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“Tal
vez
fuera
el
momento
de
pensar
en
equiparar
las
uniones
de
hecho
de
los
españoles,
para
lo
que
sería
necesario
que
el
Estado
lo
asumiera
con
plenitud,
exigiendo
forma
notarial
y un
sistema
de
inscripción
con
garantía
de
seguridad
jurídica”,
manifestó
el
notario
Federico
Cantero
durante
el
curso
Nuevas
tendencias
en
el
Derecho
de
Familia,
organizado
por
el
Consejo
General
del
Notariado,
los
días
7 y
8 de
julio,
dentro
del
programa
de
cursos
de
verano
de
la
Universidad
Internacional
Menéndez
Pelayo
de
Santander.
“En
el
orden
práctico,
la
asunción
de
tal
competencia
debería
complementarse
con
el
pacto
con
las
Comunidades
Autónomas
de
la
derogación
de
la
totalidad
de
las
leyes
de
pareja.
Mientras
tanto
sólo
cabe
reducir
la
incertidumbre
en
que
nos
hallamos
aconsejando
a
los
convivientes
que
utilicen
la
escritura
pública
para
que
su
unión
produzca
los
efectos
lícitos
que
quieran
alcanzar
o
que
quieran
evitar”,
concluyó
Cantero.
Por
su
parte,
la
catedrática
de
Derecho
Internacional
Privado
de
la
UNED,
Mónica
Guzmán,
puso
de
manifiesto
que
“la
transformación
de
la
sociedad
española
en
una
sociedad
multicultural
plantea
diversos
retos
al
Derecho.
Por
una
parte,
la
existencia
de
matrimonios
polígámicos
infringe
los
derechos
fundamentales
de
igualdad
y
dignidad
de
la
mujer
y
genera
situaciones
de
injusticia
social
que
es
preciso
resolver.
Por
otro
lado,
las
restricciones
impuestas
a la
inmigración
potencian
prácticas
fraudulentas
con
el
fin
de
sortearlas,
colocando
a
los
llamados
matrimonios
de
conveniencia
en
un
primer
plano
de
preocupación
en
la
Unión
Europea”.
La
jurista
también
señaló
que
en
nuestro
país
es
una
práctica
prohibida
“la
maternidad
subrogada
o
maternidad
de
alquiler
como
un
modo
más
de
establecer
la
filiación,
lo
que
provoca
el
desplazamiento
de
parejas
al
exterior,
siendo
las
autoridades
consulares
españoles
las
que
deben
enfrentarse
a
estos
supuestos”.
En
la
inauguración
del
curso,
el
vicepresidente
del
Consejo
General
del
Notariado,
Salvador
Torres,
destacó
que
el
tema
elegido–el
Derecho
de
Familia-
responde
a la
preocupación
del
colectivo
notarial
“por
las
demandas
de
la
gente.
Los
despachos
notariales
están
en
la
‘primera
línea’
de
las
preocupaciones
jurídicas
cotidianas
de
los
ciudadanos’.
Por
su
parte,
el
director
del
curso
–el
notario
José
Luis
Espinosa-
manifestó
el
interés
despertado
por
esta
rama
del
Derecho
Civil,
generado
“por
la
nueva
realidad
y
los
recientes
cambios
legislativos”.
Por
parte
de
la
UIMP
participó
en
la
inauguración
su
secretario
general,
Álvaro
Gutiérrez
Berlinches.
Protección
jurídica
de
las
personas
vulnerables
La
catedrática
de
Derecho
Civil,
María
Ángeles
Parra,
analizó
en
su
intervención
los
diferentes
mecanismos
jurídicos
de
protección
patrimonial
y
personal
de
los
colectivos
más
vulnerables
–especialmente,
mayores-.
Para
la
civilista
“debe
evitarse
la
‘infantilización’
jurídica
actual
de
las
personas
con
discapacidad.
Ellos
deben
ser
los
que
deciden
sobre
su
futuro
y
debemos
respetar
su
autonomía
de
la
voluntad”.
Parra
señaló
que
“figuras
como
la
autotutela
y
los
poderes
preventivos
ante
notario
son
medidas
que
permiten
proteger
a
los
mayores
de
abusos
de
terceros.
