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Los
542
municipios
de
la
Comunidad
Valenciana
se
enfrentan
a
una
nueva
normativa
en
materia
de
transparencia
en
la
contratación
pública
a
raíz
de
la
nueva
ley
2/2015,
de 2
de
abril,
de
la
Generalitat,
de
Transparencia,
Buen
Gobierno
y
Participación
Ciudadana
que
entró
en
vigor
el 9
de
abril.
Nuevas
exigencias
que
serán
de
obligado
cumplimiento
a
partir
del
próximo
mes
de
octubre
y
cuyo
incumplimiento
puede
ser
objeto
de
severas
sanciones.
Cuatrecasas Gonçalves
Pereira
ha
organizado
un
encuentro
en
colaboración
con
Grupo
Ifedes,
SICOP,
Pixelware,
Cosital,
Asociación
de
Transparencia,
Grupo
MCG,
Aytos
y
GESPA
en
cuya
primera
parte
se
abordaron
las
exigencias
jurídicas,
de
procedimiento
y
contratación
pública;
en
la
segunda
se
realizó
un
debate
político
con
todas
las
formaciones
del
nuevo
arco
parlamentario.
Hay
que
recordar
que
esta
nueva
ley
además
de
eficacia
busca
atajar
en
lo
posible
la
corrupción.
Según
datos
de
la
Comisión
Nacional
de
los
Mercados
de
la
Competencia
en
2014
hubo
un
sobrecoste
de
47.500
millones
en
licitaciones
públicas
de
bienes
y
servicios
en
España,
causado
por
malas
prácticas
de
adjudicación
directa.
Emma
Verdú,
abogada
de
Cuatrecasas,
Gonçalves
Pereira
apuntó
que
lo
esencial
del
nuevo
marco
normativo
reside
fundamentalmente
en
dos
pilares:
el
derecho
a la
información
pública
y la
publicidad
activa;
a
los
que
se
añade
las
exigencias
de
buen
Gobierno
en
los
términos
de
la
normativa
estatal
a la
que
se
remite.
El
primero
implica
que
cualquier
persona
puede
pedir
información
a la
Administración
sin
esgrimir
un
interés
particular;
el
segundo,
la
obligación
que
tienen
los
perceptores
o
administradores
de
fondos
públicos
de
dar
publicidad
al
uso
que
de
éstos,
sin
necesidad
de
que
nadie
lo
solicite,
además
de
informar
todas
y
cada
una
de
las
actividades
o
asuntos
que
puedan
tener
interés
general.
Las
sanciones
por
incumplimiento
pueden
alcanzar
los
400.000
euros,
el
cese
en
el
cargo
con
la
correlativa
inhabilitación
por
un
periodo
de
hasta
10
años,
la
resolución
de
los
contratos
y la
devolución
de
las
ayudas
o
préstamos
percibidos,
entre
otros,
por
lo
que
deben
implantarse
de
inmediato
mecanismo
de
control
y
gestión
de
estas
exigencias.
Para
David
Muñoz,
consultor
Optimización
de
Grupo
Ifedes,
dentro
del
proceso
de
mejora
de
transparencia
al
que
están
sometidas
las
entidades
públicas
a
través
de
la
Ley
2/2015,
su
empresa
ayuda
a
los
clientes
a
adaptarse
a la
Ley
organizando
los
procesos
dentro
de
la
entidad,
determinando
tareas
y
responsables,
la
información
a
publicar
así
como
el
desarrollo
técnico
del
portal
web
de
transparencia
donde
la
entidad
puede
comunicar
los
indicadores
relacionados
con
temas
jurídicos,
de
información
corporativa,
económica
o
relativa
al
organigrama.
En
definitiva,
Ifedes
ayuda
a la
entidad
a
hacerse
absolutamente
accesible
y
transparente
frente
al
ciudadano.
Salvador
Ortí,
responsable
ejecutivo
de
SICOP
llamó
la
atención
sobre
de
qué
sirve
utilizar
un
adecuado
procedimiento
administrativo
en
la
Contratación
Pública
y la
posterior
publicación
de
los
datos
sobre
la
misma
en
pro
de
la
transparencia
hacia
los
ciudadanos,
si
las
características
técnicas
del
producto
o
servicio
a
contratar,
responde
a la
total
discrecionalidad
del
solicitante.
Ortí
recordó
que
esta
situación
se
reproduce
actualmente
en
el
70%
de
las
contrataciones
que
se
realizan
para
las
compras
menores
en
los
municipios.
