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La
Comunidad
Valenciana
cuenta
desde
este
lunes
nuevo
gobierno
presidido
por
el
socialista
Ximo
Puig
gracias
a su
alianza
con
Compromís,
lo
que
pone
fin
a
muchos
años
de
gobierno
del
Partido
Popular
en
estos
lares.
En
este
juego
de
pactos,
la
cartera
de
Justicia
y
Gobernación
ha
ido
a
parar
a la
fiscal
Gabriela
Bravo,
vocal
y
portavoz
del
CGPJ
en
el
anterior
Consejo.
No
cabe
duda
que
una
profesional
de
su
experiencia
que
conoce
muy
bien
las
necesidades
de
la
justicia
será
un
elemento
clave
para
que
la
justicia
en
esta
comunidad
se
convierta
en
el
servicio
público
que
sus
convecinos
desean.
Cuestiones
como
la
reorganización
de
la
planta
judicial;
la
remuneración
de
los
abogados
del
Turno
de
Oficio
y el
impulso
a
métodos
extrajudiciales
como
el
arbitraje
o la
mediación
son
elementos
que
están
en
la
agenda
de
la
nueva
Consellera.
Lo
que
habrá
que
ver
es
si
este
nuevo
Gobiernos
dispone
de
los
medios
necesarios
para
agilizar
un
servicio
que
hasta
la
fecha
genera
muchos
problemas
y
retrasos
al
ciudadano.
Bravo
tomará
hoy
posesión
de
su
cargo,
junto
con
el
resto
del
Gobierno
de
Puig,
en
un
acto
al
que
acudirá
todos
los
operadores
jurídicos
de
esta
CCAA.
La
elección
de
Gabriela
Bravo
como
conseller
de
Justicia
y
Gobernación
en
Valencia
nos
obliga
a
repasar
declaraciones
recientes
realizadas
a
diferentes
operadores
jurídicos
de
esa
CCAA.
En
este
caso
cuando
hablábamos
con
Pedro
Viguer,
Juez
Decano
de
Valencia,
se
quejaba
y no
sin
razón
de
la
falta
de
medios
humanos
para
frenar
la
litigiosidad:
“Los
jueces
no
debemos
a
entrar
a
valorar
este
tipo
de
nombramientos.
Lo
que
sí
es
cierto
es
que
la
nueva
Conseller
conoce
bien
la
justicia
porque
ha
trabajado
en
diferentes
posiciones.
Eso
puede
ser
un
dato
esperanzador”,
comenta.
En
este
contexto
tanto
la
jurisdicción
social
como
la
mercantil
parecen
los
puntos
negros
de
un
sistema
judicial
que
tiene
que
adaptarse
a
los
nuevos
tiempos.
Otro
elemento
clave
es
la
lucha
contra
la
corrupción,
donde
además
por
desgracia
la
Comunidad
Valenciana
está
señalada
con
rojo
en
este
tema
con
los
últimos
escándalos.
El
propio
Viguer
advierte
que
con
los
escasos
medios
actuales
y la
nueva
LECRIM
no
va a
ayudar
mucho
al
trabajo
de
policía
y
jueces.
De
Bravo
se
puede
hablar
como
de
una
profesional
muy
disciplinada
en
todo
lo
que
hace.
En
el
anterior
CGPJ
que
fue
del
2008
al
2013
tuvo
la
habilidad
de
saber
entenderse
con
personalidades
tan
diferentes
como
Carlos
Divar
y
luego
Gonzalo
Moliner,
presidentes
de
la
institución
de
forma
seguida.
En
esta
entrevista
que
hicimos
a
punto
de
marcharse
del
órgano
de
gestión
de
los
jueces,
pudimos
comprobar
que
había
asimilado
de
forma
muy
notable
las
técnicas
más
esenciales
que
debe
tener
un
portavoz
de
una
institución
de
tanta
repercusión.De
nuevo,
tras
un
paso
de
nuevo
por
la
Fiscalía
de
Valencia,
Gabriela
Bravo
volverá
a
estar
pendiente
de
los
medios
de
comunicación
y
del
mensaje
que
debe
transmitir
al
asumir
el
cargo
de
Conseller
de
Justicia
y
Gobernación,
puesto
para
el
que
se
rumoreaba
que
Joaquin
Bosch,
portavoz
de
Jueces
para
la
Democracia
y la
fiscal
de
Valencia
Susana
Gisbert
habían
sido
tanteados
desde
el
gobierno
de
Ximo
Puig
sin
mucho
éxito.
