto
yihadista)
que
limita
las
libertades
de
los
ciudadanos
pese
a
los
comentarios
que
han
intentando
ser
tranquilizadores
de
los
Ministros
Catalá
y
Fernández
Diaz
sobre
cuestión
que
han
subrayado
que
a “
más
seguridad
más
libertad
habrá,
como
pasa
en
cualquier
país
democrático”.
Normativa
importante
sin
consenso
amplio
politico
En
la
misma
mesa
de
debate,
por
su
parte,
el
presidente
en
funciones
de
la
Diputación
de
Barcelona,
Salvador
Esteve,
ha
recordado
que
en
julio
entra
en
vigor
la
reforma
del
Código
Penal
y la
nueva
Ley
de
Protección
de
la
Seguridad
Ciudadana,
normas
que
afectan
directamente
a
los
derechos
y
las
libertades
de
las
personas
y
que,
como
toda
ley,
tendrán
que
pasar
por
la
prueba
de
la
realidad.
Estas
jornadas
pretenden
ser
un
espacio
de
debate
para
evaluar
su
impacto.
A
pesar
de
ser
consciente
de
la
controversia
generada
por
la
tramitación
y la
aprobación
de
estas
leyes,
Esteve
ha
preferido
centrarse
en
ver
qué
comportará
su
entrada
en
vigor,
qué
implicaciones
tendrá
sobre
la
ciudadanía?,
porque
?policías
y
abogados,
concejales
y
alcaldes
serán
quienes
evaluarán,
en
primera
instancia,
hasta
qué
punto
son
eficientes,
están
bien
redactadas
y
son
útiles
para
la
finalidad
con
la
que
han
sido
creadas?.
Y ha
finalizado
apelando
al
pleno
respeto
con
el
pensamiento
discordante,
a la
diversidad
de
ideologías
y al
ejercicio
de
los
derechos
y
libertades
a la
hora
de
hacer
prevalecer
las
propias
ideas.
También
ha
sido
crítico
el
decano
de
la
Facultad
de
Derecho
de
la
Universidad
de
Barcelona,
Enoch
Alberti,
que
en
su
intervención
ha
declarado
que
reformas
como
éstas
habrían
requerido
el
máximo
consenso
político
y
social |