Asimismo
sostuvo
que
las
en
las
Directivas
europeas
y en
algunas
CC.AA.
las
normativas
en
vigor,
como
la
Ley
19/2014
de
la
Generalitat
de
Cataluña,
establecen
ya
que
“en
todos
los
contratos,
incluyendo
los
patrimoniales
y
los
menores,
deberá
informarse
del
cuadro
comparativo
de
ofertas
y
sus
respectivas
puntuaciones,
así
como
los
acuerdos
e
informes
técnicos
que
motivan
la
necesidad
de
la
contratación”.
Disponer
las
entidades
públicas
de
forma
gratuita,
de
un
Sistema
electrónico
como
SICOP,
les
permite
previamente
a
decidir
sus
compras,
poder
comparar
las
ofertas
de
los
distintos
proveedores
existentes
en
el
mercado,
garantizando
así
poder
objetivar
sus
decisiones,
además
de
que
los
criterios
seguidos
en
la
selección
de
proveedores,
puedan
ser
conocidos
de
forma
transparente
por
los
ciudadanos,
al
publicarlos
en
la
web
Municipal
y en
el
Portal
de
Transparencia
de
la
CCAA
tal
como
exige
la
normativa
vigente.
Luis
Murillo,
consejero
del
centro
de
gestión
del
conocimiento
público
de
Cuatrecasas,
Goçalves
Pereira
manifestó
que
la
transparencia
en
la
contratación
administrativa
es
un
principio
axial
de
la
misma.
“Todas
las
sucesivas
reformas
de
la
normativa
contractual
han
de
ir
dirigidas
a su
potenciación.
Esto
no
obstante,
y en
la
lógica
ponderación
de
intereses
que
ha
de
regir
el
actuar
administrativo,
es
preciso
redefinir
y
ahondar
en
el
concepto
de
“confidencialidad”
tanto
para
que
no
se
convierta
en
una
excusa
de
cara
a la
falta
de
transparencia
como
para
saber
exactamente
qué
es.”
Por
su
parte
Josep
Martí,
director
de
Pixelware
,
dijo
estar
convencido
que
la
implantación
de
la
Contratación
Electrónica
regulada
en
este
Anteproyecto
debe
ser
un
factor
clave
y
necesario,
de
cara
a
conseguir
una
total
Transparencia
de
los
organismos
públicos,
para
ello
ponemos
a
disposición
de
dichos
organismos
nuestras
plataformas
de
Contratación
y
Licitación
Electrónica.
Finalmente
Juan
Carlos
Galindo,
presidente
de
la
Asociación
de
Transparencia
manifestó
que
en
el
marco
de
la
administración
pública,
la
transparencia
es
un
mecanismo
que
previene
actos
de
corrupción
y
que
permite
a la
ciudadanía
conocer
el
funcionamiento
interno
de
las
instituciones.
“El
gran
desafío
para
todo
esto,
es
encontrar
un
equilibrio
entre
lo
que
debe
ser
informado,
lo
que
puede
ser
informado
y lo
que
no
vale
la
pena
hacerlo,
porque
no
es
relevante,
y lo
que
no
debe
ser
informado
por
razones
propias
a
los
procedimientos,
o
incluso
por
eventuales
razones
de
interés
general,
seguridad
o
por
protección
de
datos
de
carácter
personal”.
Añadió
que
para
un
ciudadano
cualquiera,
la
dificultad
radica
en
saber
si
la
información
que
le
han
proporcionado
es
sincera,
clara,
objetiva,
y
real.
La
entidad
que
preside
anuncia
que
van
a
crear
una
guía
de
actuación
y
realizer
auditorias
físicas
en
las
administraciones
correspondientes,
así
como
auditorias de
usabilidad
y
utilidad
para
emitir
un
certificado
de
calidad.
Por
último,
Sergio
Fernández,
asociado
sénior
del
área
de
Derecho
Público
de
Cuatrecasas,
Goçalves
Pereira,
se
ocupó
de
exponer
los
nuevos
principios
de
funcionamiento
de
las
Administraciones
Públicas
que
se
encuentran
en
el
proyecto
de
Ley
de
Régimen
Jurídico
de
las
Administraciones
Públicas,
destacando
el
dirigido
a
evitar
duplicidades
de
órganos
y
procedimientos
innecesarios
y
redundantes,
la
supervisión
continua
destinada
a
evaluar
el
cumplimiento
de
objetivos
predeterminados,
así
como
la
estricta
adecuación
de
los
medios
destinados
a
las
finalidades
públicas
a
fin
de
eludir
gastos
económicos
injustificados
y
empobrecimiento
de
las
arcas
públicas. |
