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El
magistrado
Alberto
Jorge
Barreiro,
instructor
del
caso
de
los
ERE
en
el
Tribunal
Supremo,
ha
propuesto
continuar
el
procedimiento
contra
los
expresidentes
de
la
Junta
de
Andalucía
José
Antonio
Griñán
y
Manuel
Chaves
y
contra
los
exconsejeros
del
Gobierno
andaluz
José
Antonio
Viera
y
Gaspar
Zarrías
por
delito
de
prevaricación
administrativa,
al
que
en
el
caso
de
Viera
añade
el
de
malversación
de
caudales
públicos.
Para
los
tres
que
tienen
la
condición
de
aforado
-Chaves,
Zarrías
y
Viera-,
el
instructor
eleva
una
exposición
motivada
a la
Sala
para
que
tramite
el
preceptivo
suplicatorio,
necesario
en
este
momento
para
continuar
el
procedimiento
contra
ellos.
En
el
caso
de
Griñán,
el
magistrado
motiva
a
través
de
un
auto
los
indicios
recabados
contra
él.
El
magistrado
le
considera
presunto
coautor
del
delito
de
prevaricación
y
señala
que,
desde
el
punto
de
vista
sustantivo
material,
debe
ser
enjuiciado
conjuntamente
con
los
anteriores
y no
atribuir
la
competencia
de
su
caso
a
los
Juzgados
de
Sevilla.
A lo
largo
de
los
130
folios
de
la
exposición
motivada,
Alberto
Jorge
Barreiro
analiza
el
sistema
establecido
durante
diez
años,
de
2000
a
2010,
para
conceder
ayudas
sociolaborales
a
empresas
y
particulares
por
parte
de
la
Junta
de
Andalucía.
El
juez
relata
cómo
el
sistema
legal
de
subvenciones
se
fue
modificando
para
convertirse
con
el
paso
del
tiempo
en
la
figura
de
transferencias
de
financiación,
con
una
ausencia
del
control
propio
de
las
subvenciones.
Para
el
magistrado,
esas
modificaciones
fueron
arbitrarias
y
sirvieron
para
desviar
fondos
hacia
un
objetivo
«claramente
ilícito».
El
juez
hace
constar
las
reiteradas
advertencias
por
parte
del
interventor
Manuel
Gómez
sobre
las
irregularidades,
dando
así
crédito
a su
declaración,
un
elemento
clave
para
dar
por
acreditado
que
los
imputados
conocían
la
ilegalidad
del
sistem
Alberto
Jorge
Barreiro
concluye
que
el
sistema
de
subvenciones
investigado
fue
ilegal
y
cuestiona
el
desconocimiento
que
esgrimieron
los
imputados
cuando
comparecieron
en
el
Tribunal
Supremo.
El
instructor
cuantifica
en
855
millones
de
euros
el
dinero
presupuestado
y
que
la
Junta
de
Andalucía
gastó
y
pagó
desde
2000
a
2010
en
las
subvenciones
acordadas
y
concedidas.
En
relación
al
perjuicio
económico
ocasionado
a la
Administración
andaluza,
el
magistrado
considera
que
no
se
podrá
valorar
con
exactitud
a
hasta
pasados
unos
años.
El
grueso
de
ese
dinero
se
dedicó
a
los
77
ERE,
en
donde
se
efectuaron
pagos
excesivos.
En
el
caso
de
la
también
exconsejera
de
la
Junta
Mar
Moreno,
el
magistrado
acuerda
el
sobreseimiento
provisional
de
la
causa
al
estimar
que
no
hay
indicios
de
que
ejecutara
actos
de
contenido
incriminatorio
ni
de
que
actuara
a
sabiendas
de
las
ilegalidades
del
sistema
estaba
previsto,
Manuel
Chaves
abandonó
de
inmediato
su
escaño
en
el
Congreso
y lo
mismo
hicieron
Zarrías
y
Viera,
también
diputados
nacionales.
El
juez
envió
una
exposición
motivada
a la
sala
de
admisión
para
que
pida
el
suplicatorio
a
las
Cortes,
dada
su
condición
de
aforados.
Griñán,
que
no
ocupa
cargo
alguno
en
este
momento
tras
dejar
su
acta
de
senador,
y
por
tanto
no
es
aforado,
será
enjuiciado
conjuntamente
con
el
resto
de
acusados
como
coautor,
ya
que
su
caso
no
se
puede
desgajar. |