Ha
sido
su
estancia
en
el
CGPJ
lo
que
le
ha
hecho
ver
las
cosas
desde
otra
perspectiva.
Fiscal
de
menores
del
Tribunal
Superior
de
Justicia
de
Valencia
y
presidenta
del
Secretariado
de
la
Unión
Progresista
de
Fiscales
(UPF).
Ha
formado
parte
de
su
secretariado
permanente,
del
que
fue
nombrada
presidenta
durante
el
XXII
Congreso
de
la
asociación
en
2007
hasta
que
en
el
2008
fue
elegida
vocal
del
CGPJ.
Gabriela
Bravo
valora
mucho
el
trabajo
de
los
jueces
y
fiscales,
trabajo,
muchas
veces
en
condiciones
lamentables.
Y es
por
eso
que
en
algunas
de
sus
comparecencias
ha
apostado
por
impulsar
otros
métodos
como
el
arbitraje
o la
mediación.
También
se
mostró
en
su
dia
en
contra
de
la
prisión
permanente
revisable
de
Gallardón
que
tendremos
desde
el
próximo
1 de
julio
en
el
nuevo
Código
Penal
y
desde
esa
perspectiva
en
alguna
declaración
se
mostraba
partidaria
de
un
nuevo
Pacto
de
Estado
por
la
Justicia,
similar
al
que
se
rubricó
en
el
2002.
Una
elección
acertada
Para
Teresa
Gisbert,
fiscal
jefe
de
Valencia,
que
ha
tenido
la
oportunidad
de
trabajar
con
ella
en
esta
última
etapa,
la
decisión
de
elegir
a
Bravo
es
un
acierto.
“Hablamos
de
una
profesional
seria,
responsable
que
sabe
lo
que
hace
y lo
más
importante
conocer
los
déficits
de
la
justicia
y de
nuestra
carrera
fiscal.
Ahora
cuando
piensen
en
justicia
también
lo
harán
en
fiscales”,
explica.
De
hecho,
tras
su
salida
del
CGPJ
volvió
a
Valencia
y se
integró
como
una
compañera
más
en
la
propia
fiscalía
sin
ningún
problema.
“Gabriela
conoce,
además
de
la
legislación
y
planteamientos
teóricos
el
día
a
día
de
la
justicia”.
Sobre
los
principales
retos
que
va a
tener
que
abordar
Gisbert
apunta
a la
falta
de
medios
personales
“necesitamos
más
funcionarios
que
son
los
que
engrasan
la
máquina
de
la
justicia.
Y
que
se
refuercen
los
equipo
técnicos
de
apoyo”
apunta.
Y
denuncia
que
en
Valencia
hay
dos
sistemas
informáticos
no
interconectados
como
es
el
Fortuny
de
la
fiscalía
y el
Cicerone
de
los
juzgados
“lo
que
hace
que
el
trabajo
se
demore”.
A
última
hora
de
la
tarde
hablamos
con n
Rafael
Bonmatí,
decano
del
Colegio
de
Abogados
de
Valencia.
También
su
valoración
es
positiva
de
la
llegada
de
Gabriela
Bravo
a la
Consellería
de
Justicia
y
Gobernación.
“Creo
que
gracias
a su
experiencia
como
vocal
en
el
CGPJ
sabe
donde
se
mete
y en
qué
estado
se
encuentra
nuestra
justicia.
Una
de
las
cosas
que
más
valoro
es
su
talante
dialogante”,
apunta.
Para
este
letrado
es
fundamental
dotar
a la
justicia
de
medios
materiales
y
tecnológicos
para
que
así
el
ciudadano
vea
que
hay
avances
y
que
puede
convertirse
en
el
servicio
público
que
todo
el
mundo
añora.
“Habrá
que
ver
cuál
es
su
modelo
para
fomentar
el
arbitraje
y la
mediación,
ahora
claves
para
descongestionar
juzgados”.
Desde
su
punto
de
vista
será
fundamental
también
actualizar
los
baremos
de
los
abogados
del
Turno
de
Ofiio
valencianos,
que
perdieron
hasta
un
37
por
ciento
de
su
poder
adquisitivo
y
que
el
conseller
anterior
a
Bravo
redujo
esa
pérdida
en
un
10
por
cien.
“Hasta
que
no
se
tenga
conciencia
que
es
un
servicio
público
esencial
como
la
sanidad
o la
educación,
los
abogados
del
Turno
de
Oficio
no
estarán
retribuidos
como
se
merecen”
añade. |
