|
Amnistía
Internacional
ha
publicado
hoy
un
nuevo
informe,
“Derechos
desalojados.
Derecho
a la
vivienda
y
desalojos
hipotecarios
en
España”
en
el
que
denuncia
como
cientos
de
miles
de
personas
han
perdido
o
están
en
riesgo
de
perder
su
vivienda
como
consecuencia
de
los
desalojos
hipotecarios.
La
organización
pide
que
se
paralicen
todos
los
desalojos
hipotecarios
hasta
que
no
se
adopten
garantías
de
protección.
En
concreto,
la
modificación
de
la
Ley
de
Enjuiciamiento
Civil,
para
que
los
jueces
analicen,
caso
por
caso,
la
razonabilidad
y
proporcionalidad
de
un
desalojo,
y el
establecimiento
de
un
mecanismo
obligatorio
para
supervisar
las
negociaciones
entre
las
entidades
financieras
y
las
personas,
en
el
que
las
autoridades
exijan
a
éstas
que
el
desalojo
sea
la
última
alternativa
y se
prioricen
soluciones
que
permitan
a
las
personas
permanecer
en
las
viviendas
donde
residen.
España
sólo
cuenta
con
el
1,1%
de
vivienda
social,
frente
al
32%
de
Holanda,
el
23%
de
Austria
o el
18%
de
Reino
Unido.
A
pesar
de
las
casi
600.000
ejecuciones
hipotecarias
iniciadas
en
España
desde
2008,
el
Gobierno,
según
esta
ONG,
ha
adoptado
medidas
insuficientes,
que
no
han
protegido
la
vivienda
como
un
derecho
humano.
Su
alcance
ha
sido
muy
restrictivo,
beneficiando
únicamente
a
31.500
familias.
Además,
las
autoridades
han
invisibilizado
la
gravedad
de
la
situación,
al
no
ofrecer
datos
desagregados
de
cuántas
personas
se
han
visto
afectadas
por
las
ejecuciones
hipotecarias
ni
realizar
evaluaciones
de
impacto
en
derechos
humanos
de
las
políticas
de
vivienda,
incluido
el
impacto
de
género.
“El
Gobierno
está
incumpliendo
sus
obligaciones
internacionales
en
materia
del
derecho
a la
vivienda.
Ni
siquiera
ha
consultado
a
las
personas
afectadas
ni
las
organizaciones”,
asegura
Esteban
Beltrán,
director
de
Amnistía
Internacional
España.
“Mientras
la
vivienda
se
siga
considerando
como
un
bien
de
consumo
e
inversión,
en
lugar
de
como
un
verdadero
derecho
humano,
con
obligaciones
para
las
autoridades,
no
se
hará
frente
a
esta
situación”,
ha
añadido.
Medidas que desprotegen
En
un
momento
de
crisis
económica,
cuando
las
personas
necesitan
de
mayor
protección,
Amnistía
Internacional
considera
que
las
autoridades,
además
de
medidas
insuficientes,
han
adoptado
otras
regresivas
injustificadas,
contrarias
al
derecho
internacional,
como
la
reducción,
en
más
del
50%
del
gasto
público
en
vivienda
entre
2008
y
2015.
La
organización
recuerda
que,
según
el
derecho
internacional,
las
autoridades
tienen
la
obligación
de
utilizar
el
máximo
de
recursos
disponibles
para
garantizar
el
acceso
al
derecho
a la
vivienda
de
las
personas,
especialmente
de
las
que
estén
en
situación
de
mayor
vulnerabilidad.
Sin
embargo,
España
cuenta
con
uno
de
los
porcentajes
de
vivienda
social
más
bajos
de
la
Unión
Europea,
un
1,1%
sólo
superado
por
Grecia
y
lejos
de
otros
como
Holanda
(32%),
Austria
(23%),
Reino
Unido
(18%)
o
Francia
(17%).
En
lugar
de
hacer
frente
a
esa
alarmante
cifra,
las
autoridades
de
Cataluña
y,
sobre
todo,
Madrid,
han
procedido
a
vender
vivienda
social,
obviando
así
sus
obligaciones
en
materia
del
acceso
a la
vivienda.
Tres
millones
de
viviendas
vacías
Además,
en
un
país
con
más
de
tres
millones
de
viviendas
vacías,
lo
que
supone
aproximadamente
el
30%
de
todas
las
que
hay
en
Europa,
las
autoridades
de
ambas
comunidades
y el
Gobierno
central
no
han
intensificado
su
uso,
tal
y
como
recomendaba
ya
en
2008
el
Relator
Especial
de
Naciones
Unidas
sobre
el
derecho
a
una
vivienda
adecuada.
En
ese
sentido,
ni
la
comunidad
de
Madrid
ni
el
Gobierno
central
han
adoptado
medidas
que
sigan
esta
recomendación,
y
Cataluña
no
está
implementando
su
Ley
de
derecho
a la
vivienda
que
promover
el
uso
de
la
vivienda
vacía.
Asimismo,
Amnistía
Internacional
recuerda
que
la
Sareb
(también
conocida
como
“banco
malo”
es
una
sociedad
anónima
de
gestión
de
activos
transferidos
por
las
entidades
bancarias
nacionalizadas
y en
proceso
de
reestructuración)
tiene
en
su
propiedad
80.000
viviendas.
La
organización
considera
que
el
Gobierno
debería
modificar
el
mandato
de
la
Sareb
y
promover
así
el
uso
de
esas
viviendas,
para
asegurar
el
acceso
a
las
mismas
de
un
mayor
número
de
personas.
