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El
presidente
del
Tribunal
Supremo
y
del
Consejo
General
del
Poder
Judicial,
Carlos
Lesmes,
ha
urgido
hoy
una
reforma
de
la
organización
territorial
de
la
Administración
de
Justicia
que
posibilite
que,
como
servicio
público,
ésta
sea
no
solo
de
calidad,
sino
también
rápida
en
su
respuesta
a
las
necesidades
de
la
sociedad.
Durante
su
intervención
en
un
desayuno
informativo
organizado
por
Europa
Press,
Lesmes
ha
recordado
que
la
organización
territorial
de
la
Justicia
española
–el
sistema
de
partidos
judiciales-
es
hoy
la
misma
que
se
estableció
hace
181
años
en
unas
circunstancias
que
nada
tienen
que
ver
con
las
actuales.
Al
mismo
tiempo
reclamó
que
la
investigación
penal
a la
Fiscalía
para
agilizar
las
causas
de
corrupción
ya
que
a su
juicio
atribuir
la
investigación
de
macroprocesos
a un
solo
juez
instructor
genera
un
"importantísimo
obstáculo"
para
una
ágil
instrucción
de
los
casos
sobre
delitos
de
corrupción.
Lesmes
añadió
que,
desde
hace
ya
más
de
una
década,
distintas
instituciones
nacionales
e
internacionales
han
puesto
de
manifiesto
la
necesidad
de
una
reforma
del
sistema
judicial
que
afecte
a su
modelo
organizativo,
y
que
todas
ellas
han
coincidido
en
que
la
concentración
territorial
de
órganos
judiciales
y de
los
jueces
en
los
Tribunales
y la
especialización
contribuiría
a
una
mayor
eficacia
de
la
Justicia
y a
una
mayor
seguridad
jurídica.
También
recordó
que
iniciativas
en
este
sentido
ya
se
plantearon
en
el
Pacto
de
Estado
para
la
Reforma
de
la
Justicia
de
2001,
y
que
la
idea
se
retomó
en
2009
–cuando
se
constituyó
una
Comisión
Institucional
para
la
elaboración
de
una
nueva
Ley
de
Planta
y
Demarcación
Judicial-,
en
2011,
con
el
proyecto
de
reforma
de
la
Ley
Orgánica
del
Poder
Judicial
para
la
creación
de
los
Tribunales
Provinciales
de
Instancia,
y
nuevamente
en
2012.
Carlos
Lesmes
ha
señalado,
además,
que
el
continuo
incremento
de
unidades
judiciales
no
ha
servido
para
mejorar
de
manera
real
los
tiempos
de
respuesta
ni
los
índices
de
pendencia,
y
que
la
atomización
de
órganos
judiciales
plantea
situaciones
difícilmente
entendibles:
en
2014
el
96 %
de
los
Juzgados
de
Primera
Instancia
superaba
el
150
%
del
módulo
de
entrada
de
asuntos,
mientras
que
el
70 %
de
los
Juzgados
de
Instrucción
no
llegaba
a
ese
módulo.
La
Justicia
como
herramienta
de
paz
y
desarrollo
económico
Durante
su
intervención,
el
presidente
del
TS y
del
CGPJ
ha
subrayado
la
importancia
de
la
Justicia
como
instrumento
de
tutela
de
derechos,
como
factor
de
concordia
esencial
para
la
convivencia,
la
armonía
y la
estabilidad
de
la
sociedad
y
como
elemento
fundamental
para
fomentar
y
favorecer
el
desarrollo
económico
y la
lucha
contra
la
corrupción.
En
relación
con
el
impacto
de
la
Justicia
en
la
economía,
Lesmes
destacó
el
efecto
que
un
sistema
judicial
ágil,
fiable
y
seguro
tiene
en
el
desarrollo
económico
de
un
país,
tanto
desde
el
punto
de
vista
de
la
confianza
que
ofrece
a
los
agentes
económicos
como
de
las
cantidades
de
dinero
“inmovilizadas”
en
los
Tribunales
a la
espera
de
una
resolución.
Una
pronta
respuesta
judicial
permitiría
revertir
ese
capital
en
el
circuito
económico
en
beneficio
de
los
particulares
y de
las
arcas
públicas.
En
este
sentido,
el
presidente
del
TS y
del
CGPJ
ha
ofrecido
el
dato
de
los
saldos
medios
diarios
de
las
cuentas
de
depósitos
y
consignaciones
judiciales
de
los
distintos
órganos
judiciales
españoles,
que
pueden
alcanzar
cifras
superiores
a
los
3.000
millones
de
euros.
Lesmes
también
puso
como
ejemplo
de
la
importancia
que
para
la
economía
española
tiene
la
correcta
aplicación
de
recursos
a la
Justicia
los
planes
de
refuerzo
puestos
en
marcha
en
2006
en
el
Tribunal
Supremo
para
la
agilización
de
asuntos
contencioso-tributarios,
que
en
los
años
siguientes
permitió
que
la
Agencia
Tributaria
tuviera
unos
ingresos
de
más
de
1.200
millones
de
euros
en
términos
recaudatorios
cuando
el
coste
de
los
citados
planes
de
refuerzo
apenas
ha
superado
el
millón
de
euros.
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