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"Pero con una cosa me contento; que aunque pueda quitarme la esperanza, no me
puede quitar el pensamiento".
-
Lope de Vega
 En todas las etapas de la historia podemos encontrar referentes que se
sitúan a la cabeza de la sociedad para asumir el liderazgo en la lucha por el
cambio. En la España franquista y en la transición, la Abogacía quiso asumir una
función social y participar en la modernización jurídica del Estado. Por
fortuna, España logró consolidarse como Estado social y democrático de
Derecho
(artículo
1.1 de la
Constitución Española)
y, sin duda, la Abogacía española contribuyó en la configuración del mismo sobre
los valores superiores de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político.
Desde entonces, hemos trabajado para que esos valores fuesen una realidad en la
vida de los españoles, alcanzando un nivel de bienestar más o menos razonable.
Sin embargo, en 2008, la crisis mundial sorprende también a España. Entonces,
aquellos derechos y libertades, cuyo reconocimiento se daba por descontado,
comienzan a peligrar. La precariedad llama a la puerta de gran parte de la
ciudadanía. Palabras como « rescate », « prima de riesgo », « deuda pública »,
« paro », « reforma laboral », « derecho de manifestación », « amnistía
fiscal », « corrupción », « preferentes », « cláusulas suelo », « desahucio »,
« imputado », « ERE », « independencia de los poderes públicos »,
« transparencia », o, « regeneración », empiezan a repetirse en las
conversaciones cotidianas de los españoles. El debate se abre, las redes
sociales irrumpen y, junto a ello, la confusión aumenta. He aquí la necesidad de
voces autorizadas que doten de rigor los debates y sacien a una sociedad civil
viva que quiere saber y construir alternativas.
Los ciudadanos, gracias a su mayor implicación en los asuntos de interés
general, reclaman estar informados y conocer la realidad con transparencia. Por
ello, la Abogacía tiene ahora la oportunidad de recuperar su tradicional
posición como actor influyente en los asuntos de Estado y su peso frente a los
poderes públicos.
A través de los Colegios de Abogados, del Consejo General de la Abogacía
Española y del resto de instituciones y asociaciones tenemos que intensificar
nuestra labor social y presencia institucional, no limitándonos a cuestiones
puntuales o estrictamente relacionadas con el ejercicio de la profesión. Lo
cierto es que tanto los Estatutos de los Colegios de Abogados, como el
Estatuto General de la Abogacía Española[1]
atribuyen expresamente a estas Instituciones como fines esenciales la
defensa del Estado social y democrático de derecho.
El trabajo de la Decana del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, Sonia Gumpert
y del Presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer muestra la
importancia que le han dado a la función social de la abogacía: la defensa de la
Justicia Gratuita y el Turno de Oficio, la campaña contra las Tasas judiciales,
la defensa de los Derechos de la mujer, la promoción de la transparencia de las
instituciones, las críticas a la reforma del Código Penal, la denuncia ante la
de falta de humanidad a la hora de abordar la inmigración, o la promoción de los
derechos humanos en las empresas son sólo algunos ejemplos. Además, ambos
aprovechan las ventajas que ofrecen las redes sociales y que pueden utilizarse
como un instrumento para llegar más fácilmente a los ciudadanos.
Sin embargo, en este contexto de crisis y cambio, tenemos que ir más allá, como
ya viene reclamando un sector de la Abogacía, y asumir un reto: aspirar a
convertirnos en un referente para la sociedad civil por ser voces autorizadas
para abordar las cuestiones de interés general. La Abogacía debe asumir el reto
de identificar las carencias del Estado de Derecho; de informar,
con la suficiente difusión mediática, sobre las carencias identificadas; de
analizar estas carencias desde un punto de vista jurídico; de formular
recomendaciones y proponer alternativas; y, de fomentar y abrir
debates sobre asuntos de interés general.
En efecto, los últimos acontecimientos demuestran que la sociedad civil quiere
saber y construir alternativas. Pero es necesario un debate de calidad y los
abogados debemos desarrollar una cierta labor pedagógica que ayude en medio de
tanta confusión.
Ojalá, un día, los ciudadanos sean capaces de identificar y conocer el nombre
del Decano o Decana de su Colegio de Abogados más cercano, o del Presidente o
Presidenta del Consejo General de la Abogacía, porque a través de las redes
sociales y de la prensa en general conozcan su labor y sus explicaciones sobre
los asuntos de interés general. En definitiva, porque los tengan, porque nos
tengan a la Abogacía, por voces autorizadas para comprender mejor los asuntos de
interés público.
En fin, sería conveniente continuar el debate y repensar la misión de la
Abogacía en la sociedad actual. Se trata de contribuir a que el ciudadano sea
protagonista del desarrollo de su Estado. También de formular estrategias
innovadoras para acercarnos a una forma de vida más sostenible. Todo ello
teniendo presente que la eficacia y repercusión de nuestra labor social requiere
de una actitud proactiva, continuada, transparente, cercana y clara con la
sociedad civil.
Pues, no hay que olvidar que el compromiso social mostrado por los
profesionales del Derecho en otra época contribuyó al reconocimiento social y
legal de nuestros derechos civiles y políticos. Por qué no intensificar ahora
este compromiso y acompañar a los españoles en la nueva etapa de cambio que ha
comenzado en nuestro país.
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