Por
último,
el
escaso
periodo
de
calificación
social
de
la
vivienda
(es
decir,
el
tiempo
por
el
cual
a
una
vivienda
se
la
considera
“social”)
en
Madrid,
la
reducción
del
mismo
en
Cataluña
y
las
medidas
para
reducir
y
dificultar
el
acceso
a
las
prestaciones
sociales,
también
han
generado
desprotección
en
las
personas.
“Todas
estas
medidas
se
han
adoptado
en
un
contexto
de
creciente
necesidad
y
demanda
de
vivienda
social
y
han
provocado
una
mayor
indefensión
en
la
población,
que
encuentra
mayores
dificultades
en
el
acceso
a la
vivienda
social.
Las
autoridades
deberían
asegurar
que
nadie
se
quede
sin
hogar”,
ha
asegurado
Esteban
Beltrán.
Desigualdad
en
las
negociaciones
“Me
ha
faltado
información,
porque
mis
padres
no
firmaron
por
5
años
como
avalistas,
firmaron
de
por
vida”.
Ainhoa
Lafuente,
uno
de
los
casos
descritos
en
el
informe,
cuenta
como
a la
hora
de
firmar
su
contrato
hipotecario,
no
contó
con
toda
la
información
necesaria
para
saber
que
sus
padres
también
ponían
en
riesgo
su
propia
casa
como
avalistas.
En
2013
dejaron
de
poder
pagar
la
cuota
hipotecaria,
y,
con
una
hija
a su
cargo
y
tan
solo
una
ayuda
por
desempleo
de
337
euros,
Ainhoa
decidió
volver
a
casa
de
sus
padres,
en
Barcelona.
“Ni
siquiera
le
puedo
ofrecer
a mi
hija
un
techo
y
cuatro
paredes,
y
tiene
tres
añitos,
es
muy
injusto”,
asegura
Ainhoa.
El
proceso
ha
afectado
a
toda
la
familia,
también
en
cuestiones
de
salud:
su
padre
ha
tenido
varios
infartos
y su
madre
ha
sufrido
un
cáncer.
Ainhoa
todavía
está
en
negociaciones
con
el
banco:
“Yo
tengo
tiempo,
pero
mis
padres
no”.
Peticiones
de
Amnistía
Internacional
A
juicio
de
esta
organización,
el
gobierno
español
debe
abstenerse
de
ejecutar
desalojos
hipotecarios
de
viviendas
principales,
mientras
no
se
adopten
garantías
de
protección
de
derechos
humanos.
Al
mismo
tiempo
reclaman
que
se
modifique
la
Ley
de
Enjuiciamiento
Civil
para
garantizar
que
los
jueces
pueden
evaluar
la
proporcionalidad
y
razonabilidad
de
un
desalojo,
caso
por
caso.
Desde
esta
entidad
se
pide
que
se
cree
un
mecanismo
obligatorio
para
supervisar
la
negociación
entre
los
bancos
y
las
personas
y
asegurar
que
el
desalojo
es
el
último
recurso
después
de
haber
explorado
todas
las
alternativas
y
que
se
priorizan
soluciones
que
permitan
a
las
personas
permanecer
en
las
viviendas
donde
residen.
También
demandan
que
se
realien
consultas
con
las
personas
afectadas
y
organizaciones,
realizar
evaluaciones
de
impacto
en
los
derechos
humanos
y de
género
de
los
desalojos
y
publicar
datos
desagregados.
Desde
AI
es
fundamental
trabajar
en
coordinación
con
las
comunidades
autónomas
para
invertir
más
recursos
e
incrementar
el
parque
de
vivienda
social
y
adoptar
todas
las
medidas
a su
alcance
para
modificar
el
mandato
de
la
Sareb
con
el
fin
de
poder
utilizar
las
80.000
viviendas
vacías
en
su
propiedad
para
asegurar
el
acceso
a la
vivienda
de
un
mayor
número
de
personas.
Respecto
a
las
CCAA
ven
necesario
que
se
abstengan
de
tomar
medidas
regresivas
injustificadas.
Que
utilicen
todos
los
recursos
disponibles
para
lograr
la
realización
progresiva
del
derecho
a la
vivienda.
En
relación
a
las
viviendas
vacías
de
propiedad
privada,
elaborar
un
censo
actualizado
y
adoptar
medidas
para
realizar
un
uso
más
intensivo
de
las
mismas,
tal
y
como
el
Relator
Especial
de
Naciones
sobre
el
derecho
a
una
vivienda
adecuada
recomendó
a
España
ya
en
2008.
En
especial,
Madrid
y
Cataluña
deben
asegurarse
que
cualquier
venta
de
vivienda
social
es
compatible
con
la
necesidad
de
incrementar
la
disponibilidad
de
vivienda
social.
Además,
deben
revertir
las
medidas
que
reducen
y
endurecen
el
acceso
a
las
rentas
mínimas
de
inserción,
claves
para
ayudar
a
las
personas
en
el
acceso
a la
vivienda.
Sobre
los
ayuntamientos
también
hay
recomendaciones
referidas
a
que
utilicen
todos
los
recursos
disponibles
para
lograr
la
realización
progresiva
del
derecho
a la
vivienda,
así
como
llevar
a
cabo
evaluaciones
de
impacto
en
derechos
humanos
de
las
políticas
de
vivienda,
incluido
el
impacto
de
género. |
