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24 de JUNIO de 2015

La AVT solicita al Tribunal Supremo la aclaración de la sentencia en el caso Batasuna-Herriko Tabernas

LAWYERPRESS

La condena de inhabilitación especial impuesta al dirigente abertzale no puede ejecutarse, por lo que no tendrá obstáculo para encabezar una lista electoral.

La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) presentó ayer ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo un escrito solicitando la aclaración del fallo de la sentencia hecha pública la semana pasada sobre el caso Batasuna-Herriko Tabernas. La petición de aclaración se produce tras conocerse ayer que Arnaldo Otegui podrá presentarse a las próximas elecciones por un error judicial en la especificación de la condena de inhabilitación especial para cargo público tal y como desvelaba el diario “ El Mundo” en el día de ayer.

La solicitud de aclaración se refiere de forma específica a la omisión en el pronunciamiento referido a la pena de inhabilitación especial para cargo público de los cargos públicos concretos a los que se refiere la misma, ya que la imposición de una pena de inhabilitación especial debe conllevar la especificación de los empleos, cargos y honores sobre los que recae dicha inhabilitación, así como la necesidad de la vinculación entre tal actividad o profesión prohibida y el delito cometido.

Por este motivo, desde la AVT, personada como Acusación Popular en el juicio, se ha solicitado la aclaración para que se especifique en las penas que la inhabilitación deberá recaer sobre cualquier cargo público a nivel supranacional, estatal, autonómico o local, y ello en consonancia con los hechos probados de la sentencia y que han demostrado la utilización de diversos cargos públicos para la comisión de los delitos en los que se basa la sentencia. 

Desde la AVT se ha indicado que se agotará  todos los medios posibles a su alcance para evitar que todos aquellos que hayan sido condenados con una pena de inhabilitación puedan acceder a las instituciones y así evitar que las sentencias queden finalmente vacías de contenido y no puedan ser aplicadas en toda su extensión.

El problema radica en que  la conclusión de la Secretaría Técnica, órgano asesor de la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, puede aplicarse a decenas de condenas por terrorismo, ya que las inhabilitaciones que durante años ha impuesto la Audiencia no especificaban los cargos afectados.

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
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