Ambas
responden
a la
idea
de
confiar
la
protección
futura
en
alguien
cercano.
El
notario
Manuel
Ángel
Martínez
coincidió
con
Parra
en
que
“no
es
necesaria
la
incapacitación
judicial
vigente
en
la
actualidad
para
proteger
a la
persona”.
Según
Martínez
“La
protección
de
los
discapacitados
es
un
deber
público.
Las
fundaciones
tutelares
y el
tercer
sector
son
imprescindibles
para
articular
la
protección
de
las
personas
con
discapacidad,
por
lo
que
se
deben
adecuar
las
posibilidades
de
los
sistemas
públicos
adoptando
similares
medidas.
Por
último,
la
notaria
María
de
los
Reyes
Sánchez
Moreno,
realizó
un
repaso
exhaustivo
por
el
derecho
comparado
exponiendo
el
estado
actual
del
Derecho
de
Familia
en
los
diferentes
ordenamientos
comunitarios.
“Igualdad,
filiación,
adopción,
mediación
familiar,
regulación
de
parejas
de
hecho
y
técnicas
de
reproducción
asistida
son
los
grandes
protagonistas
de
este
proceso
de
cambio
que
se
ha
iniciado
ya
en
todos
los
Estados,
aunque
de
manera
desigual;
por
ejemplo
no
hay
unanimidad
en
la
regulación
de
las
parejas
de
hecho
y el
matrimonio
homosexual
en
países
donde
el
aspecto
religioso
es
importante”.
Estadísticas
notariales
La
realidad
diaria
de
la
casi
3.000
notarías
españolas
existentes,
repartidas
por
el
país,
muestra
que
entre
enero
de
2007
y
mayo
de
2015
más
de
322.000
parejas
han
realizado
capitulaciones
matrimoniales
de
separación
de
bienes
(152.000
antes
de
casarse
y
170.000
después)
y
que
casi
33.000
se
han
declarado
parejas
de
hecho
ante
notario
para
protegerse
económica
y
jurídicamente.
Las
estadísticas
notariales
también
muestran
la
preocupación
de
los
españoles
por
dejar
dicho
cómo
quieren
ser
atendidos
y
por
quién
o
cómo
y
quién
desean
que
administre
su
patrimonio
en
previsión
de
desarrollar
una
enfermedad
que
les
impida
manifestar
su
voluntad,
así
como
si
desean
o no
que
se
les
prolongue
la
vida
artificialmente.
Prueba
de
ello
es
que
en
este
mismo
periodo,
en
las
notarías
se
han
constituido
más
de
34.000
voluntades
anticipadas
(‘testamentos
vitales’);
más
de
19.000
autotutelas
(designación
de
un
tutor),
y
más
de
13.000
poderes
preventivos
(designación
de
una
persona
para
que
actúe
en
nuestro
nombre
en
caso
de
incapacidad).
Aunque
las
cifras
sean
bajas
en
términos
cuantitativos,
el
cambio
de
tendencia
en
estos
casi
siete
años
y
medio
es
muy
alto,
superior
al
730%
en
los
poderes
preventivos,
del
135%
en
las
autotutelas
y
del
117%
en
voluntades
anticipadas,
lo
que
es
una
muestra
evidente
de
que
los
españoles
empiezan
a
tomar
conciencia
de
esta
problemática.
Dirigido
por
el
notario
José
Luis
Espinosa
de
Soto
–con
el
también
notario
Luis
Hernández
Lavado,
como
secretario-,
este
seminario
será
clausurado
por
el
presidente
del
Consejo
General
del
Notariado,
José
Manuel
García
Collantes.
Contará
con
la
participación
de
catedráticos
(como
María
de
los
Ángeles
Parra,
Mónica
Guzmán
y
Lorenzo
Prats);
notarios
(Manuel
Ángel
Martínez,
Ignacio
Solís,
Víctor
Garrido,
Federico
García
Cantero
y
José
María
Navarro),
y
magistrados
(José
Luis
Seoane
y,
Francisco
Marín
Castán). |
